Madrid y su incipiente nacionalismo rampante
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Carlos Sánchez

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Madrid y su incipiente nacionalismo rampante

Madrid ya no es solo la capital política, también la económica y la cultural. Su ascenso, sobre todo si se hace en clave de reivindicación territorial, tendrá consecuencias

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Foto: Sergio Beleña

La cantonalización de la política española no es nueva. Algunos autores han situado el origen de las batallas identitarias en la primera generación liberal de las Cortes gaditanas por oposición al absolutismo. Lo que se reivindicaban entonces eran las 'libertades antiguas' de la Monarquía hispánica, con sus fronteras interiores, cercenadas en favor de un nuevo centralismo que era, además, absolutista. El nacionalismo, sin embargo, no iba a prender hasta muchas décadas después.

Desde un planteamiento ideológico completamente distinto, hay quien también lo ha situado en el segundo tercio del siglo XIX, cuando las primeras guerras carlistas incorporaron un factor territorial. De hecho, hay quien vincula el origen del nacionalismo catalán al carlismo, que se hizo fuerte en la Cataluña profunda, eminentemente rural, que se protegía del empuje de la nueva burguesía industrial.

La dictadura franquista impuso un estado jacobino en el plano político e institucional, pero no en el económico. Hubo descentralización.

El siglo XX, sin embargo, fue el siglo de los nacionalismos y del auge de las reivindicaciones territoriales. Probablemente, por las históricas dificultades de España para construir su estado-nación debido a su incapacidad para integrar a las nuevas clases sociales que emergieron al calor del progreso económico derivado de los avances técnicos. No es casualidad, de hecho, que el nacionalismo prendiera con mayor fuerza en Cataluña y País Vasco, donde la nueva burguesía buscaba acrecentar su poder frente a ‘Madrid’, cuya fuerza siempre ha estado ligada a que era la sede de la Corte, no tanto por su potencia económica o, incluso, demográfica.

La dictadura, como se sabe, liquidó cualquier tentación secesionista imponiendo un estado jacobino en el plano político e institucional, pero no en el económico. En contra de lo que suele creerse, el franquismo, a través del Instituto Nacional de Industria (INI), articuló el desarrollo industrial del país (astilleros, siderurgia, refino o electricidad) de una manera muy descentralizada, algo que aparentemente chocaba con el estado unitario que proclamaba el régimen.

La industrialización del país, ya desde los años 40, se repartió entre Asturias, País Vasco, Cataluña o Andalucía, donde la vieja Construcciones Aeronáuticas (CASA) –con la Alemania de Hitler como socio industrial– abrió un centro de producción de aviones en Tablada (Sevilla), además de contar con importantes polos de desarrollo en Huelva o la bahía de Cádiz.

Convergencia y divergencia

Las nuevas fábricas de automóviles, igualmente, se repartieron por Castilla y León, Galicia, Cataluña, Aragón, Navarra o la Comunidad Valenciana, ya en las postrimerías del franquismo. Eso explica que la convergencia entre regiones entre 1955 y 1973 (como acredita –página 302– el 'Plan de recuperación' enviado a Bruselas) fuera el más rápido del siglo, por encima del periodo 1974 y 2007. Justo lo contrario que ha ocurrido entre 2008 y 2018, periodo de clara divergencia entre territorios.

El INI, de hecho, articuló industrialmente a España, como refleja el mapa de sus instalaciones, de una forma bastante equilibrada aprovechando en unas ocasiones los recursos naturales. Otras veces, la localización industrial perseguía sacar de la miseria a territorios devastados por la guerra. Las posiciones de privilegio del País Vasco o de Cataluña, de hecho, son anteriores al franquismo, y hay que relacionarlas con el caciquismo y con lo que hoy se llamarían élites extractivas de la Restauración.

La demografía, que casi siempre es una buena pista para conocer la capacidad de influencia de los territorios, muestra que en 1960, a la salida de la autarquía, la provincia de Madrid contaba con 2,60 millones de habitantes, por debajo de Barcelona (2,87 millones). Hoy, por el contrario, la Comunidad de Madrid tiene un millón de habitantes más que la provincia de Barcelona.

El factor diferencial de España respecto de los países de su entorno no es su economía, ni sus instituciones, sino el nacionalismo

Este es relevante porque por primera vez en la España contemporánea, Madrid (ese poblachón manchego del que hablaba Mesonero Romanos) concentra no solo el poder político, que es consustancial a la capitalidad en la mayoría de los países, sino que, además, se ha erigido en las últimas décadas como el centro económico y demográfico del país, lo que unido a su potencia cultural introduce un factor de desequilibrio en una España que constitucionalmente está obligada a buscar la cohesión territorial. Entre otras cosas, porque, como han puesto de relieve muchos autores, el verdadero factor diferencial de España respecto de los países de su entorno no es su economía, ni sus instituciones políticas, sino el nacionalismo, sin parangón en la Unión Europea, lo que explica que ni siquiera, a estas alturas del siglo, el país haya sido capaz de construir una historia comúnmente compartida.

Ese mismo nacionalismo que, lejos de circunscribirse a su geografía natural, ha tenido, y tiene, una enorme influencia sobre el resto de territorios. Hasta el punto, como señaló felizmente Javier Pradera, que el país vive desde 1979 una carrera en la que los nacionalistas catalanes y vascos ejercen de liebre, mientras que la tortuga son el resto de territorios que buscan antes o después alcanzar los mismos techos competenciales. Unos dicen a las claras lo que quieren conseguir, pero otros no están dispuestos a quedarse atrás, aunque vayan más lentos, lo que a larga genera enormes e infructuosas tensiones. Entre otras razones, porque el constituyente, al contrario de lo que es consustancial al estado federal, dispuso en su día un sistema de distribución de competencias tan abierto que es el origen de muchos conflictos.

El poder de Madrid

Madrid se ha sumado a la carrera y hoy su presidenta, con muchas probabilidades de continuar en el cargo, ha articulado su campaña en torno a la idea de que Madrid no solo es un sujeto histórico, sino también político, lo cual introduce en el debate territorial un salto cualitativo de máxima importancia. Entre otros motivos, porque Madrid, como se ha dicho, no solo es la capital política, sino la principal potencia económica y puerta de entrada de la inversión extranjera, lo que la hace singular y le concede un poder extraordinario. Nunca antes había ocurrido algo así en la historia de España.

Es evidente que en la posición de Díaz Ayuso hay una estrategia electoral, y por eso no hay que darle mayor importancia. Pasará mucho tiempo, si llega el día, hasta que Madrid dé la batalla identitaria. Y ni siquiera la presidenta madrileña, que ha hecho una campaña castiza, y que ha dicho que su mensaje es “para toda España”, se lo cree o lo desea. De hecho, su principal escollo para dar el salto a la política nacional es la oposición de los otros barones del PP a dar más atributos a Madrid, como ya les ocurrió a Aguirre y Ruiz-Gallardón.

Lo relevante es que –independientemente de quién gobierne tras el 4-M– Madrid puede suponer un factor de desequilibrio territorial, lo cual no es gratis en un país que históricamente se ha descosido por sus fronteras interiores. Unas veces físicas y otras ideológicas, o por ambas, pero que han arruinado la convivencia.

Las elecciones son menos importantes que la cuestión de fondo, que es saber las consecuencias del creciente peso de Madrid

Las elecciones, de hecho, son menos importantes que la cuestión de fondo, que no es otra que conocer las consecuencias del creciente peso de Madrid en todos los ámbitos (independientemente de las causas que lo ha provocado). Y si eso puede favorecer una nueva ronda de agravios comparativos, tan habituales en la historia de España.

No es un asunto menor en un país complejo territorialmente con enorme facilidad para el victimismo en un contexto en el que la salida de la crisis va a ser muy desigual, no solo entre las grandes regiones económicas (China, EEUU y Europa), sino entre comunidades autónomas, lo que obligará al Estado a diseñar políticas de convergencia y cohesión territorial. Básicamente, en la prestación de servicios públicos para procurar la igualdad de oportunidades, como ha identificado el 'Plan de recuperación' enviado este viernes a Bruselas.

No hay que olvidar, como reconoce el propio plan, que la convergencia entre las regiones españolas, en lugar de aumentar, se ha reducido en las últimas décadas, llegando incluso a experimentar periodos de divergencia tras la última crisis económica. Y eso mismo, desgraciadamente, ocurrirá en la crisis actual. Unas regiones saldrán más rápidamente y otras lo harán de forma más lenta, lo que explica que si no se gestiona de forma cabal es probable que se convierta en una bomba de relojería en un país acostumbrado a echar gasolina al fuego. Y Madrid debería saberlo para no atizar la chimenea más de lo debido.

La cantonalización de la política española no es nueva. Algunos autores han situado el origen de las batallas identitarias en la primera generación liberal de las Cortes gaditanas por oposición al absolutismo. Lo que se reivindicaban entonces eran las 'libertades antiguas' de la Monarquía hispánica, con sus fronteras interiores, cercenadas en favor de un nuevo centralismo que era, además, absolutista. El nacionalismo, sin embargo, no iba a prender hasta muchas décadas después.

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