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El pacto imprescindible

Los imposibles necesarios son los que determinan la verdadera estatura política de quienes están obligados a entenderse

Foto: Un maniquí con mascarilla, en un escaparate de Pamplona, junto con un aviso que informa de que el establecimiento permanece cerrado. (EFE)
Un maniquí con mascarilla, en un escaparate de Pamplona, junto con un aviso que informa de que el establecimiento permanece cerrado. (EFE)

España se adentra en una recesión económica profunda e incierta. El consumo privado, elemento esencial de nuestro PIB, depende de la renta, la riqueza y las expectativas de los consumidores. El impacto en el empleo del parón económico inducido por las medidas para atajar la epidemia de coronavirus ha alcanzado en marzo, y alcanzará en abril y meses venideros, cifras antes nunca vistas. La caída de las bolsas ha erosionado ahorros y planes de pensiones. Sobre el ahorro inmobiliario, tan extendido entre nosotros, se cierne la doble amenaza de la pérdida de renta de los inquilinos y la obsesión de Podemos de dar carta de naturaleza al impago de alquileres. La vuelta a la actividad no es solo un problema de calendario. La cuestión clave es cuál será el nivel de actividad al que acomodar la marcha de las empresas.

Foto: Un supermercado en Londres. (EFE)

Las primeras medidas económicas adoptadas, de corte similar a las europeas, van en la dirección correcta: proporcionar liquidez a las empresas e ingresos a los trabajadores. Las piezas fundamentales son las líneas de avales que garanticen la concesión de créditos a empresas y autónomos y los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que permiten a los trabajadores cuya actividad ha sido suspendida ingresar el 70% de su sueldo.

Es comprensible que la concesión de avales del Estado y la aprobación de los ERTE estén sometidas al cumplimiento de determinados criterios, pero cuanto más se avance en la utilización de ambos instrumentos, más se mantendrá la estructura productiva existente y antes se podrá aprovechar una mejora en los niveles de actividad. Una empresa sin caja está muerta. Si hay gastos y no hay ingresos, o hay acceso a una financiación sin riesgo y en buenas condiciones o todo el personal acabará en el paro.

Foto: (iStock)

España tiene dos problemas adicionales que limitan la efectividad de estas medidas. La alta temporalidad del mercado de trabajo y el volumen de la economía sumergida. Cuando el ajuste se produce a través de la no renovación de contratos o afecta actividades económicas de las que no se tiene constancia, la ayuda estatal para capear la crisis no llega o lo hace de forma muy difuminada. Surge entonces la idea de la renta básica, tan acariciada por los dirigentes de Podemos. Vaya por delante que no debe quedar nadie desasistido en esta crisis, pero conviene tener presente que la renta básica existe en Andalucía y Extremadura desde hace años y se llama PER.

Nadie discute sus efectos positivos en cuanto a escala de renta y fijación de la población rural, pero nadie puede negar que las tasas de desempleo en Andalucía y Extremadura son inaceptables bajo cualquier estándar, incluso en los momentos en los que la economía española ha crecido a buen ritmo y ha creado un buen número de puestos de trabajo. La renta básica favorece la economía sumergida y es un desincentivo notable al trabajo. De hecho, la mano de obra agrícola en Huelva y Almería —las provincias más dinámicas en este ámbito— es sobre todo inmigrante. La situación del campo español en estas semanas, carente de jornaleros inmigrantes que recojan las cosechas, merece una reflexión.

Foto: La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero (i), y el ministro de Agricultura, Luis Planas (d), durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado este martes. (EFE/Moncloa)

Un pacto lo más amplio posible entre partidos políticos es imprescindible, tanto por los problemas que presenta la recesión económica en la que nos adentramos como por la necesidad de abordar reformas en profundidad de muchos aspectos de nuestra realidad política y económica. Hemos perdido cuatro años con gobiernos débiles, cuyos precarios equilibrios parlamentarios impedían abordar reformas imprescindibles. El mercado de trabajo, la economía sumergida o la renta básica son tres cuestiones importantes, pero la reforma de las pensiones, la financiación autonómica, el equilibrio presupuestario, el endeudamiento público y su senda de evolución a lo largo de los próximos años deben ser parte del acuerdo. España saldrá de esta crisis con un 20 o 30% más de deuda pública. Es imprescindible pactar su reducción en el tiempo si queremos mantener alguna capacidad de maniobra en términos de política fiscal en los próximos años.

Foto: EC.
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Otro problema que la crisis sanitaria ha puesto encima de la mesa es nuestro modelo de país. La mente política es fértil, la jurídica es diestra en la búsqueda de interpretaciones y matices y el papel lo aguanta todo, pero la realidad es terca como una mula. No somos capaces ni de contar los fallecidos a causa del coronavirus, porque no somos capaces ni de tener unos criterios comunes de cómputo. Francia traslada en trenes de alta velocidad pacientes de una región a otra para equilibrar la demanda de plazas hospitalarias. Aquí se publica como noticia que enfermos sorianos puedan ser atendidos en La Rioja.

Toda gestión requiere planificación, organización, recursos y método. Sin estos requisitos, quien se ponga a dirigir cualquier actividad corre el riesgo de parecer un pollo sin cabeza, que corre descontrolado a resolver cuestiones sobre las que ignora casi todo. Cumplidas estas condiciones, incluso en este ámbito sanitario descentralizado, hemos sido capaces, por ejemplo, de crear la Organización Nacional de Trasplantes, motivo de orgullo y admiración externa. No se trata, por tanto, como pueden querer algunos, de acabar con las autonomías. Se trata de planificar, organizar y establecer criterios comunes de actuación ante determinados supuestos. Criterios que una vez acordados deben ser legalmente exigibles.

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Un acuerdo como el descrito solo es factible desde la voluntad política de todos los intervinientes de alcanzar el éxito, lo que supone renuncias y generosidad. Requiere tiempo, esfuerzo y trabajo. Supone asumir que el interés general es la suma de todos los intereses y sensibilidades, no es la interpretación unidireccional y unipersonal de lo que nos conviene. En los tiempos de incertidumbre en los que nos adentramos, en buena parte del mundo la oferta política de autoridad y eficacia gana adeptos. Para que la libertad prospere, necesita el aditamento de la responsabilidad. Responsabilidad personal para aceptar que nuestras aspiraciones personales limitan con las aspiraciones personales de todos los que nos rodean. Responsabilidad política para alcanzar acuerdos y mantener la lealtad de respetarlos y hacerlos cumplir. Sin la responsabilidad de hoy, hipotecaremos la libertad de mañana.

Un acuerdo como el descrito parece hoy una quimera imposible, pero los imposibles necesarios son los que determinan la verdadera estatura política de quienes están obligados a entenderse.

España se adentra en una recesión económica profunda e incierta. El consumo privado, elemento esencial de nuestro PIB, depende de la renta, la riqueza y las expectativas de los consumidores. El impacto en el empleo del parón económico inducido por las medidas para atajar la epidemia de coronavirus ha alcanzado en marzo, y alcanzará en abril y meses venideros, cifras antes nunca vistas. La caída de las bolsas ha erosionado ahorros y planes de pensiones. Sobre el ahorro inmobiliario, tan extendido entre nosotros, se cierne la doble amenaza de la pérdida de renta de los inquilinos y la obsesión de Podemos de dar carta de naturaleza al impago de alquileres. La vuelta a la actividad no es solo un problema de calendario. La cuestión clave es cuál será el nivel de actividad al que acomodar la marcha de las empresas.