Además de otros, Margarita Robles y el destruido CNI

La policía autónoma catalana -Policía de la Generalitat, denominada también como cuerpo de los Mossos d’Esquadra - es integral, como la vasca, porque según sus dos leyes reguladoras de 1983, la inicial, y de 1994, la posterior, asume en Cataluña funciones de seguridad ciudadana, de policía administrativa, de policía judicial, de policía colaboradora con las entidades locales que la requieran e, incluso, de intermediadora amistosa en conflictos entre particulares que lo soliciten.

Los Mossos son un cuerpo policial de 18.000 efectivos que, según la exposición de motivos de su norma reguladora, simbolizan “un paso decisivo en el proceso de reconstrucción de la identidad nacional de Catalunya”. De esa tintura nacionalista se han derivado hacia ellos justificados recelos en los episodios más delicados del proceso soberanista -en particular en el mes de agosto de 2017 con motivo del atentado terrorista en las Ramblas y en octubre del mismo año con el referéndum ilegal - que se han reavivado a propósito de la fuga de Carles Puigdemont el pasado día 8.

Ya existen evidencias de que varios miembros de la policía catalana han participado, antes y ahora, en complicidad con Puigdemont. No es necesario abundar en lo obvio. No es por eso una buena idea que Josep Lluís Trapero , tan protagonista en aquellos episodios, regrese al mando de los Mossos como parece ser el propósito de Salvador Illa. Flash back en el escenario catalán, los menos posibles.

Sin embargo, la responsabilidad que se le imputa al expresidente de la Generalitat es de carácter penal y la causa sigue en instrucción en el Tribunal Supremo, pese a que el prófugo ya no es parlamentario europeo sino catalán, porque sus presuntos delitos, por su naturaleza, son de ámbito nacional, lo que le sustrae de la competencia del Tribunal Superior de Cataluña. De modo que su detención, aunque solo fuera por esa razón y por la orden que emitió, y sigue vigente, el magistrado Pablo Llarena , era una responsabilidad, sí, de los Mossos, pero también de la Guardia Civil como policía de fronteras y de la Policía Nacional (servicios de información y función complementaria y subsidiaria de las policías autonómicas).

Es un abuso político por parte del Gobierno descargar la responsabilidad exclusiva de su segunda fuga sobre la policía catalana

De tal manera que es un abuso político por parte del Gobierno descargar la responsabilidad exclusiva de su segunda fuga sobre las espaldas de la policía catalana. La respuesta del ministerio del Interior al juez Llarena, desentendiéndose de su responsabilidad en la fuga es la confirmación de que se produjo por parte del Gobierno una tolerancia connivente con el prófugo y una dejación de las funciones que corresponden a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Lo que explica el exabrupto de Óscar Puente al atribuir al Supremo la culpa de la segunda huida de Puigdemont porque el alto tribunal no le aplicó la amnistía. La tosquedad intelectual y discursiva del ministro de Transportes alcanza cotas inauditas.

Como escribió el pasado lunes el director de El Confidencial, Nacho Cardero, es un error sacar de la ecuación en este asunto al Gobierno Central. Grande-Marlaska, el más longevo de la democracia en el cargo de ministro del Interior, tiene una responsabilidad política incalculable en este episodio, pero es un personaje abrasado en todos los órdenes. Alberga, ya lesionada, la percepción de su propia estima. Debió comportarse como su fallecido predecesor, Antoni Asunción, que en 1994 presentó su dimisión irrevocable tras la fuga del corrupto Luis Roldán. Un ejemplo político. Fernando Grande-Marlaska, sin embargo, ha asumido que está en el Gobierno como un saco terrero del presidente y su capacidad para digerir sin dignidad política todo tipo de ineficiencias, errores y sectarismos se ha convertido en proverbial. Saldrá del ministerio como se merece. O sea, mal. No habrá sido el único que lo haga, pero sí el que más tiempo ha logrado atrincherarse en el cargo.

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Pero sigamos con la ecuación. Aquí se está olvidando que al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le corresponde según el artículo 4. b) de su ley reguladora “prevenir, detectar y posibilitar la neutralización de aquellas actividades de servicios extranjeros, grupos o personas que pongan en riesgo, amenacen o atenten contra el ordenamiento constitucional, los derechos y libertades de los ciudadanos españoles, la soberanía, integridad y seguridad del Estado, la estabilidad de sus instituciones, los intereses económicos nacionales y el bienestar de la población”. El CNI está adscrito, como una secretaría de Estado al ministerio de Defensa, según la ley y de acuerdo con los reales decretos de estructura orgánica de ese Departamento, tanto en la anterior como en la actual legislatura. En ambas, Sánchez se lo ha encomendado a Margarita Robles, magistrada en situación de servicios especiales de la Sala III del Tribunal Supremo. O sea, que ella está tan concernida como el propio presidente del Gobierno y el ministro de Interior por la fuga de Carles Puigdemont porque los servicios de inteligencia debieron mapear sus movimientos, detectar su entrada en España (con la policía de fronteras) y diseñar un plan de detención desde su perspectiva, examinando todas las hipótesis de huida.

Sucede, sin embargo, que, durante la gestión de Margarita Robles, el CNI ha quedado destruido. Su derrumbe, ciertamente estrepitoso, comenzó con el escándalo Pegasus en la primavera de 2022: la intrusión en los móviles del presidente del Gobierno y en el suyo propio que sustrajeron una, por el momento, desconocida información. Pero, al tiempo, un observatorio de la Universidad de Toronto, Citizen Lab, denunció que hasta sesenta líderes independentistas habían sido espiados por el CNI. El Gobierno entró en pánico. Margarita Robles, pese a sostener previamente que no lo haría, cesó a la directora del CNI, Paz Esteban contra la que se querelló sin consecuencias Pere Aragonès, expresidente de la Generalitat.

Durante la gestión de Robles, el CNI ha quedado destruido. Su derrumbe, ciertamente estrepitoso, comenzó con el escándalo Pegasus

Además, Meritxell Batet, a la sazón presidenta del Congreso en mayo de 2022, por indicación del Gobierno abrió la Comisión de Gastos Reservados (que se constituye también como de Secretos Oficiales) del Congreso, modificando la elección de sus miembros por mayoría de 3/5 a absoluta para introducir en ella a los representantes de Bildu, ERC y Junts que pudieron interrogar en ese órgano de control parlamentario a la responsable del CNI y conocer las autorizaciones judiciales para intervenir comunicaciones a 18 dirigentes secesionistas, tras la desclasificación de esa documentación por el Gobierno. El pasado mes de diciembre, el Congreso designó, por mayoría absoluta, a los miembros de esa Comisión en la actual legislatura normalizando la presencia de los grupos secesionistas.

Es del mayor interés el análisis de la situación del CNI en relación con la fuga de Carles Puigdemont del politólogo Alberto Bueno, publicado en Agenda Pública y que pone el dedo en la llaga: en las últimas directrices sobre inteligencia, que establecen las prioridades de la actividad del CNI (*), el independentismo se ha suprimido como un riesgo para la integridad del Estado. Es el momento de depurar responsabilidades, pero de todos, incluyendo a Margarita Robles como máxima responsable del devenido en ineficiente Centro Nacional de Inteligencia y también a su directora (miembro del Gobierno en tanto que secretaria de Estado), Esperanza Casteleiro, que sustituyó a la injustamente cesada Paz Esteban.

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La de Defensa suele ser la ministra tenida por ‘patriota’ pero se ha comportado en los asuntos más estadistas con una ramplonería política parigual -pese a su formación jurídica- a la de sus compañeros, siendo casi indiscernible de Grande-Marlaska. Aunque ambos se profesen una permanente y sorda hostilidad. Tal para cual.

(*) Según la propia definición del CNI “el ciclo de Inteligencia se inicia con la aprobación anual de la Directiva de Inteligencia por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia y del presidente del Gobierno. La directiva es un documento con carácter secreto que recoge los objetivos o necesidades de Inteligencia del Gobierno”. Y sigue: “Una vez aprobada la Directiva de Inteligencia, el CNI realiza un proceso de planificación y organización de los recursos disponibles para obtener la información necesaria y elaborar la Inteligencia que satisfaga esas necesidades planteadas por el Gobierno”. Todo claro.