15 de junio, el día en que el Ibex se hizo socialista
Algo ha cambiado respecto de la última crisis. El Ibex ya no pide bajar salarios o reducir ya el déficit público. Ahora se piden estímulos públicos. Hay que salvar la demanda interna
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Cuando a primeros de 2017, el Consejo Empresarial de la Competitividad —el 'lobby' creado por César Alierta— echó el cierre, nadie podía imaginar que apenas tres años después la gran empresa fuera a necesitar fabricar otro mecanismo de influencia en las políticas públicas.
Este lunes se ha presentado en sociedad, aunque con un formato extraño en coherencia con los tiempos que se viven. Los barandas del Ibex ya no necesitan ir a la Moncloa para presionar al presidente del Gobierno de turno, como en tiempos del expresidente de Telefónica, sino que lo hacen por videoconferencia convocados por la CEOE de Garamendi, lo cual tiene una ventaja: sabemos lo que dicen. Otra cosa es que se sepa lo que piensan.
En todo caso, fruto de esa transparencia, ahora es pública la enorme transformación que ha sufrido la gran empresa española, que en línea con lo que sucede en los países más avanzados de la UE, reclama ahora la participación activa del Estado en la cosa pública a través de los distintos paquetes de estímulo aprobados, tanto en Europa como en España.
Esta es, de hecho, la principal novedad de esta crisis. Si en la anterior el sector público era el enemigo a batir, se trataba de recortar el gasto y de liquidar las políticas monetarias expansivas que habían cebado la burbuja inmobiliaria, ahora el Ibex está convencido de que las políticas públicas son esenciales para salir del agujero.
Ana Botín incluso habla de crear instituciones, como en la época del segundo Roosevelt, para atender las diferentes demandas sociales
Pablo Isla, por ejemplo, ha dejado bien claro este 15 de junio que no es el momento ni de "retirar" ni de "descafeinar" los ERTE, que cuestan mucho dinero al Estado; ni tampoco los avales públicos que sirven para sostener a las empresas y autónomos. Mientras que Ana Botín no solo respalda lo hecho hasta ahora, sino que, incluso, habla de crear instituciones, como en la época del segundo Roosevelt, para atender las demandas sociales. Por ejemplo, para que el Estado avale la compra de viviendas por los jóvenes en el marco de un gran plan estatal.
Goirigolzarri, en la misma línea, lo que reclama es que los poderes públicos mejoren la empleabilidad de los trabajadores invirtiendo en educación y formación. Ni siquiera el Ingreso Mínimo Vital, una política pública por excelencia, como dijo Torres Vila, causa ya inquietud en el mundo empresarial. Y todo ello, en el marco del diálogo social, algo que nadie reivindicaba en 2012 cuando se aprobó la reforma laboral al margen de los sindicatos. Ahora, por el contrario, como ha dicho Sánchez Galán, lo prioritario es crear "empleo estable y de calidad". Ni siquiera los salarios, a tenor de lo escuchado, son ya un problema, como sucedió en la anterior crisis, cuando se hablaba de devaluaciones internas para competir.
Salir del atolladero
No es que los jefes del Ibex se hayan hecho socialistas o sean, en realidad, submarinos del PSOE, es que las especiales características de esta crisis han obligado a los empresarios —que quieren beneficiarse legítimamente de los fondos europeos y de las políticas de estímulo— a dejar a un lado planteamientos ideológicos que corresponden a otra época. De lo que se trata ahora es de hacer crecer la demanda interna, ya que de otra manera sus negocios se hundirán. Y solo el Estado, con sus políticas de incentivación de la economía, puede ahora sacar al país del atolladero.
Y es por eso por lo que en el cónclave empresarial de este lunes —"Hay que huir de dogmatismos", ha dicho el presidente de Inditex— nadie haya reclamado una vuelta temprana a las recetas del pasado, lo cual es una auténtica novedad. Ni siquiera ajustes fiscales, pese a que el déficit se ha disparado, como se hacía hace una decena de años, sino mayor eficiencia en el gasto público, que no es lo mismo, aunque para algunos sea idéntico. También seguridad jurídica —un "país fiable", en palabras de Francisco Reynés— para proteger a las decisiones empresariales o reformas "inclusivas y sostenibles", como ha reivindicado Ana Botín, y que se parece mucho al latiguillo preferido de la ministra Montero: "No vamos a dejar atrás a nadie".
¿Rebajas fiscales?
Pedro Sánchez, sin embargo, tiene motivos para preocuparse. La cumbre de la CEOE, que durará en sucesivas entregas hasta el 25 de junio, es el primer aviso serio al Gobierno de que los empresarios están dispuestos a movilizarse. Es decir, no van a estar callados como hasta ahora, siendo convidados de piedra mientras Moncloa gobernaba a golpe de real decreto-ley. Entre otras cosas porque, incluso, su relación con el Partido Popular de Casado, cuyo equipo económico es hoy un misterio, es manifiestamente mejorable. Si antes el PP canalizaba las reivindicaciones empresariales, hoy se ha quedado sin campo de juego, porque son los empresarios quienes reclaman ahora, paradójicamente, y ante una situación excepcional, mayor participación de los poderes públicos en la reactivación del país. Ni siquiera se piden rebajas fiscales (salvo Sánchez Galán), que es lo que solía capitalizar el PP en otro tiempo.
El primer aviso de que algo se estaba moviendo en la gran empresa se hizo visible después de que PSOE, UP y Bildu pactaran la derogación íntegra de la reforma laboral de Fátima Báñez, ahora integrada en la cúpula de CEOE, y la intensidad del segundo aviso se conocerá en los próximos días, cuando se sepa qué sucederá con los ERTE después del 30 de junio, que es cuando formalmente se inicia la desescalada presupuestaria.
Sánchez tendrá que seguir gobernando con Unidas Podemos y, al mismo tiempo, mirar de reojo a empresas que facturan más de la mitad del PIB
El hecho de que la patronal y, en particular, la gran empresa, se movilice no es irrelevante en términos políticos. Significa que Sánchez tendrá que hacer posible seguir gobernando con Unidas Podemos y, al mismo tiempo, mirar de reojo a empresas que facturan más de la mitad del PIB de España, y que ahora sufren la brutal caída de la demanda interna. Tanto a causa del hundimiento del consumo privado como del derrumbe de la inversión pública, cuyo desplome afecta a grandes constructoras o a empresas de servicio que se han quedado sin carga de trabajo.
Este juego entre lo público y lo privado marcará la política española en los próximos años. Los empresarios aceptan un mayor papel del Estado en la economía, pero, a cambio, reclaman que no se toque lo que funciona y que no se intente hacer la revolución en medio de una guerra. Es decir, que el sector público ahogue la iniciativa empresarial. En el equilibrio puede estar la virtud.
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