¿Pablo Isla presidente? El falso prestigio de la tecnocracia

El prestigio de la tecnocracia ha ganado muchos enteros en los últimos años en el mercado de las ideas. Incluso, en los sistemas democráticos. Sin embargo, no ha sido siempre así. Históricamente, el recurso a la tecnocracia, es decir, al gobierno de quienes se supone mejor formados para tomar determinadas decisiones, ha sido más propio de dictaduras para así poder justificar su existencia. Con la excusa de salvaguardar el bien común, se ha optado por diseñar un modelo tecnocrático despojado (supuestamente) de ideología.

La dictadura de Primo de Rivera, el último franquismo y los golpistas que sembraron el terror en Latinoamérica en los años 70 son el mejor ejemplo de ese doble papel que se introducía en el sistema político. Muchas veces, incluso, echando mano de un latiguillo que se podía oír durante en la España de la dictadura: "La sociedad no está preparada para la democracia", como si el gobierno del pueblo fuera una concesión otorgada por los poderes fácticos. El dictador de turno debía decidir cuándo el pueblo era mayor de edad para emanciparse de la tutela.

La explosión de los sistemas democráticos en las últimas décadas —nunca ha habido tantas democracias en el planeta, al menos formalmente— hizo retroceder el peso de los tecnócratas. Sin embargo, todo indica que algo está cambiando. Lo singular ahora es la recuperación de esa idea del Gobierno neutro en aras de ser más eficientes en el plano económico, y que necesariamente recuerda a lo que sostenía Vázquez de Mella, uno de los personajes más reaccionarios de la España de la Restauración, quien hablaba del parlamentarismo como una "tertulia de políticos".

La crisis ha reavivado la idea de la tecnocracia, y hoy es habitual escuchar en gente influyente: 'Ojalá España tuviera a un Draghi'

El camino, como se sabe, lo inició Italia cuando las cámaras eligieron a Mario Monti como presidente del Consejo de Ministros. El excomisario europeo fue la solución de emergencia en un país perdido política y económicamente, que, incluso, llegó a coquetear con la salida del euro. Aunque la situación no es tan dramática como la de 2011 (cuando Monti aterrizó en el palacio Chigi), la llegada de Mario Draghi hace ahora casi un año ha consolidado la idea de que para ser primer ministro no hace falta ganar las elecciones o construir una mayoría parlamentaria. En España, incluso, se llegó a barajar esta idea en algún momento ante el colapso del sistema de partidos (cuatro elecciones generales entre 2015 y 2019).

Medio en serio y medio en broma

La crisis económica derivada del covid ha reavivado la idea de la tecnocracia, y hoy es habitual escuchar en charlas con gente relevante y con cierta capacidad de influencia: 'Ojalá España tuviera a un Draghi'. Muchos empresarios en privado —nadie se atreve a reclamarlo en público— lo reivindican porque piensan de forma honesta que el país está mal gobernado y que lo que hace falta es alguien que venga de fuera no contaminado por el sistema político. El disparate ha tocado techo cuando medio en serio y medio en broma se ha sugerido que Pablo Isla o cualquiera de sus pares dé un paso al frente integrándose en un Gobierno de tecnócratas, como los que hicieron el Plan de Estabilización de 1959. Hasta este extremo ha llegado la incapacidad de los partidos para pactar y poner al día la arquitectura institucional de Estado, que empieza a amenazar de ruina sistémica.

Más allá de que el planteamiento es un absurdo democrático, no se puede hablar de democracia plena cuando el pueblo no elige a sus representantes, aunque lo legitime el parlamento de turno, como en el caso de Italia, lo relevante es la idea de que la acción de gobierno es eminentemente técnica, y, por lo tanto, son los tecnócratas, cuando las cosas están difíciles, quienes deben decidir el futuro del país.

La idea, intelectualmente, es atractiva, y, de hecho, es la que subyace en países como China, donde las autoridades comunistas hacen prevalecer la eficiencia (sacar de la pobreza a millones de chinos) frente a la democracia. Como si existiera un antagonismo entre democracia y eficiencia a la hora de gobernar. Hasta los países del grupo de Visegrado, en particular Hungría y Polonia, presumen de que son más eficientes a la hora de luchar contra la inmigración y garantizar la seguridad en las calles.

La presidenta Ursula von der Leyen se enfrentó en su día a esta falsa dicotomía, y cuando fue elegida proclamó de forma solemne que la nueva Comisión Europea sería, sobre todo, política. El órgano burocrático y administrativo de la UE pasaba al ataque para hacer política.

Fue una decisión avalada por fundamentos económicos, pero el resultado fue tan negativo que Europa no ha hecho caso a sus tecnócratas

No está muy claro qué quería decir Von der Leyen más allá de una obviedad. Toda decisión que afecta a los ciudadanos tiene trascendencia pública porque el hombre, en el sentido aristotélico del término, es un animal político. No en vano, gobernar es elegir desde la ideología en el marco de una comunidad y rendir cuentas ante la ciudadanía, aunque para adoptar esas decisiones se eche mano, como no puede ser de otra manera, de análisis técnicos en busca de evidencias. Obviamente, el problema emerge cuando el componente técnico —siempre sometido a revisión— prevalece sobre el estrictamente político, que es lo que sucedió en la anterior crisis económica.

Entonces, y sobre la base de supuestos análisis técnicos formulados por economistas muy solventes y de gran prestigio, Europa —o habría que decir la Alemania de la excanciller Merkel— se equivocó. Hasta el extremo de que el error estuvo a punto de hacer naufragar el euro.

La clave de bóveda

Por entonces se decía, acuérdense, de que había evidencia de que los recortes podrían ser expansivos gracias a unos supuestos multiplicadores fiscales que habrían de alentar el crecimiento económico. O que la devaluación salarial era la solución a los problemas de competitividad sin fijarse apenas en la productividad, que es la clave de bóveda del crecimiento. O en la calidad del sistema institucional.

El castillo de naipes se vino abajo, aunque ya el mal estaba hecho, cuando el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, admitió que las previsiones del propio Fondo subestimaron de forma significativa el efecto de los ajustes sobre el empleo, el consumo privado y la inversión. Y tuvo que ser el propio Draghi quien sacó a Europa de su error forzando los tratados con su célebre "haré todo lo necesario…". La monetización del déficit, que en el fondo es lo que se hace con políticas monetarias ultraexpansivas para abaratar la deuda, era sacrilegio, pero hoy no hay banco central que no inunde de liquidez las cañerías del sistema económico con el visto bueno de los tribunales europeos. Falló la tecnocracia, pero también el espacio de lo público. Lo que se hizo fue enviar a la troika, que era una especie de verdad revelada en lo económico, pero que en realidad era una respuesta ideológica.

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Aquella fue una decisión avalada por fundamentos económicos, pero el resultado fue tan negativo que en la actual crisis Europa no ha querido hacer caso a sus tecnócratas. Tanto la Comisión como el BCE han apostado claramente por la expansión fiscal y monetaria. Pero no solo por razones técnicas, que evidentemente existen, sino, sobre todo, políticas en lo que tiene de arrojo para dar la vuelta a una situación que podía haberse llevado por delante el bien más preciado: el euro. No está de más recordarlo ahora que se discute la actualización de las reglas fiscales en la Unión Europea, creadas al inicio de la unión monetaria para un mundo que ya no existe.

El debate no ha hecho más que empezar, y, de hecho, es probable que se alargue durante buena parte de 2022, pero por lo que se conoce hasta ahora vuelve a plantearse entre dos formas de entender el espacio público en política fiscal. Por un lado, quienes quieren marcar un perímetro estrecho, acotado a reglas estrictas de difícil cumplimiento —España ha incumplido sistemáticamente los objetivos de déficit y no ha pasado nada—, y quienes lo defienden en términos más pragmáticos teniendo en cuenta las circunstancias de cada Estado. Es decir, un planteamiento más político.

El conflicto social

Puede parecer un debate de especialistas sobre algo tan poco atractivo como son las reglas fiscales, pero nada más lejos de la realidad, y ahí están las consecuencias sociales y políticas de la anterior crisis económica: auge de los populismos de derechas e izquierdas o descrédito de la democracia como el mejor sistema para solucionar el conflicto social, que, como no puede ser de otra manera, está en el centro de la construcción de la polis.

Cada vez es más evidente que la proliferación de análisis técnicos, sin duda necesarios en sociedades complejas como las nuestras, ha desplazado a la política en su esencia, que es la de configurar una orientación estratégica sobre lo que se pretende hacer. Cómo hizo, por ejemplo, Helmut Kohl en 1990, cuando en plena reunificación de Alemania decidió, en contra de casi todos los tecnócratas de turno, hacer un canje a la par del marco. Es decir, decidió que la devaluada moneda del Este valdría lo mismo que la del poderoso Oeste. Uno por uno.

Lo que ha fracasado, y por eso España pierde comba en el nuevo orden internacional, es el funcionamiento del sistema político

Aquella fue una decisión política, como lo es, por ejemplo, la subida del SMI (por cierto acordada por el nuevo tripartito alemán), la estrategia de lucha contra el cambio climático o el diseño de las políticas sociales, como son, fundamentalmente, la sanidad o la educación.

Es por eso por lo que sorprende la apelación a salidas tecnocráticas cuando el problema es, esencialmente, de naturaleza política. Y no es otro que el alejamiento de las élites de los problemas reales de los ciudadanos, lo que a la postre lleva a confiar a muchos en recetas milagrosas o en políticos salvapatrias parapetados tras una supuesta eficiencia. El experimento, en algunos casos, ha acabado favoreciendo la mano dura de toda la vida, y en otros ha alentado la irrupción de movimientos iliberales que han acabado por desacreditar a la propia democracia con el socorrido 'no había otra alternativa', que es el latiguillo de los sistemas autoritarios.

El hecho de que se confíe más en tecnócratas —muchas veces parapetados tras organismos reguladores a los que cínicamente se les despoja de cualquier intención ideológica— que en políticos profesionales debería hacer pensar sobre la calidad del sistema de representación, que es el fondo del problema.

El error es pensar que el origen de las crisis siempre es estrictamente económico, y por eso se proponen soluciones técnicas. Pero eso es lo mismo que esconder que detrás de las calamidades suele haber malas decisiones políticas y problemas estructurales que no se solucionan colocando un Draghi o un Papademos, aquel exvicepresidente del BCE fugaz primer ministro de Grecia. Lo que ha fracasado, y por eso España pierde comba en el nuevo orden internacional, ahí están los datos de renta per cápita, es el funcionamiento del sistema político para ofrecer soluciones. Mejor un De Gaulle o un Churchill que un Pablo Isla.