Reforma por derribo

Con los actuales equilibrios parlamentarios, no es fácil tramitar leyes. Pero ante necesidades acuciantes, no es admisible ponerse de perfil para evitar tensionar una frágil mayoría

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE)

Iniciamos un nuevo estado de alarma con la voluntad inicial del Gobierno de prorrogarlo por seis meses y con el toque de queda entre las 11 de la noche y las seis de la mañana como medida estrella. Es imposible creer que esta nueva medida será la panacea que ponga fin al crecimiento exponencial de los contagios. Si de verdad lo fuera, se habría puesto en práctica hace meses. También es difícil de explicar y de entender que los términos de aplicación de una restricción que ahora se considera fundamental sean diferentes en las distintas comunidades autónomas.

Los españoles, que somos mansos pero no estúpidos, hemos llegado a la conclusión de que ni el Gobierno central ni ninguna de las 17 autoridades competentes delegadas del actual estado de alarma saben cómo se producen los contagios, por la simple razón de que no existe un sistema de información consolidado ni hay una estructura de rastreo digna de tal nombre. Sin información fidedigna no hay diagnóstico, y sin diagnóstico no hay soluciones. Solo palos de ciego cuando los responsables políticos se estrellan con el muro de contagios, hospitalizados, internados en UCI y fallecidos. En su día, cerramos los parques y jardines, y ahora parece que el contagio al aire libre es casi inexistente. Sin que nadie nos haya dicho cuál es la tasa de contagios en las horas nocturnas, nos apresuramos a aprobar el toque de queda. Cuando esta iniciativa tampoco funcione, alguien sugerirá una nueva medida que poner en práctica. Se suple la falta de información con la improvisación de copiar aquellas medidas puestas en práctica por otras administraciones, bien sea países vecinos o la comunidad de al lado.

No es difícil montar un sistema de información. El mundo de hoy está lleno de ejemplos en los que la información fluye de forma fidedigna y en tiempo real. Transacciones financieras, compras por internet, control de existencias, control de ventas en redes comerciales minoristas… Toda la información de cualquier actividad económica o social es hoy en día susceptible de ser almacenada, analizada y tratada con el fin de extraer conclusiones útiles para la toma de decisiones.

Todas nuestras grandes empresas invierten cantidades notables de fondos en sus sistemas de información. Todas nuestras universidades y escuelas de negocios ofrecen formación en lo que se ha dado en llamar 'big data' y 'business intelligence'. Esta denominación un tanto pomposa —fruto del 'marketing' de los centros universitarios— no debe hacernos creer que el diseño de un sistema de información eficiente supone afrontar dificultades extremas. En ocasiones, basta con el diseño de una base de datos no demasiado compleja y disciplina en el suministro de la información. En España, en el ámbito sanitario, estamos muy lejos de tener nada que se parezca. El problema es que hemos superpuesto sobre una burocracia administrativa diseñada hace décadas una descentralización carente de criterios de coordinación y eficacia.

Pero no es solo la sanidad. Hoy es el día que muchos trabajadores acogidos a los ERTE aún no han cobrado su prestación y sobreviven gracias a sus ahorros y a los adelantos que sus empresas —las que pueden— les conceden con cargo a la prestación que vendrá. La explicación proporcionada es que la avalancha de solicitudes ha sobrepasado la capacidad del SEPE, carente de personal, para tramitarlas. De acuerdo con lo que se señala en su propia web, “el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es un organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social. El SEPE, junto con los servicios públicos de Empleo de las comunidades autónomas, forma el Sistema Nacional de Empleo. Este sistema asume las funciones del extinto Instituto Nacional de Empleo (INEM) desde 2003. Desde esta estructura estatal se promueven, diseñan y desarrollan medidas y acciones para el empleo, cuya ejecución es descentralizada, ajustadas a las diferentes realidades territoriales”. En otras palabras, y con disculpas anticipadas por la repetición, hemos superpuesto sobre una burocracia administrativa diseñada hace décadas una descentralización carente de criterios de coordinación y eficacia.

Los criterios de coordinación y eficacia que en estas líneas se reclaman requieren del correspondiente soporte legal. Con motivo del nuevo estado de alarma hemos vuelto hablar de la necesaria Ley Orgánica de Sanidad que permita en caso de epidemias como la que estamos viviendo la restricción de derechos fundamentales sin necesidad de recurrir al estado de alarma. Su elaboración ya se mencionaba en el acuerdo entre el Gobierno y Ciudadanos para la última prórroga del anterior estado de alarma. Pero nos equivocaremos si solo pensamos en hacer frente a emergencias sanitarias. El establecimiento de un sistema nacional de información sanitaria, el otorgamiento de la capacidad de fijar criterios comunes y reglas de actuación ante diferentes problemas sanitarios y la capacidad de exigir la necesaria lealtad institucional en una estructura de gestión descentralizada son cuestiones que esa nueva ley debería abordar. Con los actuales equilibrios parlamentarios no es fácil tramitar leyes, pero ante necesidades acuciantes no es admisible ponerse de perfil para evitar tensionar una frágil mayoría. Aunque lo taurino no esté de moda, conviene en ocasiones aplicarse aquello de “suerte, vista y al toro” y asumir riesgos en la arena parlamentaria si la ocasión lo merece.

Sanidad y Empleo son dos ejemplos evidentes de la necesidad de reformar en profundidad la Administración del Estado. Hay muchos otros: La justicia, la formación profesional o el sistema público de I+D requieren una profunda puesta al día y una adecuación racional a un sistema político descentralizado, o si se prefiere, cuasi federal. Una Administración eficiente es condición indispensable para un gobierno eficaz, sea del color que sea. Un gobierno eficaz es a su vez imprescindible para generar confianza en la ciudadanía. Uno de los mayores riesgos de este tiempo es que los gobiernos 'iliberales' o simplemente dictatoriales salgan revestidos de una aureola de eficacia debido a una mejor gestión de la pandemia.

El año 2021 se dibuja como uno de los más complicados de nuestra historia. Gracias a los ERTE y a los préstamos ICO nuestra economía vive anestesiada, pero antes o después habrá que vivir la realidad de la mayor caída del PIB de que se tiene noticia desde la guerra civil. Pero sigue siendo cierto que toda crisis encierra oportunidades: una de las más evidentes es reformar una Administración que se ha revelado incapaz de afrontar los retos que ha tenido y tiene que afrontar.

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