El precio que usted pagará por vencer a Putin

Empecemos por una pregunta de política ficción. ¿Cuántos uniformes de soldados españoles aceptaríamos que nos fueran devueltos en féretros antes de que nuestra opinión pública considerase excesivo el coste de estar del lado de la razón y la justicia en la guerra de Ucrania, en el caso que la OTAN estuviese luchando directamente sobre el terreno?

La respuesta solo puede ser intuitiva, tratándose como se trata de un escenario imposible. Más bien pocos, diríamos. Lo más probable es que con el aterrizaje del primer helicóptero y los primeros féretros desfilando en televisión, al Gobierno le empezasen a flaquear las piernas porque rápidamente el 'no a la guerra' sin matices ganaría las calles. Ucrania, por mucho que insistamos en su anclaje europeo, queda mental y físicamente lejos para la mayoría de los conciudadanos. Pero como no estamos en guerra, o solo un poquito, no hace falta desgastarnos en estas cuestiones.

Aunque aterrizando en el campo de lo real, lo cierto es que las sanciones económicas a Rusia decididas por la comunidad internacional van a pasarnos factura. No tan dramática como ver morir compatriotas. Pero factura al fin y al cabo. E intentar determinar si la vamos a pagar con buen ánimo y convicción ya no entra en el terreno de la retórica. Porque lo que sí sabemos es que materialmente vamos a vivir peor. Y cuanto más se alargue el conflicto, más intenso será el dolor económico que sintamos. Josep Borrell lo dijo ayer bien clarito: “Las sanciones a Rusia tienen un coste. Los precios subirán y lo pagarán los consumidores”.

No hace falta repetir todas las cifras y argumentos que vienen publicándose en los análisis de estos días y que alertan sobre los riesgos para la economía española del escenario internacional. El resumen ejecutivo es el siguiente: las guerras son inflacionistas. Y como en España ya venimos de un escenario de inflación desbocada (7,4% interanual con el dato de febrero avanzado), empieza a no ser descabellado imaginar un escenario de subidas de precios de dos dígitos. Una bomba de relojería para millones de hogares y ciudadanos. Que la economía española no esté muy expuesta a Rusia ni Ucrania en comparación con nuestros socios europeos en el comercio de bienes (solo el 0,17% del PIB en exportaciones y el 0,7% en importaciones) no va a ahorrarnos quebraderos de cabeza por el incremento de los precios en los mercados internacionales del gas, petróleo, metales y cereales. Combustible para la inflación en la industria en general y especialmente sobre la agroalimentaria. Buena parte de la reactivación económica que tantas alegrías iba a darnos a cuenta del paquete de ayudas europeo y que iba a llevarnos a los niveles precovid puede irse al garete.

Vamos a seguir necesitando más dinero todavía para llenar el depósito y la nevera. Vamos a gastarnos —los que tuvimos la fortuna de conservar el trabajo— las reservas de ahorro forzadas por la pandemia en pagar más caro lo que compremos y no en comprar más. Y como vamos a ingresar lo mismo, el resultado salta a la vista: vamos a ser más pobres.

Y eso sin añadir la posibilidad de que Putin se revuelva contra las sanciones y reduzca, por ejemplo, la producción de petróleo o dirija su locura hacia el suministro de gas. Añadámosle, además, que el margen de ayuda a través de la política fiscal de las instituciones europeas es ya más bien pequeño. Los grandes cartuchos de incentivación de la economía ya se han gastado y, justo en el momento en que lo que tocaba era empezar a tomar medidas para controlar la inflación, aparece el riesgo de gripaje del motor caso de avanzar hacia escenarios más restrictivos de política monetaria. Nubes por todas partes. Malo o peor.

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España no tiene mucho que decir al respecto. Puede sumarse a las sanciones con mayor o menor entusiasmo y convicción. Pero su sitio está entre los furgones de cola del convoy, asintiendo. Son otros países los que actúan como locomotoras a la hora de establecer y escalar las sanciones. Pero eso no quita para que los españoles puedan y deban tomar conciencia del impacto que va a tener sobre ellos el escenario internacional que ha tomado forma con la invasión de Ucrania y la respuesta que se ha decidido dar a la crisis.

¿Cuál será el umbral de dolor económico de la sociedad española? Caso de cumplirse las previsiones más pesimistas sobre la evolución del conflicto, ¿cuánto empobrecimiento estamos dispuestos a asumir en nombre de la justicia y los valores democráticos? También estas son cuestiones imposibles de responder, pero a diferencia de la pregunta que encabeza el artículo, nacen de una realidad palpable.

Nacho Cardero apuntaba en su columna de ayer que “si Rusia se puede permitir una ristra de muertos dentro de su Ejército por la invasión de Ucrania, qué menos que sacrificar una parte de nuestro estado de bienestar para defender la libertad”. Lleva razón. Solo que una cosa es decirlo y otra es concretarlo sin que nos crujan todas las costuras.

En estos primeros días de pura emocionalidad, todos estamos dispuestos a poner encima de la mesa lo que haga falta en nombre de los grandes valores y la justicia universal. Pero en un conflicto bélico —y en eso estamos, aunque no vayamos a mandar soldados— la variable tiempo —duración— es muy relevante, como lo es también la concreción práctica de las consecuencias en el día a día de los ciudadanos.

Si Putin y sus oligarcas aguantan el envite, si la población rusa responde mayoritariamente culpando a Occidente de sus penurias económicas y no a su presidente, y, por tanto, el conflicto se enquista, tendremos tiempo para respondernos, nosotros y el resto de los europeos, si de verdad estamos dispuestos a pagar el precio de una guerra a costa de un bienestar que, por otra parte, para muchos viene siendo ya más bien escaso. Y esto último sí es un problema serio a la hora de asumir sacrificios sin que en paralelo asistamos a una peligrosa escalada de otra inflación: la del mal humor.