COP 25 (II) Derechos de emisión de hidrógeno

El anterior artículo sobre la cumbre climática se titulaba “El difícil tránsito a la acción”. Tránsito ha resultado un término optimista. La COP 25 celebrada en Madrid bajo presidencia chilena se ha cerrado con un fracaso apenas disfrazado por un lenguaje diplomático cada vez más abstruso. El resumen es que cualquier acuerdo sobre los temas más relevantes queda aplazado a la cumbre del año que viene. Para todos los demás, faena de aliño.

Uno de los problemas aplazados es la creación de un mercado internacional de derechos de carbono. Bajo el principio de que quien contamina paga, todo emisor de CO2 debe tener en su poder derechos de emisión por un volumen equivalente al de sus emisiones.

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EFE

En el caso europeo, el mercado de CO2 creado en 2005, plantea varias dificultades. En primer lugar, se establecieron excepciones y se diferenció entre sectores sujetos y exentos. En números redondos, sólo un 45% de la industria europea está incluida en este sistema. El sistema está basado en una dinámica de “Cap and Trade”. Para cada emisor se establece un límite anual que se reduce en el tiempo. Si emite de más debe comprar derechos en el mercado. Si emite menos, puede venderlos e ingresar el importe correspondiente.

Por último, para evitar que la industria europea tenga incentivos a deslocalizarse, parte de los derechos de emisión se atribuyen a los emisores de forma gratuita y el resto se subastan. El volumen de los derechos a recibir de forma gratuita es función de la eficiencia energética del proceso industrial. Una instalación más eficiente recibe más derechos gratuitos que una que no lo es. El sector eléctrico no recibe ningún derecho gratuito porque puede repercutir su coste en el mercado. Este sistema se modificó en 2015 para reducir la oferta de derechos y forzar la evolución al alza del precio. En resumen, un mercado parcial, de elevada complejidad burocrática y cuya oferta debe ser intervenida para que el precio se sitúe dónde se considera necesario, merece la pena ser sustituido, como se señalaba en el artículo anterior, por una imposición al CO2.

Si emite de más debe comprar derechos en el mercado. Si emite menos, puede venderlos e ingresar el importe correspondiente

Al margen de la discusión teórica, es fácil comprender que el establecimiento de un mercado internacional de derechos de emisión tiene dificultades insalvables: definir los sectores exentos, fijar los límites máximos o el reparto gratuito de derechos. Para empezar, hay países que consideran que por su bajo grado de desarrollo todo su sector industrial debería estar exento y otros que sostienen que hasta que su consumo energético per cápita no se equipare al de los países desarrollados no deben aceptar ninguna limitación y, por tanto, no van a modificar sus planes de desarrollo.

Al margen de las dificultades intrínsecas de la creación de un mercado mundial, Estados Unidos se ha situado fuera de la ecuación y China e India no tienen interés alguno: incrementan sus emisiones a un ritmo notable año tras año y pretenden hacerlo así a lo largo de la próxima década. Estos tres países suponen el 50% de las emisiones mundiales.

Es fácil comprender que el establecimiento de un mercado internacional de derechos de emisión tiene dificultades insalvables

La importancia de este acuerdo inalcanzable es la necesidad de introducir en el mercado señales económicas que inciten a la transformación de nuestro sistema económico, basado en una energía suministrada por combustibles fósiles, que son abundantes, eficientes y, en términos relativos, baratos. Hay reservas disponibles de carbón para ciento treinta y dos años, de petróleo para cincuenta y de gas para cincuenta y uno. Todas ellas, en los últimos diez años, se han incrementado de forma notable.

La densidad energética por volumen de la gasolina y del diesel es muy superior a la de cualquier combustible alternativo. Pese a la baja eficiencia de los motores de combustión (la mayor parte de la energía no se aprovecha para mover el vehículo) la autonomía que otorgan los derivados del petróleo es muy superior a la de cualquier otro combustible.

Siempre nos gustaría que el petróleo y el gas, impuestos aparte, fueran más baratos. Pero el coste de las posibles alternativas es muy superior. Se habla del hidrógeno como sustitutivo futuro de los hidrocarburos tanto en el transporte como en procesos industriales que requieran la generación de calor.

La práctica totalidad de la producción mundial de hidrógeno se produce a partir del gas natural. Se mezcla con vapor de agua a elevada temperatura y se extrae el hidrógeno. El carbono sobrante se emite a la atmósfera. Es un proceso que genera emisiones. El hidrógeno así producido se denomina “hidrógeno gris”. La solución para transformar este hidrógeno “gris” en “azul” es capturar el monóxido de carbono y reutilizarlo. El coste de la captura y reutilización supera en mucho el coste de los derechos de emisión de CO2.

La práctica totalidad de la producción mundial de hidrógeno se produce a partir del gas natural. Se generan emisiones

Otra posibilidad es producir hidrógeno a partir de la electrolisis del agua. Una corriente eléctrica a través del agua separa el oxígeno y el hidrógeno. Si la electricidad utilizada procede de fuentes renovables el hidrógeno así producido se denomina “hidrógeno verde”. Si España alcanzara el 2030 el objetivo de que el 76% de su electricidad fuera de origen renovable, es muy probable que en días de viento y sol el coste de la electricidad sea muy reducido y permita una producción sistemática de hidrógeno. No obstante, estimaciones disponibles señalan que si se redujera a la mitad el coste de la obtención de hidrógeno por este procedimiento, objetivo que se podría alcanzar hacia 2040, aún sería el hidrógeno más caro que el gas natural.

El resumen es sencillo: lo que la tecnología permite, la economía desaconseja. Es cierto que la tecnología avanza y que las economías de escala se generan. Un proceso de subvenciones generalizado que haga posible inversiones masivas puede abaratar sensiblemente muchas tecnologías. El proceso de reducción de precio de las placas fotovoltaicas es ilustrativo. Al final, por muchas vueltas que le demos, el cambio de nuestro sistema productivo, de la forma de movernos, requiere incentivos económicos, en forma de subvenciones o impuestos, o regulaciones restrictivas que, en la medida que dificulten la opción más económica tendrán un efecto equivalente a un impuesto. Sin criterio económico, los principios de la Transición Energética no serán más que buenos deseos.