¿Es el Consejo de Estado una broma cara?

Si sus informes no son vinculantes, si los sucesivos gobiernos colocan a su presidente a su albur, si la mayor parte de sus miembros son expolíticos que recalan en ese imponente palacete, repleto de oropel y fantasía de otros tiempos, ¿para qué sirve el Consejo de Estado en los tiempos que corren?

Según la Memoria de los Presupuestos Generales del Estado para el 2021, el dinero público que se destina a tamaña ocupación aumenta un 15% hasta los 13 'milloncejos' de euros. Supongo que otros gastos generales (seguridad con Policía Nacional permanente) no están consignados ahí. Su misión es ofrecer al Gobierno informes jurídicos –a tenor por la especialidad de sus miembros– que se tienen en cuenta o simplemente van directamente al archivo.

El Partido Popular los ha puesto en el mapa, a propósito del informe sobre la composición de las personas que formarán parte del equipo gubernamental que repartirá los 140.000 millones y el destino final de los mismos. 90 folios que, según personas que han tenido acceso a los mismos, "resultan devastadores para el enfoque establecido por el proyecto de la presidencia del Gobierno". Y se arrancó del decreto/ ley. ¿No había transparencia absoluta en los asuntos gubernamentales?

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Si en un asunto tan capital y decisivo como este se hace caso omiso de lo que certifican los expertos –el gobernador del Banco de España es miembro nato del Consejo–, ¿para qué se necesita un órgano de tamaña naturaleza? Muchos de ellos tienen coche oficial y cobran una nada desdeñable cantidad.

Verbigracia. Veamos algunos de ellos.

–María Teresa Fernández de la Vega (exvicepresidenta del Gobierno Zapatero): 84.436, 92 euros.

–Miguel Rodríguez-Piñeiro (consejero permanente): 105.705,79 euros.

–Miguel Herrero y Rodríguez Miñón (consejeros permanentes): 105.705,79 euros.

Igual que Fernando Ledesma, exministro de Justicia; Alberto Aza, exjefe de la Casa Real; y cinco miembros más. El resto de los consejeros cobra mil euros por asistencia a las reuniones del Consejo.

¿Qué opinará el contribuyente? Y ¿los más de tres millones y medio de parados? Haciendo un esfuerzo podemos llegar a imaginarlo.