La prórroga y el caos (6 condiciones)

Este Gobierno y su presidente parecen exactamente lo que son: unilaterales y prepotentes. Pedro Sánchez tiene un plan autocrático y por eso está echando un pulso a sus socios de investidura y a la oposición. A unos por unas razones y a otros por otras, los quiere rendidos y entregados. Dice una cosa ("unidad y lealtad") y hace otra (hechos consumados). No es nuevo en el personaje, pero, en una situación como la actual, su comportamiento es detestable.

La autorización de la prórroga del estado de alarma que plantea Sánchez al Congreso es una trampa para elefantes. Porque si se la niega el Parlamento, él y su Gobierno se absolverán de futuras responsabilidades transfiriéndolas al PP y Cs (la amenaza de hacerlo ya está en circulación en estos términos: “alarma o caos”); y si se la concede, habrá logrado imponerse como a él le gusta, o sea, por aplastamiento.

No autorizar la prórroga del estado de alarma, sin embargo, tiene muchos más riesgos que respaldarla. No solo porque se favorecería la estratagema de Sánchez, que podría haberla negociado y no ha querido hacerlo (“Sánchez tiene que cambiar la gestión de la alarma”, escribí aquí el pasado día 28), sino porque la vigencia temporal de ese derecho de emergencia tiene una finalidad que no puede obviarse en el fragor de la hostilidad política: controlar la reversión del necesario y gradual confinamiento en el que se basa la estrategia sanitaria para, primero, detener y, luego, erradicar el azote vírico.

Por otra parte, todos los partidos, desde ERC al PNV, y por supuesto el PP, son corresponsables en sus respectivos territorios autónomos en materia de sanidad y asuntos sociales (residencias de ancianos). Prudencia. Y aunque existen modelos alternativos a la reclusión domiciliaria, el Gobierno no ha sabido ni podido implementarlos. Y ya es tarde para alterar el paradigma sanitario para enfrentar la pandemia. No hay medios materiales (test) ni humanos (rastreadores) para ensayar estrategias como las de los países que no han restringido como el nuestro la libre circulación de sus ciudadanos.

Los socios independentistas y nacionalistas del Gobierno y la oposición del PP y Cs, en consecuencia, han de plantear este asunto en términos de salud pública y valorar si el estado de alarma es o no un estatuto jurídico todavía necesario para preservar mejor la integridad física de los españoles y recuperar lo antes posible la actividad económica en todos los sectores. En política, como en la vida, no hay que hacer lo que pide el cuerpo. No tiene sentido dar una patada al Gobierno en el culo de los ciudadanos.

Opinión

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Ciertamente, habría alternativas de legalidad ordinaria a la alarma para manejar la desescalada, pero son (leyes sanitarias) instrumentos parciales y menos contundentes. La actual situación de emergencia está prevista específicamente en su ley orgánica reguladora para combatir este tipo de pandemias. Ocurre que en ningún lugar está escrito que la prorroga deba ser como propone el Gobierno si no que corresponde al Congreso determinar su “alcance” y “condiciones” (artículo 6.2 de la ley orgánica de 1981). Y lo prudente, lo más racional, lo más considerado para la sociedad, no consiste en propiciar un revés parlamentario a Sánchez (que se lo merece) sino en mediatizar los poderes exorbitantes gubernamentales que el presidente pretende extender hasta finales de junio.

¿Qué condiciones podrían imponerse? Por ejemplo, y a modo enunciativo, las siguientes:

1. Acortar el plazo de la prórroga y dejarla en 10 días, porque la frecuencia del control hará más cuidadoso al Gobierno.
2. Incorporar al real decreto del estado de alarma el cogobierno de las comunidades autónomas, pero no el contemplado en una simple orden ministerial de Sanidad como la publicada el domingo en el BOE sino conforme al planteamiento del PNV.
3. Establecer, igualmente, en el real decreto de alarma que las unidades territoriales básicas son la provincia y también las zonas sanitarias entre provincias (aunque sean de distintas autonomías) e intraprovinciales, a criterio de los presidentes comunitarios.
4. Dictar un régimen de sanciones que excluya la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana ('ley mordaza') y sustituirla expresamente por la tipificación de infracciones y multas previstas en la Ley de Salud Pública.
5. Trasladar al Congreso (comisión de Interior) semanalmente el informe que la Guardia Civil y Policía remiten al ministro de Interior sobre el seguimiento de bulos, el número de sanciones propuestas e impuestas y el de detenidos por presunto delito de desobediencia.
6. Desvincular del estado de alarma todas las medidas socioeconómicas —ERTE, moratorias, prestaciones no contributivas, avales, transferencias no reembolsables y cualesquiera otras— aprobadas ya y las que se aprueben en el futuro inmediato.

Por fin, una última consideración y no menor: una negativa a autorizar la prórroga enviaría un mensaje pésimo a la Unión Europea porque precarizaría, aún más de lo que está, la posición negociadora del Gobierno e incrementaría la desconfianza de las sociedades continentales hacia nuestro país en su conjunto.

Con un condicionamiento férreo de la prórroga, el Gobierno no tendría excusa en el ejercicio de sus responsabilidades; las comunidades autónomas recobrarían parte de sus competencias en coordinación con la autoridad única, y la oposición se habría hecho valer frente al plan de Sánchez de someterla. Y por último: esta prórroga no es un voto de confianza al Gobierno. Es para cuidar de la salud de los ciudadanos y reanudar la plenitud de la vida económica de España.