Violadores en la calle gracias al Ministerio de Igualdad

Cuando, en un artículo de este periódico, Alejandro Requeijo dio voz al abogado de la Manada, puesto que iba a pedir revisión a la baja de la condena de los agresores tras la aprobación de la ley del solo sí es sí, Victoria Rosell reaccionó así: “Esto es pura propaganda del defensor de los violadores. No habrá revisión de las penas de 15 años: no hay atenuación ni despenalización. Quieren desprestigiar la ley #SoloSíesSí y asustar a las mujeres. Pero con esta ley tenemos más seguridad y derechos”.

Bien. Ya ha entrado en vigor, y ahora varios violadores están viendo rebajadas sus condenas, y algunos salen de la cárcel. El motivo, como supieron ver toda clase de juristas, es que al fundirse los delitos de abuso y agresión sexual en uno solo, de agresión, la pena mínima por agresión quedaba reducida respecto al delito anterior, y bastaría solicitar la rebaja retroactiva para adecuarla al nuevo tipo penal.

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Este fue el razonamiento jurídico del abogado de la Manada, y de abogados y juristas que no tenían intereses. Un argumento que Rosell, Montero y demás tacharon de bulo machista. Se juró sobre los evangelios del ministerio (algún libro de Judith Butler) que no iba a ocurrir lo que sí ha ocurrido.

Y dice ahora Victoria Rosell, reaccionando a la noticia de uno de esos violadores con la condena rebajada: “Tremendo. Un tribunal decide rebajar la pena por agresión sexual a una menor, que sigue siendo de 5-10 años. (Art. 181.2 CP). Para rebajar, obvia el abuso de superioridad del padrastro (181.4). Ya lo dijo el comité CEDAW: la Justicia machista crea impunidad. El problema no es la ley”.

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Ajá. El problema no es la ley. Entonces, ¿por qué una tropa de juristas leyó la ley antes de su aprobación y advirtió de que esto iba a ser exactamente lo que pasaría, por no haberse incluido una disposición transitoria que evitase la adecuación de penas a la nueva figura delictiva de agresión? ¿Cómo supieron verlo, leyendo el texto, si el problema no era la ley? ¿Cómo lo anticiparon?

Claro que el problema es la ley, pero es cierto que la ley aquí es un problema secundario, fruto de otro problema mayor, que son los legisladores populistas. Los legisladores populistas son los que legislan según el cántico de la calle. ¡No es abuso, es violación!, gritaron hace cuatro o cinco años, y Montero, y Rossell, y Pam, colocadas en la pancarta, hicieron una promesa. La promesa se ha cumplido.

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Nótese, sin embargo, cómo la candidata de Podemos a un asiento en el CGPJ vierte sobre el tribunal y la Justicia la pérfida acusación. Dado que el problema no es la ley —pese a que la ley sí es el problema—, entonces la culpa debe ser de alguien, ¿verdad? Y para eso están los jueces, para comerse el marrón.

Pues bien: me voy a anticipar al futuro. Guardad los próximos párrafos para los próximos meses.

Una particularidad de la reforma legal de Montero-Rossell sobre los delitos de violación es que todo es agresión, es decir, que no hay una distinción jurídica clara entre lo que antes se consideraba abuso y lo que antes se consideraba agresión. Esta distinción servía para reducir la indeterminación penal en delitos de gravedad cualitativamente diferente, que implicaban el acceso carnal sin consentimiento, pero no solo eso.

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Por resumir mucho, el Código Penal anterior a la invasión populista consideraba que es más grave que te violen y te den una somanta de hostias que el hecho de ser violado sin que medie maltrato o uso de la fuerza. Sin embargo, como la calle dijo que no le gustaba que los miembros de la Manada fueran condenados por la figura de “abuso sexual con prevalimiento”, ahora todo es agresión.

Bien, aquí mi predicción:

Ahora queda en el tejado de cada juez condenar a una pena mayor o menor unos hechos que antes estaban mejor tipificados. De modo que veremos sentencias por hechos más graves con penas menores que otras sentencias por hechos menos graves y penas mayores. Esto será una fábrica de noticias sensacionalistas, mal explicadas jurídicamente, que las mismas legisladoras utilizarán para acusar a la Justicia de ser patriarcal, y exigir colocar a más gente en cursillos de perspectiva.

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¿Apostamos?

Dirán entonces que el problema siempre ha sido la Justicia, y habrá que recordarles que fueron ellas, exactamente ellas, quienes disolvieron una necesaria y pertinente distinción legal entre dos tipos penales en una, entregando al criterio y albur de cada tribunal la imposición de penas.

Por el momento, ya lo hemos visto, la ley que iba a salvar a las mujeres españolas de la violencia sexual ha dejado libres a violadores que todavía tendrían que cumplir condena con la ley anterior. El Gobierno (parte PSOE) ya ha dicho que va a arreglar el desaguisado de la ley estrella de Irene Montero, pero por mucho que corran, la cosa está en vigor.

Así que, en el futuro, preparad las palomitas, y siempre que no vuelvan a incluir la distinción entre "abuso" y "agresión", viene esto: titulares y titulares, tuits y tuits, recogiendo las consecuencias de crear indeterminación penal donde no la había. Que conste en acta.