30-5-2024: la democracia española toca fondo

El consenso parlamentario y la definición del Congreso como la cámara de representación popular no contradicen la gravedad de la aberración política del 30 de mayo de 2024. Conviene resaltar la fecha. Anotarla entre las mayores desgracias de la democracia contemporánea española. Y avergonzarse de los artífices. Especialmente Pedro Sánchez, cuya adhesión entusiasta a la amnistía nunca se reflejó en el programa electoral porque él mismo formaba parte de los más explícitos detractores. ¿Qué sentido tiene entonces encubrir la fechoría en la reputación del Parlamento nacional?

Ha tratado de justificarse la amnistía como un anestesiante de la crisis catalana. Y se ha pretendido amparar la idoneidad de la iniciativa política en la tolerancia de la opinión pública. La habríamos asimilado los españoles con la misma naturalidad de los indultos, más o menos como si tuviera un efecto purificador la misma raíz etimológica que identifica amnistía y amnesia. Se trata de olvidar y de fomentar la desmemoria, aunque conviene recordar que la degradación de la amnistía no consiste en la grandeza de perdonar, sino en la situación anómala de un Estado que se humilla pidiendo perdón. De hecho, la barbaridad que se perpetra este 30M reconoce que en España se persiguen las ideas políticas, que los jueces incurren en el lawfare y que los ciudadanos somos perfectamente desiguales ante la ley. Los hay que pueden cometer impunemente delitos de sedición, de malversación, de corrupción y hasta de terrorismo. Y disculparlos por todos ellos.

Tiene sentido enfatizar la responsabilidad de Sánchez porque la amnistía ha tergiversado los principios y la dignidad del Estado para responder a la extorsión de Puigdemont. La única razón de la medida de gracia se explicaba en las emergencias particulares de la investidura.

Semejante perspectiva desmiente en sí misma la terapia de desinflamación con que luego se nos ha vendido la mercancía corrupta. Ni siquiera la hipotética relación de la amnistía y la victoria de Illa justifican la desmesura del precio que está pagando la reputación de la democracia.

El problema no es su constitucionalidad, sino el hedor que trasladada la maniobra de salvamento que Sánchez se ha concedido a sí mismo

El problema no es la constitucionalidad de la ley, sino el hedor que trasladada la maniobra de salvamento que Sánchez se ha concedido a sí mismo para prestarse al soborno de los partidos independentistas. O para otorgarle a un prófugo de la justicia, Carles Puigdemont, no ya el porvenir de la legislatura, sino la autoría y la legitimidad de un relato cuya línea editorial acredita la responsabilidad del estado opresor, demuestra la persecución de las ideologías y convierte a los jueces en feroces actores políticos.

No cabe una imagen más devastadora de la credibilidad democrática, aunque el trato vejatorio de Puigdemont no se ha consolado en la mera expresión de su martirio político, sino que además ha forzado las reuniones bilaterales de Junts y el PSOE en un despacho de Ginebra y ante la presencia humillante de un observador internacional.

Opinión

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Los delincuentes han redactado las condiciones de la amnistía a su medida. Y se han relamido en el abuso de una posición de fuerza que ha encontrado en Sánchez el cómplice perfecto y necesario para demostrar que el procés es la mayor alegoría del pueblo perseguido y que el Estado español admite su condición de culpable en el templo sagrado del Parlamento.

Fue Sánchez quien prometió en un debate electoral traernos a Puigdemont preso. Es Sánchez quien le ha puesto la alfombra roja para tapar las cloacas de un Gobierno inmoral al que obsesiona la memoria remota mientras aplasta la memoria reciente. Amnistía. Amnesia.