"¡Díganme dónde está la injerencia!"

Marlaska convierte su comparecencia en un ejercicio asombroso de escapismo, mientras el Gobierno aspira a salir de la crisis desprestigiando a la jueza y los policías judiciales del caso 8-M

Foto: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (EFE)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (EFE)

Márchese, señor Marlaska. Los diputados del PP asaetearon al ministro del Interior como a un San Sebastián y terminaron evocando el famoso eslogan parlamentario de Aznar contra González. “Márchese, señor...”. Le reprocharon haber traicionado a la Guardia Civil. Y la falta de vergüenza. Le acusaron de haber robado a la democracia. Y de haber triturado la separación de poderes.

Después sobrevino el ardor castrense de Vox en “honor y gloria de la Benemérita”, pero el asedio parlamentario no distrajo la estrategia escapista del ministro. No ya reacio a la dimisión, sino proclive a convertir la crisis de los tricornios en un 'problemilla' administrativo. Ni el incremento salarial a los guardias civiles es una cortina de humo ni los cambios en la cúpula del instituto armado están relacionados con la investigación del 8-M.

“¡Díganme dónde está la injerencia!”, exclamaba Marlaska para resarcirse de la beligerancia del diputado Gil Lázaro (Vox). Le aplaudieron los suyos, pero las ovaciones de la bancada socialista no logran secuestrar las evidencias. La más evidente de todas consiste en que el ministro del Interior tiene delante de sí un rechazo insólito de la Guardia Civil. Inoportuno, porque prevalece el estado de alarma. Y justificado, porque las presiones del Ejecutivo han desquiciado las relaciones.

"¡Díganme dónde está la injerencia!"

Hasta la prensa más afín al Gobierno sostiene que estamos ante la crisis más grave desde los tiempos de Roldán. Y el motivo no es otro precisamente que la injerencia. No sabe dónde está el ministro, pero no resulta tan difícil identificarla. El coronel Pérez de los Cobos fue objeto de presiones para revelar el contenido de la investigación judicial, no ya incurriendo el Ministerio de Interior en un ejercicio de coacción telefónica, sino olvidándose de que los guardias civiles involucrados en las pesquisas únicamente respondían ante la jueza Rodríguez-Medel.

Se les acusa de chapuceros igual que a la magistrada se la acusa de arbitraria por la maniobra disuasoria que aspira a desenfocar el escenario

Es ella ahora el objetivo de la campaña de desprestigio, como los son los propios agentes. Se les acusa de chapuceros igual que a la magistrada se la acusa de arbitraria, entre otras razones por las que la maniobra disuasoria aspira a desenfocar el verdadero escenario de la crisis. O sea, la profanación de la separación de poderes y la 'rebelión' de la Guardia Civil.

Es la perspectiva que relativiza al mismo tiempo el desenlace del proceso judicial. Sería absurdo reclamarle penalmente a José Manuel Franco la responsabilidad de las aglomeraciones y atribuirle al propio delegado del Gobierno una temeraria decisión política cuya envergadura jerárquica solo puede recaer en Sánchez. La Abogacía del Estado ha puesto en entredicho la instrucción con buenos argumentos y llamativas sobreactuaciones, pero la manera de enfatizar los despropósitos de la jueza y de abochornar a los policías judiciales pretende encubrir el escándalo de la injerencia y el malestar de la Guardia Civil, más allá de que Grande-Marlaska pretendiera este miércoles transformarse en el gran Houdini.

La Abogacía del Estado ha puesto en entredicho la instrucción con buenos argumentos y llamativas sobreactuaciones

Benefician al ministro la beligerancia atávica de Vox y el lirismo con que el PP exaltaba el honor mancillado del duque de Ahumada. Le perjudica, en cambio, la lectura infantil que ha utilizado para deshacerse de la polémica. “Remodelación de equipos” es un eufemismo equivalente a la purga, aunque el mayor ejercicio de cinismo no solo consiste en que Grande-Marlaska discrepe de haber represaliado a Pérez de los Cobos. También niega haber leído el informe de la Guardia Civil que ha provocado el escándalo. Y que curiosamente el Gobierno había filtrado a los medios afines.

Llama la atención la constancia y la perseverancia con que el Ejecutivo, puesto a acapararlo todo, ha decidido ocupar a la vez el Gobierno y la oposición. Es el Gobierno quien se autodestruye con el expediente de Bildu y con la gestión de la benemérita crisis. Y es el Gobierno quien coloca en la agenda los errores de los que luego se abastece el debate de la opinión pública y de los que se alimenta vorazmente la oposición ortodoxa.

Consciente de la paradoja, Pablo Iglesias trató ayer de acusar al PP de incitar la insurrección de la Guardia Civil. No estaba claro dónde había encontrado el líder de Podemos la razón de semejante sospecha y la iracundia con que fue expuesta —ni es el Parlamento el mejor lugar para jugar con la memoria de los tricornios—, pero descorazona e indigna mucho más la dulzura y la mansedumbre con que Iglesias y Sánchez parlamentaron con los portavoces de Bildu y ERC.

Nadie más feliz que estos últimos con el aquelarre de la Guardia Civil. Ni más entusiastas en acogerse a la idea de que los jueces arcaicos y los picoletos son los culpables de haber urdido la campaña de España contra la libertad de los pueblos elegidos. Consciente o no de sus palabras, el portavoz Matute (Bildu) nos habló de un mundo ideal sin explotadores ni explotados. Eso era ETA: explotadores cobrándose explotados. Y eso convierte en nauseabundo el pacto con Bildu.

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