El último grito de un "padre" de la Constitución

De los siete "padres" de la Constitución, cuatro han muerto y tres viven. Son José Pedro Pérez-Llorca, Miquel Roca i Junyent y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

Los dos primeros están demasiado ocupados en sus altos despachos de gran fortuna, apenas se pronuncian sobre asuntos públicos y solo Miguel Herrero está hábil para estos menesteres desde su atalaya de consejero permanente del Consejo de Estado.

Acaba de publicar un libro —'Tres conferencias sobre la reforma constitucional'— sobre un tema de la máxima actualidad y conlleva la autoridad moral de llevar toda una vida dedicada al estudio de asuntos que tienen que ver con cartas magnas.

Herrero de Miñón dice que la Constitución de 1978 fue un pacto de unión de voluntades y su alteración “no puede quedar al arbitrio de una de las partes…"

En la 'obrita' de gran profundidad intelectual, Herrero sostiene que ni los reformadores de la Constitución ni sus opositores concretan propuestas y contrapuestas, afirmando que en España existen problemas sociales, económicos y políticos graves pero que la mayor parte de ellos nada tienen que ver con la Constitución. “La Constitución sirve para abordarlos pacíficamente y encauzar el proceso político, pero nada más”. Esas soluciones, sostiene el autor, deben venir por medidas políticas.

Herrero de Miñón dice que la Constitución de 1978 fue un pacto de unión de voluntades y su alteración “no puede quedar al arbitrio de una de las partes… Es decir, la Constitución consensuada solamente puede ser revisada por consenso, y su desarrollo exige también un alto grado de consenso".

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Tras alertar de los peligros a la hora de repetir la operación constituyente, subraya el ponente que antes que nada hay que huir de los “falsos dogmas”. Pone como ejemplo de ello que en los momentos actuales se olvida que la esencia del parlamentarismo consiste en el gobierno de quien cuente con la mayoría de la Cámara. El segundo peligro es la creencia en la “magia constitucional”. Los problemas de un país no pueden solventarse con una declaración constitucional y, finalmente, pone el dedo en la llaga respecto a la “tiranía de los conceptos”.

Respecto al intento “inaceptable” del secesionismo catalán, Herrero sostiene que no se supera con dictámenes del Consejo de Estado y recursos de la Abogacía… "La judicialización, incluso cuando llega a ser inevitable, no puede suplir la inactividad política…”.

Y no se queda ahí.