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Lo que nadie cuenta sobre las pensiones
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Carlos Sánchez

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Lo que nadie cuenta sobre las pensiones

El debate público sobre las pensiones olvida la cuestión nuclear: los salarios. Tanto por el nivel de los sueldos como por el volumen de empleo

Foto: El ministro José Luis Escrivá, hablando en el Senado. (EFE/Zipi Aragón)
El ministro José Luis Escrivá, hablando en el Senado. (EFE/Zipi Aragón)
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Cuenta Peter Temin en 'Lecciones de la Gran Depresión'* la paradoja que se produjo en los años 30 en EEUU, cuando los empresarios estadounidenses reclamaban altos salarios para sus trabajadores. Los industriales, sostiene Temin, uno de los historiadores económicos más influyentes desde el MIT de Massachusetts, no habían sido nunca tan deflacionistas como los financieros y siempre defendieron que los salarios debían ser altos para estimular la demanda.

Su razonamiento era muy simple: los sueldos altos favorecen una mayor permanencia en el empleo, la adquisición de destrezas laborales y, en definitiva, también la innovación. Temin recuerda que las empresas más volcadas a las nuevas tecnologías y al comercio internacional no intentaron recortar costes mediante la reducción de salarios. Los altos salarios y los bajos aranceles, de hecho, fueron la clave de su éxito, muy al contrario que en Alemania, que optó por hundir los sueldos para lograr el pleno empleo, y es verdad que el nazismo lo logró, aunque, al mismo tiempo, puso cada vez más restricciones al comercio internacional.

Foto: Pedro Sánchez, esta mañana en el acto del PSOE en Getafe. (EFE/Víctor Lerena)

La paradoja que observa Temin es que, con altos salarios, EEUU mejoró su posición en el comercio exterior, lo que a larga favoreció el empleo, mientras que Alemania se fue encerrando en sí misma hasta el inicio de la II Guerra Mundial, con los trágicos resultados que conocemos. Lo que se produjo en EEUU, viene a decir Temin, fue un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la derecha gracias a un aumento de los ingresos de los consumidores, mientras que en Alemania el desplazamiento fue a la izquierda por las restricciones al comercio.

El paraguas legal que impulsó Roosevelt fue la aprobación de la llamada Ley Nacional de Recuperación Industrial (NRA, por sus siglas en inglés), que limitó las horas de trabajo a 40 horas a la semana y elevó los sueldos. Aunque posteriormente la norma fue declarada inconstitucional porque el Gobierno había intervenido de forma activa en el proceso de fijación de los salarios, la sustituyó la llamada Ley Wagner, que favoreció la sindicación y el aumento de los salarios reales.

Sería absurdo pensar que existen paralelismos entre la economía de los años 30 —tras la debacle de Wall Street— y la actual, pero hay razones para pensar que hay factores de demanda comunes. Por ejemplo, el papel que cumplen los salarios en unos momentos complejos desde el punto de vista macroeconómico como consecuencia de una especie de aceleración de la historia: primera pandemia en 100 años, los consiguientes cuellos de botella en la producción al abrigo de una demanda disparada tras la práctica desaparición del coronavirus, y, por último, la guerra en Ucrania y todas sus implicaciones económicas y geopolíticas. Y todo ello en poco más de dos años.

El debate público

En el caso de España, esto es especialmente relevante por sus efectos sobre la Seguridad Social, cuyos problemas suelen centrarse en la cuantía de las prestaciones, lo cual es extraordinariamente relevante, pero a costa de olvidar que la clave de bóveda de un sistema de reparto —los trabajadores en activo pagan las pensiones— además de la demografía son el empleo y su corolario: los salarios. Probablemente, porque también se ha producido un desplazamiento del debate público. En este caso hacia la nada. De estar centrado en el mundo de trabajo —ahí está el contrato social europeo posterior a 1945— se ha pasado a cuestiones identitarias, culturales o ideológicas de baja intensidad y en la mayor parte de los casos irrelevantes, lo que a larga ha oscurecido los asuntos de fondo que sostienen el Estado de bienestar.

La Seguridad Social está amenazada no solo por la longevidad, sino por un sistema que ya no es capaz de proveer suficientes recursos

En este caso, la Seguridad Social, amenazada no solo por la mayor longevidad, como a menudo se hace ver, sino por un sistema económico que ya no es capaz de proveer de suficientes recursos a amplias franjas de la población, lo que en última instancia también explica el aumento del gasto público. Algo que no tiene nada que ver con guerras generacionales, que siempre es un argumento socorrido para no entrar en lo importante. La culpa es de la generación tapón, se viene a decir, lo cual no deja de ser una patada a la inteligencia que dejaría boquiabierto a Marx y su lucha de clases. Es decir, el conflicto entre capital y trabajo, que es lo que ha transformado la realidad desde la primera revolución industrial.

Los salarios son bajos no por culpa de los jubilados, sino porque el sistema, desde luego en España, por falta de reformas de calado y por un grave problema de productividad que a casi nadie importa, no da más de sí, algo que evidencia la pérdida de renta per cápita —lea este texto de Javier Jorrín— en términos relativos que acumula España desde prácticamente la entrada en el euro.

Siempre resulta poético ver, sin embargo, que quienes despotrican del aumento del gasto público no sean capaces de observar sus causas más allá de los tópicos habituales, y que en términos agregados son irrelevantes, aunque muy llamativos para una parte de la opinión pública.

Cohesión social

Lo cierto es que cuando los salarios no llegan es el Estado el que debe salir en auxilio de los ciudadanos para pagar consumos tan elementales como la electricidad y la calefacción, el transporte público, los libros, el cine y hasta la higiene menstrual. Se ha planteado, incluso, que el Estado financie la compra de alimentos básicos o subvencione los tipos de interés, lo cual desplaza el debate público del salario (que es el origen del problema) al papel del Estado en la economía. En ese caso, como si su función fuera solo de carácter asistencial, que también lo es, ya sea subiendo o bajando impuestos.

Y sin duda que lo debe seguir haciendo porque el coste económico de la exclusión social, al margen del drama social y hasta ético que produce la pobreza, es muy superior al de la integración. El problema de fondo, sin embargo, sigue siendo el mismo: el salario, que junto al tiempo de trabajo está en el centro de las relaciones laborales. Cuando esto se obvia, lo que aparecen son sociedades clientelares, con todas las consecuencias políticas que eso representa.

Cabe preguntarse si es razonable que uno de los principales instrumentos de cohesión social deba estar sostenido solo por cotizaciones sociales

La Seguridad Social, por el contrario, no vive de esos debates tan superficiales destinados únicamente a fijar el electorado. Vive, justamente, de encontrar soluciones a un déficit estructural (el que no tiene en cuenta el ciclo económico) que algunos han situado entre el 3% y el 4% del PIB, y con tendencia a ensancharse si no se acometen reformas que no sean solo paramétricas (edad de jubilación o cuántos años hay que tener cuenta para calcular la pensión), sino estructurales. Por ejemplo, cabe preguntarse si es razonable que uno de los principales instrumentos de cohesión social, junto a los impuestos, deba estar sostenido solo por cotizaciones sociales. O si, por el contrario, hay que encontrar nuevas vías de financiación. Por ejemplo, impuestos finalistas a través de una contribución especial o mediante imposición indirecta, como en Dinamarca. Desde luego, no aumentando las cotizaciones de las empresas. Sería un sinsentido que el país con más paro de Europa decidiera penalizar la contratación (hoy las cotizaciones de empresarios están en la media europea).

No es un debate cualquiera a la vista de una realidad incuestionable. Hacer descargar exclusivamente sobre el factor trabajo los costes de las pensiones públicas en un entorno muy competitivo, fruto de la globalización, es lo más parecido a pegarse un tiro en el pie como país, lo que han entendido algunos gobiernos que buscan fuentes de financiación complementarias y/o alternativas.

Bismarck vs. Beveridge

Es por eso por lo que es razonable pensar que las aportaciones del Estado a la Seguridad Social irán creciendo en el tiempo, y no solo para cubrir los llamados gastos impropios del sistema. Entre otras razones, porque las aportaciones públicas para financiar la protección social en España se sitúan todavía, y pese a los últimos incrementos, dos puntos de PIB por debajo de la media. Sin contar la tradicional distancia que tiene España en ingresos por impuestos en relación con la media europea, lo que da mayor margen para lograr reequilibrar el sistema.

Desplazar el debate desde los gastos hacia los ingresos es, precisamente, lo que más ayudaría a mejorar la salud financiera de la Seguridad Social

El riesgo, es evidente, pasa porque la Seguridad Social pierda su carácter contributivo, que es la auténtica fortaleza del sistema, y de ahí que no parezca razonable revalorizar las pensiones para adecuarlas a la inflación en función de la cuantía de las prestaciones (las más altas frente a las más bajas). Básicamente, porque eso sería lo mismo que desmontar el sistema de reparto, basado, como se ha dicho, en la contributividad. O lo que es lo mismo, la cuantía de la pensión está en relación con lo cotizado. También, incluso, en momentos tan complejos como estos en materia de inflación, y que son tan propicios para el catastrofismo en materia de pensiones, como si la economía y los avances tecnológicos (lo que afecta a la productividad) no fueran capaces de encontrar los antídotos más eficaces. Romper la contributividad sería lo mismo que caminar hacia un modelo de pensiones tipo Beveridge, incompatible con el modelo Bismarck, que es el que existe en casi toda Europa.

Desplazar el debate desde los gastos hacia los ingresos es, precisamente, lo que más ayudaría a mejorar la salud financiera de la Seguridad Social. Básicamente, por los cambios demográficos que se han producido en todo el mundo, y que, como no podía ser de otra manera, afectan al sistema bismarckiano de pensiones, pensado para un mundo que ya no existe. Lo que no ha cambiado, desde luego, es la importancia del salario como sustento principal del Estado de bienestar. O dicho de otra manera: más hablar de la transferencia de rentas y menos de cuestiones —digamos— periféricas.

*Peter Temin. 'Lecciones de la Gran Depresión'. Alianza Editorial. 1995.

Cuenta Peter Temin en 'Lecciones de la Gran Depresión'* la paradoja que se produjo en los años 30 en EEUU, cuando los empresarios estadounidenses reclamaban altos salarios para sus trabajadores. Los industriales, sostiene Temin, uno de los historiadores económicos más influyentes desde el MIT de Massachusetts, no habían sido nunca tan deflacionistas como los financieros y siempre defendieron que los salarios debían ser altos para estimular la demanda.

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