Cuando el recibo de la luz forma parte del casino eléctrico

La salida del Gran Confinamiento, como lo llamó el FMI, está generando tensiones no previstas. Se podría hablar, incluso, de que en muchas economías avanzadas se han abierto nuevos escenarios impensables antes de la pandemia, cuando se tomaron decisiones que ahora aparecen como contraproducentes. Incluso, nocivas en el sentido que da a este adjetivo la RAE: pernicioso.

No porque estuvieran mal intencionadas cuando se adoptaron, todo lo contrario, sino porque ahora son un lastre para la recuperación. Y lo que es más significativo, alimentan el ensanchamiento de la desigualdad. En particular, las clases medias, que son quienes soportan la mayor parte de la presión fiscal y el incremento de la inflación.

La más evidente es la creación de un mercado de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que hoy contribuye, en buena medida, al crecimiento de los precios a través del recibo de la luz.

Este mercado se creó en 2005 bajo el principio de 'quien contamina, paga', y es una de las piezas clave en la lucha de la UE contra el cambio climático. Desde su creación, ha funcionado razonablemente bien, al asignar un valor económico a los derechos de emisión, con lo que se consigue que las industrias más contaminantes (con diferencias las compañías eléctricas con instalaciones de ciclo combinado) tengan un incentivo para recortar sus emisiones. Si contaminan menos, pueden vender sus derechos.

El valor de los derechos de emisión se ha multiplicado casi por 10. Ha pasado de 5,6 euros por tonelada de CO₂ a 50,2 en solo cuatro años

Puede servir como ejemplo de su buen funcionamiento que entre 2005 y 2018 se ha mostrado bastante estable y ha logrado su objetivo: frenar el cambio climático. Sus ingresos, que deben destinarse a la eficiencia energética, no son nada despreciables: 57.000 millones de euros entre 2012 y el primer semestre de 2020.

Desde hace algún tiempo, sin embargo, se ha mostrado como un mercado claramente especulativo que cada vez tiene menos que ver con su subyacente, que son los precios de las energías fósiles. En los últimos cuatro años, de hecho, el valor de los derechos de emisión se ha multiplicado por 10. Ha pasado de 5,6 euros por tonelada de CO₂ lanzado a la atmósfera a 50,2 euros el pasado viernes, lo que convierte a ese mercado en uno de los más singulares, toda vez que su evolución no solo afecta a quienes operan en él, como sucede en el mercado de bonos o la Bolsa, sino a quienes no participan directamente, pero que son los perjudicados.

Beneficios caídos del cielo

Esto es así porque las compañías eléctricas incorporan el precio de los derechos de emisión de CO₂ en los costes de generación, incluso si esos derechos han sido asignados por los gobiernos de manera gratuita, toda vez que consideran el coste de oportunidad de dichos derechos. Incluso, aunque no emitan, como sucede con los famosos 'beneficios caídos del cielo' que el Gobierno quiere empezar a limitar mediante la aprobación del anteproyecto de ley para compartir el beneficio del coste del Co2, cuya tramitación parlamentaria será lenta, y que prevé un calendario de adaptación de cinco años.

Se trata de un mercado tan particular, claramente especulativo, que los fondos de cobertura ('hedge fund') han puestos sus ojos en él, también la banca de inversión u otros operadores habituales en los mercados financieros, que han acabado por convertir la compraventa de derechos de emisión en una especie de casino. Algunos especialistas ya barajan la idea de que en un futuro no muy lejano los derechos coticen en cifras de tres dígitos.

Lo que está sucediendo es muy simple. En un contexto de bajos tipos de interés los 'brokers' buscan rentabilidad en los mercados alternativos y, por supuesto, se cubren de los incrementos de inflación no previstos. Las subastas se celebran en una plataforma denominada EEX en la que participan 25 países y comenzó a operar hace 20 años en Leipzig (Alemania). Inicialmente, se trató de un mercado en el que se intercambiaba electricidad local. Hoy es el primero del mundo y aunque pueda parecer extraño sus cotizaciones influyen sobre la renta disponible de las familias a través del recibo de la luz. No es de extrañar que el número de operadores en la plataforma no deje de crecer, 86 en 2019, de los que el 20% son sociedades de inversión y entidades de crédito.

Los consumidores observan con preocupación cómo se encarece la cesta de la compra. Algo tan básico como la luz es ahora un activo financiero

En España, también conviene saberlo, los principales accionistas de OMIE, el operador del mercado eléctrico, son sectores no energéticos, principalmente bancos, mientras que solo el 40% son compañías eléctricas.

El resultado es que los consumidores, sin haber cambiado sus hábitos de consumo, observan con preocupación cómo se encarece la cesta de la compra porque en buena medida algo tan básico como la electricidad se ha convertido en un activo financiero, como sucedió antes de 2008, cuando se creó una formidable burbuja porque los bancos descubrieron que empaquetando hipotecas (sin saber lo que había dentro) podían ganar mucho dinero. Los famosos CDO puestos en circulación por el 'broker' Lewis Rianieri en los años 70 son el origen de las no menos célebres hipotecas 'subprime'.

Una espiral inflacionista

Ni que decir tiene que cuando sube la luz, también lo hacen otros productos de primera necesidad. Los precios, como se sabe, se proyectan no solo sobre multitud de bienes de consumo, sino también sobre la mayor inversión que hacen las familias a lo largo de su vida, una vivienda. Al aumentar los costes, lógicamente, se encarece el mercado inmobiliario.

De forma intuitiva, se puede pensar que la inflación afecta a todos por igual, rentas altas o bajas, pero no así. Hay evidencias más que suficientes que han acreditado que la propensión al consumo de las familias de menores ingresos es muy superior a la de los hogares de mayores ingresos. No porque sean más derrochonas, sino porque al ser sus recursos más escasos, deben destinar prácticamente todos sus ingresos a consumir. Precisamente, muchos de los productos que se ven afectados por el encarecimiento de la luz debido al mercado de derechos de emisión.

Es por eso por lo que la inflación se considera no solo un problema para determinadas economías que pierden competitividad (lo sucedido en la década anterior al pinchazo de la burbuja inmobiliaria es un buen ejemplo), sino que también es letal para las familias que no pueden protegerse del alza de los precios. En particular, los asalariados, cuyos ingresos están determinados por la productividad. Pero también por su poder de negociación en las empresas, cada vez más pequeño por el debilitamiento de los sindicatos. O por lo que los economistas llaman holgura del mercado laboral, que el ejército de reserva que existe en un país para cubrir determinados empleos a cualquier precio. Como hay mucho desempleo, los asalariados (también los autónomos) no tienen capacidad de presión para imponer sus condiciones laborales.

Esto hace que la inflación, como entendieron hace mucho tiempo los alemanes, sea el gran enemigo de los trabajadores. Claro está, salvo que los asalariados fueran capaces de imponer sus condiciones laborales, que no es el caso. Obviamente, siempre dentro de un rango razonable, y que el BCE ha situado en el 2% tras su última revisión. Tan mala es una inflación del 4% como otra del 0%.

Se ha optado por un mercado especulativo que empobrece a quien no puede protegerse del IPC: pensionistas, trabajadores o ahorradores

No solo pierden los asalariados con la inflación, también los ahorradores, que ven cómo parte de su dinero se filtra por el desagüe del IPC. Un ejemplo. Teniendo en cuenta que los precios han subido un 2,7% en los últimos doce meses, eso significa que por cada 10.000 euros que un ahorrador tenga en el banco, pierde 270 euros al año. Como se ve, un ruinoso negocio.

Cuando se desataron intensos procesos inflacionistas en los años 70, tras los dos choques petrolíferos, lo que se hizo fue endurecer la política monetaria, la llamada 'era Volcker', que suponía meter en cintura el desbordamiento de los precios, que es un fenómeno estrictamente monetario, aunque en los últimos años esta verdad se ha cuestionado por la aparición de fenómenos estructurales, como son la globalización, los avances tecnológicos o, incluso, el envejecimiento, que son claramente desinflacionistas.

Un mercado especulativo

Es decir, se atajaron las causas, algo que no está sucediendo ahora. No existe un debate integral sobre cómo repartir los costes, sin duda necesarios, de la lucha contra el cambio climático. En su lugar, se ha optado por un sistema basado en la creación de un mercado de CO₂, claramente especulativo, que empobrece a quien no puede protegerse de la inflación (pensionistas, trabajadores de bajos ingresos o ahorradores). Y que beneficia, por el contrario, al sector más contaminante.

Como ha denunciado el Tribunal de Cuentas, incluso lo que obtiene Hacienda de la subasta de derechos de emisión, se utiliza para garantizar una determinada rentabilidad a las renovables, en lugar de usarlo para fomentar el uso de energías limpias. Parece obvio que si el Gobierno quiere fomentar el uso de energías renovables, que la remuneración se pague con impuestos, pero no a cargo del recibo de la luz, cuyo peso en una economía doméstica es mayor que en las de mayor tamaño.

Quienes protestan en Francia, Países Bajos o España no son latifundistas. Son obreros que ven que la factura del cambio climático la pagan ellos

El debate de fondo, en todo caso, no tiene que ver solo con la factura eléctrica, sino con quién paga los costes de la lucha contra el cambio climático. De hecho, no hace falta recordar que los chalecos amarillos en Francia surgieron por el alza de los combustibles. También en Países Bajos, miles de agricultores salieron a las carreteras con sus tractores porque la transición ecológica les suponía la ruina. En España, inmediatamente antes de la pandemia, también los agricultores salieron a la calle para protestar por su situación, pero el estado de alarma acabó con aquellas movilizaciones.

Los que protestaban en Francia, Países Bajos o España no eran latifundistas ni ricos herederos. Eran trabajadores que sienten que la factura del cambio climático la pagan ellos. Como los transportistas o los conductores de taxi, cuya capacidad para trasladar a sus clientes el alza de los costes es casi nulo en mercados muy competitivos. Y en los que las grandes empresas tienen la sartén por el mango gracias a su poder de negociación. Por ejemplo, la gran distribución, que puede repercutir en sus precios el aumento de costes, algo que no pueden hacer sus proveedores.

Conviene tenerlo en cuenta en un escenario en el que el precio del CO₂ seguirá subiendo en los próximos años en la medida que Bruselas ha acelerado su política medioambiental, hasta conseguir que 2030 haya reducido al menos un 55% las emisiones respecto de los niveles de 1990. ¿Quién pagará la factura?