A la espera de 2022

El año que empezamos, a caballo entre la segunda y la tercera ola de infecciones por covid, debería ser un año de transición hacia la recuperación económica que tendría lugar en 2022, cuando los europeos recobremos la libertad de viajar sin preocupaciones, lo que devolvería nuestra principal industria, el turismo, a una situación de normalidad. Cuando empezamos a ver la luz al final del túnel, la tentación inmediata es dejarse llevar, pensar que este mal sueño termina.

Pero, en España, no deberíamos olvidar tres cuestiones:

• El tránsito a través de la crisis económica está siendo posible gracias a la intervención masiva de la Unión Europea y su inyección de fondos y del Banco Central Europeo, que con sus compras de deuda pública está posibilitando el esfuerzo presupuestario imprescindible para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia.
• Como nos recordaba Carlos Sánchez en un reciente artículo en este periódico, llevamos una década perdida, en la que hemos retrocedido en todos los indicadores económicos comparativos con los demás países europeos.
• Nuestro Estado autonómico es disfuncional. No sirve para lidiar con los problemas a los que nos enfrentamos.

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El apoyo europeo se mantendrá durante los próximos años, pero es por definición temporal y está condicionado a la ejecución de las reformas que nuestra economía necesita. Ello nos lleva a la segunda cuestión. En los últimos 10 años, hemos retrocedido. Nuestro PIB per cápita está por debajo del de 2010. Nuestro nivel de empleo es similar al de 2005, el desempleo y la temporalidad laboral son los más altos de la Unión Europea. El crecimiento de la productividad es inferior al de nuestros socios. Solo el 17,2% de nuestras empresas tiene más de 20 años. Para concluir este repaso a una década perdida, hay que mencionar que nuestro gasto en I+D se sitúa en el 56% de la media europea. No solo porque nos lo pide Europa: nuestra propia realidad demanda reformas profundas.

La primera es la del mercado de trabajo. Es necesario acabar con la dualidad entre contratos temporales e indefinidos. La temporalidad permite a las empresas ajustar sus plantillas a la situación económica con carácter inmediato, lo que garantiza su supervivencia en situaciones de crisis. El problema es que la alta tasa de temporalidad incide en la falta de formación y experiencia de quien encadena contratos temporales, lo que a la larga incide en la productividad general de nuestra economía. Soluciones hay varias: la 'mochila austríaca', propuesta por el Gobierno, puede ser adecuada. Desde el primer día, la empresa, además del salario y la Seguridad Social, debe dotar un porcentaje a determinar del salario del trabajador a un fondo, del que es titular el trabajador y que lleva con él cuando deja la empresa, ya sea de forma voluntaria o forzosa. La gestión del fondo se otorga a entidades financieras y los rendimientos son del trabajador, aunque el Estado garantiza el mantenimiento del 100% del capital invertido. El sistema no gusta a los empresarios, dado que encarece los costes de personal, ni a los sindicatos, dado que en la práctica liberaliza el despido, pero el mantenimiento de la actual dualidad del mercado laboral es insostenible.

"La otra cuestión del mercado laboral es el mantenimiento de la prevalencia del convenio de la empresa respecto al convenio sectorial"

La otra gran cuestión del mercado laboral es el mantenimiento de la prevalencia del convenio de empresa respecto al convenio sectorial o provincial. Mantener esta prevalencia, incluida en la reforma laboral del PP, es esencial. Nadie mejor que la propia empresa conoce su propia situación y la del mercado en que debe desenvolverse. Su propia competitividad es el elemento básico de su supervivencia. No tiene sentido someterla al resultado de una negociación mantenida fuera de su ámbito.

Hay más reformas por acometer: fiscal, pensiones o financiación autonómica, por poner algunos ejemplos, pero la amplitud de nuestro retraso relativo en I+D requiere una consideración especial. Es necesario que nuestras universidades y el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) generen muchas más patentes, creen sus propias empresas y acudan al mercado en busca de financiación, bien de entidades puramente financieras, bien de empresas españolas o extranjeras. Los creadores de la primera vacuna contra el covid proceden del ámbito universitario. Contaron con el apoyo del mundo financiero en la creación de BioNTech y su asociación con Pfizer les permitió alcanzar el éxito que hoy disfrutan. No se trata de emular su trayectoria. Se trata de modificar las restricciones a que están sometidas las instituciones públicas dedicadas a la investigación y de superar el endogámico ámbito cerrado de nuestras universidades para que una historia mínimamente parecida pueda ser posible.

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La disfuncionalidad de nuestro Estado autonómico no se circunscribe a la presente crisis sanitaria. Todo el encaje de competencias entre diferentes administraciones se ha construido desde una imprescindible perspectiva jurídica, pero obviando la realidad económica y sin considerar la eficiencia de los procesos de gestión que la Administración debe acometer. Sirva como ejemplo que en el ámbito de la Justicia conviven funcionarios estatales y autonómicos, y los medios materiales deben ser provistos por la correspondiente Administración autonómica. Ahora se habla de la digitalización de la Justicia con los fondos europeos. ¿Quién decide el 'software' a implantar? ¿Quién convoca el concurso? Cuando hablamos de Justicia, todos tendemos a pensar en el ámbito penal, pero una jurisdicción mercantil ágil es esencial para un buen desenvolvimiento económico.

La unidad de mercado y las economías de escala son dos variables imprescindibles para que la economía funcione. Si alguien tuviera la paciencia de recopilar y efectuar el análisis comparado de las infinitas reglamentaciones autonómicas sobre las más diversas materias, concluiría que España dista mucho de ser un mercado único, que el minifundismo empresarial se alienta desde las páginas de los boletines oficiales y que la cercanía al poder autonómico es mucho más importante que la competitividad de los bienes o servicios que una empresa ofrece al mercado.

"Aunque todos desearíamos que el final de la crisis fuera inmediato, 2021 será, en el mejor de los casos, un año de transición"

Aunque todos desearíamos que el final de la crisis fuera inmediato, 2021 será, en el mejor de los casos, un año de transición. Las transiciones no son malas, siempre que sirvan para establecer las bases que nos permitan recuperar el terreno perdido. El año que acaba de empezar es una buena oportunidad para afrontar las muchas reformas que España necesita y poder entrar en 2022, el año de la recuperación, con algunos deberes hechos.