La inaceptable petición de Rosell y el alarmante aviso de López Burniol

La situación política en España está desbordándose. Comienza a ser peligrosa. Porque que una magistrada en situación administrativa de servicios especiales, delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, reclame de los medios de comunicación que silencien la petición de los "abogados de los violadores" para que se rebajen las penas de sus clientes al amparo de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual con la finalidad de no "alarmar a las mujeres" es una proposición democráticamente inatendible y que ella jamás debió plantear.

El artículo 20 de la Constitución garantiza la libertad de expresión y la proscripción de la censura. Y ahora viene esta magistrada y propone que nos olvidemos de la libertad esencial en una democracia. Y no lo reclama para que las mujeres no se alarmen, sino para que no se incremente el escándalo de su ley del solo sí es sí que ella, como jurista, debió colaborar a redactar de forma adecuada. Y no lo hizo. Ya no basta con atacar a los jueces; ahora es también preciso que colaboremos con el silencio a que la incompetencia y soberbia del Ministerio de Igualdad y del Gobierno se conviertan en impunidad política.

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Es también una semántica inaceptable en una magistrada que se refiera a los letrados defensores de los delincuentes sexuales como “abogados de los violadores”. La pregunta inmediata es la siguiente: ¿es que no merecen ser defendidos por un abogado?, ¿es que esos abogados son cómplices de sus clientes y no colaboradores de la administración de la justicia?, ¿es que antes de ser condenados, sus letrados ya lo son de clientes violadores?

El artículo 17.3 de la Constitución garantiza “la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales en los términos que la ley establezca”.

Los presuntos agresores sexuales tienen derecho a la defensa mediante letrado, propio o de oficio, y estos deben comportarse como establece el código deontológico, aprobado en 2002 por el Consejo Nacional de la Abogacía, en cuyo artículo 3º se determina que “el abogado tiene el derecho y el deber de defender y asesorar libremente a sus clientes, sin utilizar medios ilícitos o injustos, ni el fraude como forma de eludir las leyes”, y también: “El abogado está obligado a ejercer su libertad de defensa y expresión conforme al principio de buena fe y a las normas de la correcta práctica profesional”.

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En la defensa de sus clientes, los abogados, además, se benefician —estamos en una democracia con garantías— de una libertad de expresión reforzada, según ha determinado el Tribunal Constitucional en su sentencia 205/2004 de 11 de julio, en la que se dice que la libertad de expresión del letrado se “trata de una manifestación especialmente inmune a las restricciones que en otro contexto habrían de operar”.

El destrozo que desde Podemos se está haciendo en el sistema democrático es extraordinariamente grave, ante la pasividad de los socialistas de Pedro Sánchez, que contemporizan —y, a veces, colaboran— con un propósito de demolición jurídico-constitucional que nos está llevando a un terreno de máximo riesgo para las auténticas libertades. Porque, aun entendiendo que fue un lapsus de Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, la sugerencia de que los medios tendrían que disponer de un apartado permanente para informar de las actividades gubernamentales, fue un desliz que quizá tradujese en palabras públicas los deseos iliberales de un Ejecutivo en coalición que ha entendido el derecho constitucional y la función legislativa como si fueran principios de plastilina en un Estado de derecho.

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En el magnífico libro de Gideon Rachman ( La era de los líderes autoritarios, editado por Crítica), el analista constata que “el estilo del hombre fuerte no se limita a los sistemas autoritarios. Ahora también es habitual en políticos electos en democracia”. Y tras constatar que “ahora nos encontramos en medio del ataque global más prolongado que han sufrido los valores democráticos liberales desde la década de 1930”, señala que “el estilo político del hombre fuerte antepone los instintos del líder a la ley y las instituciones”.

En España, concurren dos circunstancias. Por una parte, el populismo de raíz bolivariana de Podemos, que es tan evidente que no requiere de mayor argumentación, y, por otra, el silencio cómplice de un líder como Sánchez, que consiente —¿alienta?— todas estas expresiones iliberales y actitudes soberbias que desafían a los órganos técnicos consultivos, abusan del decreto ley en detrimento del Congreso y, en último término, eluden los controles de calidad técnica de las leyes que salen como proyectos del Consejo de Ministros.

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El deterioro democrático —por si hicieran falta citas de autoridad— es tal que hasta personas que se han distinguido, y siguen haciéndolo, por una trayectoria de sensatez, competencia y moderación avisan del estropicio. Es el caso de Juan José López Burniol, vicepresidente de la Fundación Bancaria la Caixa y notario emérito, que, en su artículo de La Vanguardia del pasado sábado, titulado “Hacia la autodeterminación de Catalunya”, advierte de que otra legislatura con un Gobierno como el actual augura que “los independentistas ya amnistiados exigirán su autodeterminación y Sánchez pactará con ellos un referéndum (...) supondrá el fin de España como entidad histórica y el proyecto político que hoy conocemos. Habrá pasado lo que tenía que pasar: la alianza entre socialistas e independentistas (...) habrá desplegado toda su fuerza”. Y remata el autor que “estamos pasando el punto de no retorno, pero como tantas veces en la historia, los contemporáneos no lo ven”.

Los deslizamientos autocráticos en democracias europeas y de otros continentes se produjeron de manera imperceptible pero constante y, una vez el proceso de deriva se ha iniciado, pararlo y corregirlo es una tarea complicada cuando en la sociedad prenden más los sentimientos que las razones, más las versiones convenientes que auténticas y más la demagogia que la sensatez.