Hoy (la amnistía), el principio del fin

Es fácil en tiempos banales, de democracias frágiles, de relativización del significado de las palabras, de desvinculación de los compromisos políticos, del cesarismo gubernamental y de la transformación de los partidos políticos en plataformas personales de líderes con una eticidad vacua, que se descalifique como tremendista la consideración de que se producen comportamientos, decisiones y sectarismos que dejan una huella imborrable y tienen un enorme potencial destructor. No es una hipérbole en absoluto sostener que la toma en consideración hoy en el Congreso de los Diputados de la proposición de ley de la amnistía que beneficiará a los cientos de implicados en el golpe constitucional de 2017 en Cataluña y en hechos conexos de variada tipología que se consumaron en el espacio temporal entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, es un parteaguas histórico. La amnistía ha sido, ni más ni menos, una contrapartida del PSOE y Sumar a la investidura de Pedro Sánchez exigida, entre otros, pero de manera imprescindible, por los grupos parlamentarios que representan a los partidos sedicentes, Junts y ERC, que, con el PNV, e implícitamente con EH Bildu, forman la mayoría absoluta (178 escaños) en la Cámara Baja.

La medida legislativa no es un proyecto de ley que requiera obligatoriamente la emisión de informes del Consejo de Estado, del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial, ninguno de ellos vinculantes, pero todos aleccionadores. Así se eluden estos organismos, sorteando el filtro técnico-jurídico al que deben aspirar los buenos legisladores. Se ha formulado como proposición de ley, uno de los subterfugios que ha utilizado en los últimos años el Gobierno de coalición, formalmente legal, pero ejercicio de la iniciativa legislativa pensada por los constituyentes como propia de los grupos parlamentarios de la oposición. Además, se tramitará de urgencia, es decir, restringiendo los plazos y, por lo tanto, el debate.

Análisis para la reflexión

Los diputados que vayan a votar la toma en consideración de esta proposición de ley quedan apelados a su conciencia, atendiendo —probablemente, no lo harán— al criterio independiente y público de referentes de su propio o cercano espacio ideológico. Veamos. Para la catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia, Adela Cortina, “una ley de amnistía es injusta, entre otras razones, porque para que no lo fuera debería extenderse a cuantos han delinquido y no tienen la fuerza para obligar a borrar el delito. No hay equidad entonces, y eso es letal para un país” ("¿Mayoría progresista?", en El País del pasado día 7 de diciembre). Para Javier Cercas, escritor y notoriamente partidario de la actual coalición, “una medida de gracia como la de 1977, que borre los delitos del procés, deslegitimaría la democracia y contribuiría a enquistar el problema catalán. Me niego a creer que Sánchez cometerá semejante desatino” ("No habrá amnistía", publicado en El País el 13 de septiembre pasado). Para Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, “la ley [de amnistía] gozaría de presunción de constitucionalidad como cualquier otra, y llegado el caso, incluso podría ser avalada por el Tribunal Constitucional. Y, sin embargo, el desgarro causado al Estado de derecho traería consigo una merma considerable de la legitimidad del sistema democrático instaurado por nuestra Constitución” ("La amnistía, la Constitución y los medios", publicado en El País el pasado día 2 de noviembre). Para Pedro Cruz Villalón, expresidente del Tribunal Constitucional, “lo primordial a retener es que en las presentes circunstancias (...) las actuales Cortes Generales carecen de legitimidad para promulgar una amnistía política. A espaldas del pueblo” ("Constitución menguante", publicado en El País el pasado 21 de septiembre). Para Tomás de la Quadra-Salcedo, expresidente del Consejo de Estado y exministro de Justicia, “son argumentos políticos los que hacen, sobre todo, inviable una amnistía que ningún candidato puede aceptar con el significado que pretende dársele y menos como condición de apoyar una investidura” y que Puigdemont “acabe siendo amnistiado, no resulta asumible” (artículos publicados en El País bajo los títulos "Gracia y justicia", de 8 de septiembre, y "Entre Escila y Caribdis", de 18 de octubre).

La historia inverosímil

Sirvan los anteriores testimonios de personalidades que se adscriben a la izquierda o al centroizquierda, y gozan de reputación jurídica o tienen incuestionable capacidad de referencia social, para dimensionar la ausencia de legitimidad de la amnistía que hoy tomará en consideración el Congreso de los Diputados. Todos ellos, con mayor o menor énfasis, subrayan una circunstancia determinante: lo que se negó por los que ahora impulsan la amnistía, en su constitucionalidad y oportunidad, es lo que ardorosamente defienden, porque es el único recurso para retener el poder.

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La proposición de ley —además de su disposición normativa— incluye una exposición de motivos que trae causa del texto del acuerdo entre Junts y el PSOE (el Pacto de Bruselas) que arrasa la veracidad histórica en unos términos tan groseros que también personalidades adscritas al ámbito ideológico del Gobierno han denunciado. Así lo ha hecho Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y expresidente del CIS, en una columna en el diario El País del pasado 12 de noviembre en la que confesó: “Soy de izquierdas y he votado toda mi vida al PSOE. Créanme, esta es la columna que más ha costado escribir”. Se titulaba "Un relato falso y victimista", y en ella se impugnaba el texto del acuerdo entre los dos partidos: “Solo faltó que el PSOE pidiera perdón por haber apoyado el 155, aunque lo hace de modo indirecto al no mencionar la Constitución como marco de referencia”.

En esa misma línea, el ya mencionado Tomás de la Quadra-Salcedo escribió, también en El País, el artículo "Adanismo y Constitución", publicado el pasado 13 de noviembre. En su texto, afirmaba que “el pacto entre el PSOE y Junts parece que asume y blanquea el relato independentista. Se le da al partido de Puigdemont el estatuto de único representante de una Cataluña eterna sobre actuaciones del Gobierno de España, sin la menor referencia a las graves alteraciones del orden público y violaciones del Código Penal”.

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Reclama mención aparte el artículo del filósofo —quizás el más contemporáneo y sagaz de cuantos contamos en España— José Luis Pardo, que, en referencia al Pacto de Bruselas, escribe: “Tras haber perdido el PSOE parte de su equilibrio constitucional en 2018 al coaligarse con el populismo y apoyarse parlamentariamente en el secesionismo, el resultado de las elecciones generales de 2023 le ha llevado a acordar con los narradores esa fábula del fin de la represión contra las acciones punibles del independentismo y, por lo tanto, tener por represión franquista las acciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en defensa de la Constitución y, en definitiva, a convertir en mera apariencia la democracia española desde 1978 hasta nuestros días, abriéndose la puerta a algún tipo de amnistía (ese mecanismo que, según Carl Schmitt, se utiliza para poner fin a una guerra civil) para todas las víctimas del franquismo pijo, cuya legión aumenta a marchas forzadas. ¿Es posible que el relato inverosímil se haya convertido en la historia oficial del país para la mitad docta de los españoles?” ("Lo vulgar y lo pijo", publicado en El País del 6 de noviembre pasado).

Es sabido que no hay ni verdades ni mentiras, sino meros cambios de opinión. Así, el final del sustrato de voluntades que sostiene la Constitución se ha deteriorado de modo irreparable porque, efectivamente, la amnistía que hoy se toma en consideración lo hace en un Congreso de los Diputados que carece de legitimidad para, con engaño al cuerpo electoral español, aprobar una medida radical de gracia que, por una parte, libera de cualquier responsabilidad penal y administrativa a los dirigentes de los partidos separatistas asociados con Pedro Sánchez y, por otra, revisa el sistema constitucional y deslegitima a los tribunales, transformando la naturaleza de los hechos tipificados convirtiéndolos en irrelevantes jurídicamente. Como va quedando suficientemente explícito, el acto parlamentario de hoy es el principio del fin de la Constitución de 1978. Y cuantas más protestas de su cumplimiento proclamen quienes impulsan y aprueban la amnistía —luego de asegurar que jamás la aceptarían—, más obvio será el engaño. Como tantos otros anteriores.