Tanta tragedia y tanta incompetencia

Hace décadas la atribución a ‘la fuerza mayor’ absorbía todas las responsabilidades de las consecuencias de las tragedias causadas por la meteorología. El consternador balance provisional de la DANA que ha devastado zonas de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha no puede endosarse ya, al menos por completo y resignadamente, a la ‘fuerza mayor’. Porque, como decía asertivamente la exposición de motivos de la Ley de 2015, “la protección civil alcanza hoy en todas partes una importancia de primer orden entre las diferentes políticas públicas y se ha configurado como uno de los espacios públicos genuinos y legitimadores del Estado”.

Así es. El amparo a la ciudadanía ante las consecuencias de fenómenos potencialmente desastrosos es una exigencia a las Administraciones Públicas, tal y como establecen las leyes y permiten las nuevas tecnologías. El concepto de ‘protección civil’ es efectivamente ‘legitimador’ de las políticas del Estado, porque existen herramientas de previsión y predicción orientadas a paliar los efectos devastadores de fenómenos climáticos como el que ha padecido nuestro país en las pasadas cuarenta y ocho horas.

Los bien pensantes que no han reprobado el ínfimo nivel moral de la mayoría gubernamental que mantuvo el pleno de convalidación del decreto ley de reforma del Estatuto de RTVE para asaltar la Corporación, después de suspender todas las demás actividades parlamentarias en señal de duelo, serán los mismos que opongan la conveniencia de ‘respetar’ con un silencio acrítico el profundo sentimiento de dolor que a todos nos afecta por las víctimas de los terribles sucesos vividos. Pero es, de nuevo, un recurso tramposo porque esta tragedia ha adquirido su extraordinaria letalidad debido a que el laberíntico sistema de protección civil no ha funcionado de manera mínimamente eficiente.

La ley sobre Protección Civil de 2015 la integra en “la política de seguridad nacional” para proteger “a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencias y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana” (artículo primero de la norma). Se creó entonces un sistema nacional de protección civil, una estrategia nacional al efecto y, lo que es más importante, esta política de seguridad se fundamentó en la “anticipación de los riesgos en un territorio” (sic del artículo 8 de la ley), para lo que se erigió una “red nacional de información sobre protección civil”, un “sistema de previsión de riesgos” definido como un “conjunto de medidas y acciones encaminadas a evitar o mitigar los posibles impactos adversos de los riesgos y amenazas de emergencia”.

Además, la ley articuló una “red de alerta nacional” y una serie de planes, tanto estatales como territoriales y especiales para adelantarse a las catástrofes y se constituyó el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil. Al frente de todo este aparato, fundamentalmente de competencia del Gobierno (artículo 33), se situó al ministro del Interior al que la ley encomienda “impulsar, coordinar y desarrollar la política del Gobierno en materia de protección civil” en coordinación con otros ministerios y los delegados del Gobierno. En el vértice de este entramado se constituyó el Consejo Nacional de Protección Civil (artículo 39) que preside Grande-Marlaska y que es un órgano de cooperación del Estado y las comunidades autónomas. El Gobierno aprueba anualmente la norma básica de protección civil a propuesta del ministerio del Interior, estando vigente la de 20 de junio de 2023.

¿Quién responde por la activación a su tiempo de todo este mecanismo de predicción y prevención?, ¿qué medidas se adoptaron para paliar los efectos de la DANA y en qué momento?, ¿quedó todo al albur de los avisos rojos por gota fría sin aditamentos argumentales que llamasen la atención sobre su especial gravedad?, ¿cómo es que ayer, todavía ayer, no se habían convocado a esos organismos, sustituidos por un demorado gabinete de crisis gubernamental?

Siete comunidades autónomas disponen de normas de protección civil: Cataluña, Galicia, Aragón, Castilla y León, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana de 2010. ¿Cómo actuó, en qué tiempos y con qué previsiones el Gobierno valenciano, que está siendo interpelado, con razón, sobre la gestión de sus competencias concurrentes con las del Gobierno en esta materia?, ¿tuvo la asistencia eficaz, en el tiempo y en el pronóstico, de la Agencia Estatal de Meteorología cuyo objetivo estatutario “básico es contribuir a la protección de la vida y los bienes a través de las adecuadas predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos”?, ¿estuvo de guardia la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, vicepresidenta tercera del Gobierno, a la que está adscrita la AEMET a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente?, ¿cuándo se ordenó el desplazamiento de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que es un instrumento básico de la protección civil contemplado en la ley para atender estos fines asistenciales?

El afán inmediato es atender a las víctimas de la catástrofe, convocar ya un Consejo de Ministros extraordinario (no esperar al ordinario de los martes) para declarar zonas catastróficas a las afectadas y abrir una investigación sobre la cronología de las alertas y disposición de medidas de protección. Y, apropósito de esta enorme tragedia, hora es ya de auditar ese urbanismo anarcoide que ha permitido -y sigue haciéndolo- construcciones en ramblas y rieras naturales, cauces y veredas de sirga de acueductos, canales y ríos cuya función natural de encauzar aguas pluviales se ha obturado por la sensación engañosa de que las sequías no revelarían nunca la furia de las aguas.

Por eso, no puede comprenderse tanta tragedia sin tanta incompetencia, sin el fallo sistémico de los laberínticos mecanismos de una pretenciosa política de protección civil que no ha servido para paliar las proporciones trágicas de la DANA. De nuevo, la solidaridad de los ciudadanos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías locales, la Unidad Militar de Emergencia, los bomberos y el voluntariado han estado muy por encima de los obligados por ley a gestionar la prevención y la reparación. La sensación de orfandad, transcurrido el tiempo de duelo inmediato, será la sensación generalizada cuando a las emociones les sigan las razones y a los lamentos la exigencia de responsabilidades.