Un año de política pandémica

Desde que Iván Redondo se convenció de que no había nada que ganar en términos de imagen política con la gestión de la pandemia, las instrucciones impartidas fueron claras: establecer un cortafuegos entre la crisis sanitaria y la Presidencia del Gobierno. Se decreta el estado de alarma por seis meses, lo que evita las comparecencias quincenales y la radiografía de la debilidad parlamentaria del Gobierno, y se nombra autoridades delegadas a los 17 presidentes autonómicos. La necesaria coordinación queda a cargo del Consejo Interterritorial de Salud, órgano carente de funciones ejecutivas. Cada comunidad autónoma toma las decisiones que considera convenientes para luchar contra la transmisión del virus.

El presidente del Gobierno abandonó el foco mediático en los aspectos negativos de la crisis, pero reclamó el protagonismo en el reparto de los fondos arbitrados por la Unión Europea para luchar contra la crisis económica. Es la propia Presidencia del Gobierno la que va a centralizar su reparto y adjudicación. Lo bueno para mí y lo malo a repartir. El problema es que lo bueno, cuando llegue, lo será con condiciones que hay que cumplir, y lo malo, el impacto diario de la enfermedad y de sus consecuencias económicas, siempre acaba por salpicar a quien ocupa el vértice del poder, por mucho que se ponga de perfil.

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La reforma integral del mercado de trabajo —no precisamente en la línea que quieren los sindicatos— y la reforma del sistema de pensiones son las dos medidas básicas que la Unión Europea solicita a España. El Gobierno ha optado por dilatar la negociación con Bruselas con el argumento del necesario acuerdo previo con los agentes sociales. En ninguna de las reformas solicitadas es fácil avanzar en la dirección requerida con Podemos como socio de gobierno. Además, en todas ellas se depende de socios parlamentarios cuyas decisiones no dependen del tema sujeto a debate sino del humor político que destile la evolución de su sempiterna aspiración independentista, como acredita que, tras las elecciones catalanas, el primer pacto de ERC fuera firmado con la CUP.

El intento del PSOE de construir una alianza más sólida con Ciudadanos pretendía reforzar su capacidad de maniobra ante las dificultades crecientes de alcanzar acuerdos con sus socios y el desgaste que esos mismos acuerdos y las cesiones inherentes le podían suponer. El error fue exigir una prueba de amor, aunque mayor fue la equivocación de Ciudadanos al acceder a concederla. El fracaso en Murcia y las elecciones en Madrid han puesto a los centristas, una vez más, en trance de dilución. UCD, CDS, el Partido Reformista Democrático de Garrigues y Roca, UPyD y ahora Ciudadanos son la evidencia empírica de que partidos de corte liberal, de crecimiento rápido, carentes de una estructura interna digna de tal nombre, son flor de un día en nuestro país.

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Las elecciones en Madrid giran en torno a la pandemia. No puede ser de otra manera: es la realidad cotidiana que vivimos. Ayuso defiende su modelo de gestión, menos restrictivo con la movilidad y más comprometido con la actividad económica. Es un modelo que ha ganado adeptos con el paso del tiempo. No le deben ir mal las cosas porque Pedro Sánchez, ajeno desde hace meses en sus declaraciones a la gestión de la pandemia, ha saltado al ruedo para contarnos que las cifras de contagio de la Comunidad de Madrid son artificialmente bajas y que para finales de agosto estaremos vacunados 33 millones de españoles.

Quien, con el Instituto Nacional de Estadística a su disposición, ha renunciado desde el principio a construir una estadística rigurosa sobre los efectos de la pandemia carece de credibilidad para poner en duda la veracidad de unas cifras parciales. Todos sabemos que lamentablemente los fallecidos por covid superan en bastantes miles los números que figuran en la estadística de Sanidad.

Cuando se cede la gestión a las comunidades autónomas, hay que asumir que van a surgir modelos alternativos, algunos de los cuales pueden, con razón o sin ella, gozar de un favor popular superior. A fin de cuentas, el modelo de Madrid se asienta sobre la convicción de que la gente se contagia más en una reunión familiar en casa que tomando algo en una terraza, en la que los responsables del establecimiento se ocupan de mantener unas ciertas normas. Es una idea que a lo mejor no resulta descabellada. Si cuando se producen retrasos en la disponibilidad de vacunas la responsabilidad resulta ser de la Unión Europea y cuando el ritmo de vacunación es lento la culpa es de las autonomías, resulta chocante que el presidente Sánchez se atribuya como mérito propio que el 70% de los españoles estemos vacunados al terminar agosto.

Se comprende también con dificultad que se decrete por anticipado que el estado de alarma no se prorrogará más allá del 9 de mayo y que, como consecuencia, sean los distintos tribunales de Justicia autonómicos los que puedan eventualmente aprobar la restricción de derechos fundamentales. No parece mucho pedir que el ejercicio de nuestros derechos fundamentales lo regulen las Cortes, como máximo exponente de nuestra soberanía. Como ninguna autonomía tiene competencias en materia de política exterior, volveremos a vivir con perplejidad cómo extranjeros con PCR pueden desplazarse a regiones de España cuyo acceso está vedado a los propios españoles.

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La administración de vacunas, todas ellas ideadas, testadas y aprobadas en tiempo récord, con grupos de ensayo relativamente reducidos, con estudios efectuados en distintos momentos temporales y en diferentes regiones del mundo, requiere una pedagogía y un criterio comunes. Con la información fluyendo en tiempo real, como debe ser, es imprescindible evitar vaivenes que socaven la confianza de los ciudadanos. No parece tan difícil demostrar que es muchísimo más alta la posibilidad de sufrir un trombo si enfermas de covid que si te inyectan la vacuna de AstraZeneca.

Los gobiernos pueden ponerse de perfil, pero a la larga es siempre más rentable asumir el protagonismo de lidiar con las dificultades sobrevenidas. El asalto al poder en Murcia, transferir a la comunidades la gestión de la pandemia y el desorden y desconcierto subsiguientes están en el origen de las dificultades que, sondeos en la mano, el Gobierno tendrá que asumir a partir del 4 de mayo. Con Iglesias sin ataduras gubernamentales y con Ciudadanos en estado terminal, la vida le resultará, como mínimo, más difícil.