El PP mete la mano en la cartera de Vox con la ilegalización de partidos

Coincidencias o no tanto. Sea como sea, el mismo día que el PP aprovechaba la presentación de su enmienda a la totalidad a la ley de amnistía para abrir la puerta a la disolución de los partidos independentistas por la vía del nuevo delito de “deslealtad constitucional” prometido en septiembre por Alberto Núñez Feijóo, se daban a conocer más detalles de los intentos de los populares por tender puentes de diálogo con Junts antes y después del inicio de las negociaciones fórmales para constituir la Mesa del Congreso y la posterior investidura a resultas de las elecciones del pasado 23-J.

Sobre esas conversaciones entre populares y junteros poco hay que decir. La rehabilitación de unos mínimos espacios de interlocución entre unos y otros resultaba aconsejable dados los resultados de las elecciones generales. Que el PP quisiese poner el termómetro en la axila de Junts para determinar hasta qué punto tenía recorrido el giro pragmático que ya entonces se intuía a los de Carles Puigdemont era de lo más normal.

Que esos encuentros, se tachen de formales o informales, embarrancasen de inmediato también es entendible, incluso para un niño de primaria. El PP y Junts no podían avanzar en algo que asemejase un acuerdo por muchos motivos. El principal, más allá de lo que cada uno estuviese dispuesto a negociar, que Vox también estaba en la ecuación. Así que cualquier acercamiento a los independentistas hubiese significado el abandono del barco de los de Santiago Abascal. Una cuadratura del círculo imposible. También para Junts, a quien le hubiese resultado imposible manejar tal grado de contradicción y renuncia a sus postulados.

Lo más que podían ser aquellos contactos, en un marco de desesperación popular al ver que se les había escapado un Gobierno que ya preveían suyo, era el abrazar la utopía de que quizá lo imposible podía dejar de serlo y que, al menos, valía la pena comprar una participación —ni siquiera un décimo— de lotería. Por eso, esos contactos, ya fuesen directamente a través de miembros del PP como Daniel Sirera o Gónzalez Pons, o a través de otros nombres voluntariosos sin militancia, se aderezaron con declaraciones públicas que normalizaban a Junts como un interlocutor político válido. Pero finalmente sucedió lo único que podía acontecer: nada. Porque la aritmética del 23-J planteaba solo dos escenarios posibles: Sánchez presidente o nuevas elecciones.

TE PUEDE INTERESAR

El PP pone distancia con Vox y reivindica su plan para disolver partidos independentistas

Ana Belén Ramos

Pero, con el poso tan reciente de esos contactos de carácter casi iniciático, cuesta entender que finalmente el PP haya apostado por sumarse a Vox y abrir el melón de la ilegalización de los partidos políticos independentistas que apuesten —sin que sea necesaria su concreción— por la vía unilateral. Dejando al margen consideraciones de carácter jurídico sobre la constitucionalidad de la propuesta —España no tiene una Constitución militante que exija lealtad alguna—, cabe preguntarse sobre el razonamiento político que ha empujado a Feijóo a tomar esta iniciativa que va mucho más lejos que la recuperación del delito de sedición con el pomposo nombre de “deslealtad constitucional”.

Varias causas pueden explicarlo. En primer lugar, la inviabilidad de la propuesta. Estando en la oposición, uno puede darse el gusto de proponer todo lo que le venga en gana a sabiendas de que no va a hacerse realidad. Si damos por bueno que esta es una propuesta que el PP no contempla como factible en realidad, solo cabe entenderla por la vecindad de nuevas elecciones —gallegas, vascas y, particularmente, europeas— (la gran reválida frente al sanchismo) y la consiguiente convicción de que es hora de mantener alzada la voz y endurecer el tono.

Vox sigue marcando, pues, las decisiones de los populares en su intento de demostrar que en realidad su existencia es innecesaria y molesta

Para afearle al PSOE su entreguismo y competirle parte de su electorado, cierto. Pero sobre todo a Vox. En el PP ha hecho fortuna la teoría de que, a poco que pisen el acelerador, el partido ultraderechista se convertirá en un liliputiense y la gran familia popular podrá cubrir con su paraguas todas las sensibilidades de la derecha, incluyendo a la derecha alternativa, radical, nueva derecha, o como guste llamarse.

Esta suma de consideraciones, a las que hay que añadir que la legislatura acaba de empezar y que, por tanto, hay tiempo de sobra para matizarse o enmendarse a medida que pasen los meses y los años, explicaría el salto cualitativo del PP en el modo de afrontar la amenaza soberanista, apostando por disponer de una herramienta que permita su ilegalización a semejanza de la ley de partidos que en su día sirvió para sacar del tablero —solo que entonces a través de un gran consenso— a los partidos que daban cobertura política al terrorismo. Este tacticismo resulta comprensible, claro. Solo que, una vez se abre una puerta, nunca se sabe del todo si podrá volver a cerrarse.

Vox sigue marcando, pues, las decisiones de los populares en su intento de demostrar que, en realidad, su existencia es innecesaria, molesta y contraproducente, puesto que el PP ya recoge algunos de sus postulados en asuntos cruciales. Es una apuesta arriesgada si se mantiene a largo plazo. Primero, porque la desaparición o marginalidad de la extrema derecha va en contra del signo de los tiempos —si Vox se funde aparecerá un nuevo fusible— y, segundo, porque limita las posibilidades populares de manejarse desde una posición que permita alcanzar acuerdos con otras formaciones políticas con las que comparte elementos clave de gobernabilidad en asuntos sectoriales y económicos. No ahora, como hemos dejado escrito en las primeras líneas, pero sí en el futuro. Solo que el futuro, en política, solo alcanza las próximas elecciones. Y para ese futuro cortoplacista toca la mano más dura posible, piensan los rasputines.