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Curso obligatorio de integridad pública para el Gobierno catalán
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Josep Martí Blanch

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Curso obligatorio de integridad pública para el Gobierno catalán

La Generalitat ordena a todos sus altos cargos pasar por las aulas para aprender a ser íntegros

Foto: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante un pleno del Parlament. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante un pleno del Parlament. (EFE)
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En Cataluña, se acabó para siempre la corrupción. Los escándalos, grandes, pequeños o medianos, son, a partir de ya mismo, cosa del pasado. No es hablar por hablar. Damos fe de ello. Es cuestión de días que quede desterrado para siempre cualquier chanchullo o praxis censurable. No habrá lugar para ello.

Los servidores públicos, gobernantes, altos cargos o directivos de la Administración van a comportarse siempre y sin excepción de un modo intachable, incólume, irreprochable. Han empezado a circular los rumores de que pronto se aprobará un decreto por el cual todo alto cargo del Gobierno catalán alcanzará la condición de beato si permanece una legislatura en el cargo y la santidad a partir de la segunda.

No crea el lector que esto pasará por obra y gracia del espíritu santo o del azar que gobierna el mundo. Estas cosas no suceden porque sí. Siempre hay un trabajo serio y profesional detrás de un logro de tal envergadura. En este caso en particular, lo capitanea el Departamento de Exteriores y Gobierno Abierto de la Generalitat, que ha montado para todos los altos cargos y directivos de la Administración catalana un curso obligatorio de integridad pública para que aprendan a tener un “comportamiento ejemplar en beneficio del interés público”.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en Moncloa. (EFE)

Se desconocen los detalles del exigente programa que habrán de seguir los aplicados alumnos: consejeros, secretarios generales y sectoriales, directores generales y demás. Aunque imaginamos que el PowerPoint que justifica la iniciativa debe tener no menos de 100 páginas. El Gobierno ha informado de su obligatoriedad, aunque no ha explicado aún las cosas que de verdad preocupan a cualquier alumno para poder empezar a hacer los cálculos necesarios sobre el tiempo y el esfuerzo que deberá dedicar para alcanzar el aprobado.

¿Cuántas clases te puedes saltar? ¿Habrá examen final o serán parciales acumulativos? ¿Trabajos en equipo? ¿Es presencial o podrá hacerse a distancia? ¿Habrá muchas lecturas obligatorias o bastará seguir atentamente las explicaciones del docente? ¿Será necesario hacer prácticas y demostrar que uno es insobornable recibiendo en el despacho a un señor con un maletín repleto de billetes a cambio de amañar un concurso o no dejándose invitar a una mariscada y exigiendo pagarla a escote?

Imaginamos la sesión inaugural, tras la solemne escucha de 'Els Segadors' de pie y con la mano en el corazón, al presidente Pere Aragonès sentándose disciplinadamente en el pupitre asignado para empezar a tomar notas de las explicaciones pausadas de un profesor de ética argumentando los motivos por los cuales un alto cargo público no debe matar, robar y acostarse con la pareja del prójimo si pretende, de verdad, ser considerado una persona íntegra.

No debe extrañarnos que en un asunto de tanta enjundia como la integridad, la Administración también dé un paso adelante

Alguien puede pensar que quizás este sea un curso innecesario. Argumentarán, los críticos, que a la edad a que se llega habitualmente a ser un alto cargo la integridad —o la falta de ella— de cada uno ya está más que definida y si el árbol ha crecido torcido, pues qué se le va a hacer.

A los que utilicen este argumento, basta recordarles que las administraciones llevan años haciendo campañas publicitarias para recordarnos que en verano es necesario beber más agua y evitar hacer ejercicio físico durante las horas de solana. También los gobiernos nos sensibilizan sobre la conveniencia de no bañarnos cuando el oleaje es severo. Todas estas cuestiones nos parecen normales y nadie llama la atención sobre su obviedad.

Así que no debe extrañarnos que en un asunto de tanta enjundia como la integridad, la Administración también dé un paso adelante. Vivimos en un mundo de entronización de la obviedad a través de la estética. Así que ¡bienvenidos los cursos de integridad!

Las visitas podrán tomar nota al traspasar el umbral de la puerta del mensaje con el que se las recibe: "¡Aquí trabaja una persona íntegra!"

La iniciativa debe exportarse de inmediato. No solo al resto de comunidades autónomas —las que aún no hayan atinado en la necesidad— y al Gobierno de España, sino al mundo entero.

Visualizamos en unas semanas todos los despachos de la Administración catalana ocupados por altos cargos —no son pocos— con los certificados del curso de marras bien enmarcados en maderas nobles y perfectísimamente colgados en el centro de la pared más visible. Las visitas, siempre impresionables, podrán tomar nota nada más traspasar el umbral de la puerta del mensaje explícito con el que se las recibe: "¡Aquí trabaja una persona íntegra!".

Estamos, sin duda, en el inicio de una nueva era de la administración y del buen gobierno. Y todo gracias a un simple cursillo obligatorio. Cataluña, fiel a la voluntad de actuar como avanzadilla de las nuevas tendencias, enseña el camino. Jubilen en todas partes a la oposición, a los jueces y a cualquier otro órgano fiscalizador de la actividad administrativa y gubernamental. Solo hace falta un cursillo. Obligatorio, eso sí.

En Cataluña, se acabó para siempre la corrupción. Los escándalos, grandes, pequeños o medianos, son, a partir de ya mismo, cosa del pasado. No es hablar por hablar. Damos fe de ello. Es cuestión de días que quede desterrado para siempre cualquier chanchullo o praxis censurable. No habrá lugar para ello.

Catalán Generalitat de Cataluña Pere Aragonès
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