¿Y si fueras tú el novio de Díaz Ayuso?

No vamos a convertir a Alberto González Amador en un epígono posmoderno del caso Dreyfus, pero impresiona la naturalidad con que la progresía aplaude y estimula el acoso del Estado a un ciudadano cualquiera.

La cursiva identifica su vínculo sentimental con Díaz Ayuso, aunque la aversión que pueda tenérsele a la presidenta madrileña no debería condescender con la campaña que los poderes le han organizado al contribuyente Amador. Y lo de menos es que haya cometido o no delitos. A un presunto delincuente también le asisten derechos y garantías. Por esa misma razón, aquí lo relevante es que Hacienda, la Fiscalía General, la Moncloa y el Gobierno han urdido una coreografía siniestra que escarmienta a un ciudadano. No por lo que ha hecho, sino por la novia que tiene.

Y como quiera que la novia es Ayuso, se deduce que los medios afectos al régimen y los rapsodas más entusiastas del sanchismo se vanaglorian del comportamiento feroz y omnipotente del Estado, como si pretendiera demostrarse que el caso Amador neutraliza el caso Begoña.

No pueden compararse en modo alguno. Primero, porque los delitos en que haya incurrido González Amador se produjeron antes de la relación sentimental. Y en segundo lugar, resulta impropio sostenerse que Ayuso se haya beneficiado después. Ni por montarse en un coche de lujo, ni por compartir lecho chez Amador, ni por escuchar la música del saxofón que su pareja trató de deducirse en su declaración de Hacienda.

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Resulta estremecedor que estos pormenores, igual que otros detalles puramente privados, trasciendan en el contexto de una sesión parlamentaria o en el trance de una rueda de prensa del presidente del Gobierno. La propia ministra Montero, titular del Fisco, amenaza con airear otras informaciones, mientras que el alfil de Justicia, Félix Bolaños, ya ha etiquetado la categoría que justificaría el viacrucis del ciudadano Amador: delincuente confeso. No necesita otra razón Pedro Sánchez para trasladar a Díaz Ayuso el rango de corrupta. Y de exigirle la dimisión (¡!).

Lo que ha hecho González Amador es admitir los delitos para negociar una solución con Hacienda. Lo hacen muchos otros ciudadanos. Y no porque se reconozcan culpables, sino porque la asimetría de un litigio abusivo del Fisco predispone la estrategia del acuerdo y de la sumisión.

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Es más, el comportamiento delincuente de la pareja de Ayuso —incluso si fuera un asesino en serie— carece de todo interés respecto al abuso de poder que identifica el comportamiento del Estado. El fiscal general mismo está imputado por un presunto delito de revelación de secretos cometido a expensas de los derechos del ciudadano Amador, aunque nada tiene de presunta la conspiración de los otros poderes. Incluido el mediático.

Dan ganas de hacerse una camiseta con la inscripción “Je suis González Amador”, como tiene sentido preguntarse si el rango sentimental que pueda mantenerse con un político desprovee al ciudadano de toda dignidad.

Lo que ha hecho González Amador es admitir los delitos para negociar una solución con Hacienda. Lo hacen muchos otros ciudadanos

La única razón por la que conocemos el expediente de Amador —y otros detalles privadísimos— consiste en que es el novio de Ayuso. Y porque trata de utilizarse la causa para disuadirnos del escándalo conyugal monclovense.

A Begoña Gómez se la investiga por haber aprovechado su condición de presidenta consorte. Por haber incurrido en un presunto delito de conflicto de intereses y por otro de corrupción en los negocios, además de la apropiación ilegal del software y del intrusismo. O sea, que todos los motivos que explican su tormento judicial se derivan de su posición para-oficial en la Moncloa, emanan concretamente del vínculo matrimonial.

Y ya veremos si los tribunales verifican o no el conflicto de intereses, pero el conflicto de intereses ya se ha certificado a título político desde el momento en que Pedro Sánchez ha utilizado en beneficio de Begoña —Fiscalía, Abogacía del Estado, Consejo de Ministros…— los mismos recursos que se han empleado para la causa ad hominem de González Amador.

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Se explicaría así la furibundia de Díaz Ayuso y la vehemencia con que denuncia el “estado policial”, pero hubiera sido más inteligente y más audaz distanciarse de la controversia y evitar todo comentario. No tener nada que decir al respecto no implica en absoluto aceptar los hechos, sino restregar a los conspiradores que el expediente fiscal de un ciudadano común, convencional, no debe comentarse en las tribunas públicas ni políticas.

El problema es que Ayuso también rentabiliza el caso Amador como argumento arrojadizo al sanchismo y como combustible de su antagonismo a la Moncloa. Utiliza las instituciones autonómicas a semejanza de una prolongación personal. Se defiende en la bandera de la Comunidad de Madrid. Y ha improvisado una absurda y estrafalaria comisión de investigación en el Parlamento regional para vengarse de Begoña y de Pedro.