Posdata: Zapatero explica una lección política que no deberíamos olvidar

Fue una tragedia evitable, y también un ejemplo de la respuesta que las instituciones nunca deben dar. El lunes 26 de mayo de 2003, hoy hace 20 años, un avión se estrelló contra el monte Pilav en Trebisonda (Turquía). En él viajaban 62 militares españoles que regresaban a España tras cumplir su misión en Afganistán. Fue un accidente consecuencia "de un piloto borracho", de una "tripulación cansada, que llevaba muchas horas seguidas de vuelo", de "malas condiciones atmosféricas" y de tantas otras explicaciones que señalaban circunstancias azarosas, imprevisibles o desgraciadas. Fue más que eso: el "error humano" al que se atribuyó el accidente encubría algo mucho más oscuro.

La noticia golpeó al entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, y al ministro de Defensa, Federico Trillo, justo el día después de unas elecciones municipales y autonómicas complicadas. El PP había soportado mucha animadversión popular por la guerra de Irak y por el Prestige, y temía una factura electoral que no se produjo. Quedaban unas elecciones generales pendientes, que se produjeron al año siguiente, y esta catástrofe, si se manejaba mal, podía reforzar el marco de desgaste previo.

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La indignidad

48 horas después del accidente, se celebró un urgente funeral de Estado en la base de Torrejón, con la presencia del Rey. Fue un acto muy tenso, en que los familiares de los militares increparon a Trillo y al Gobierno, con gritos "de los habéis matado", "los habéis dejado morir", "los aviones no estaban en condiciones" y algún insulto personal. La inusual rapidez con que se había llevado a cabo la identificación de los cadáveres, dado que el avión se había estrellado contra una montaña en una zona remota, y las imaginables dificultades de reconocimiento de los cuerpos en una tragedia de esas características habían generado muchas sospechas. Hubo quienes querían abrir los féretros. En la retransmisión televisiva del funeral, los gritos de los familiares fueron silenciados.

La justicia que dictaron los tribunales fue negada por la realidad política. La condena fue meramente simbólica

Casi inmediatamente después del accidente, los familiares constituyeron una asociación para investigar los hechos y aclarar las numerosas dudas acerca de la versión oficial. Viajaron a Turquía, provistos de muestras con las que cotejar aquellas que los forenses turcos habían guardado de los fallecidos. Se constató entonces lo que sospechaban: las identificaciones no habían sido tales, sino que en muchos casos se limitaron a repartir los restos al azar, como si fuera una partida de cartas. Los familiares no habían enterrado a sus hijos, maridos o padres, sino los restos de otros fallecidos; a la tragedia se sumaba un engaño indigno.

El largo procedimiento judicial que iniciaron terminó con tres condenados por falsedad documental, el general Vicente Navarro y los comandantes sanitarios José Ramón Ramírez García y Miguel Ángel Sáez García, considerados cómplices del primero. El general Navarro falleció a causa de una enfermedad, y la condena a 18 meses de prisión, un año de inhabilitación especial y una multa de 900 euros por falsear la identidad de 30 de los 62 militares de los otros dos imputados no llegó a ejecutarse: fueron indultados con el Gobierno de Rajoy. La justicia que dictaron los tribunales fue negada por la realidad política. La condena fue meramente simbólica. Sáez era capitán cuando ocurrieron los hechos y posteriormente ascendió a comandante.

Las inexplicadas subcontratas

La segunda pregunta para la que los familiares buscaban respuesta era obvia: qué hacían las tropas españolas regresando a nuestro país desde Afganistán en un avión ucraniano en condiciones muy deficientes. Y no ha obtenido contestación. Quedó demostrado que el Ministerio de Defensa había suscrito un contrato con Namsa, una empresa de la OTAN domiciliada en Luxemburgo, por 149.000 euros. Esta derivó el encargo hacia Chapman Freeborn, radicada en Alemania, que tras percibir 24.043 euros, subcontrató el viaje a Volga Dnieper (Irlanda) y Adriyatik Ltd. (Turquía). Estas detrajeron 81.257 euros y delegaron en JTR Company Sal (Líbano), que percibió 5.258 euros. El viaje lo acabó realizando el último eslabón de la cadena, UM Air (Ucrania), por 38.422 euros.

"Se están generando altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS"

Esta sucesión inexplicada de subcontrataciones fue objeto de un procedimiento judicial, en la medida en que había generado riesgos innecesarios a las tropas españolas. Así lo habían manifestado algunos militares respecto de vuelos previos —incluso afirmaron que tenían más miedo de los aviones que de los talibanes—, e incluso existió un informe del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército (Ciset), emitido un mes antes del accidente, en el que se concluía que "se están generando altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS, cuyo mantenimiento es como mínimo dudoso".

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El intento de procesar a Federico Trillo y seis mandos de su cúpula militar por estos hechos fue archivado por el entonces juez Fernando Grande-Marlaska, hoy ministro de Interior, al entender que no existía ninguna relación causa-efecto entre las irregularidades del proceso, las malas condiciones de los aviones contratados y el siniestro. Un informe del Consejo de Estado, aprobado por unanimidad el 20 de octubre de 2016, dio la razón a los denunciantes y se la negó al juez: "Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente. Dicho con otras palabras, pudieron ser advertidas circunstancias que habrían llamado a la adopción por los órganos competentes de medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría". Fue una victoria de los familiares, aunque se quedó en el plano moral: el informe carecía de efectos más allá de los declarativos.

Las instituciones, contra las víctimas

El tercer aspecto que debe recordarse de esta tragedia es en apariencia menos relevante, pero es uno de los que más profundamente afectan al desprestigio institucional, además de resultar emocionalmente muy dañino para los familiares. El Ministerio de Defensa, encabezado por Trillo y por su entonces número tres, Javier Jiménez Ugarte, en lugar de ofrecer una respuesta reparadora, se constituyó en el obstáculo principal a la hora de conseguir que la verdad apareciese. La manera en que trataron a los familiares para que desistieran de sus propósitos, con amenazas, acusaciones de "traidores y antiespañoles", de "causar vergüenza a los fallecidos" (incluso miembros de la asociación aseguraban tener el teléfono intervenido), añadió la humillación a la tragedia. Actuar de esa manera implicaba supeditar los valores sociales a finalidades particulares, aquello que nunca deben hacer las instituciones: era mucho más importante echar tierra sobre el asunto por conveniencia política y electoral del partido en el Gobierno que ayudar a quienes habían sufrido una desgracia.

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La verdad y la justicia

Es conveniente resaltar que el Estado no siempre actuó de manera deficiente. La llegada de José Bono al Ministerio de Defensa, tras las elecciones de 2004, cambió sustancialmente la actitud. Su disposición a ayudar y su apoyo decidido para la identificación de los cuerpos y el esclarecimiento de los contratos supusieron un viraje notable respecto de la Administración precedente. El mismo día que Zapatero tomó posesión como presidente del Gobierno, además de analizar la retirada de tropas de Irak, se trataron las iniciativas que debían adoptarse en relación con el accidente del Yak-42.

El dictamen del Consejo de Estado ratificó de manera contundente las tesis mantenidas por la asociación de las víctimas

La historia del Yak-42 es trágica, pero no puede decirse que la pelea de las víctimas no obtuviera resultados. Ha sido agridulce: consiguieron la identificación correcta de los cuerpos, decisiones favorables en los tribunales, se consiguieron indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil y se concedió a título póstumo el ascenso honorífico a los 62 militares fallecidos. Además, el dictamen del Consejo de Estado ratificó de manera clara las tesis mantenidas por la asociación de las víctimas. La parte amarga es lo que queda por conocer de la verdad de esas subcontratas, y que los responsables no solo salieron sin perjuicio del asunto, sino que además fueron ascendidos. Los decisores políticos fueron convenientemente recolocados en puestos de prestigio, con Trillo como embajador en Londres y Ugarte en Suecia. Han logrado que buena parte de los hechos se conozcan, pero han conseguido escasa justicia. Los colectivos de víctimas siempre señalan un objetivo adicional, que podría enunciarse así: "Que esto sirva para evitar que hechos como estos vuelvan a ocurrir". La pregunta última, por tanto, es si nos han enseñado algo en este sentido.

Posdata

Al terminar de redactar el texto, recibí la contestación del expresidente Zapatero a varias preguntas que le había formulado sobre el Yak-42. Reproduzco íntegramente una de ellas, la referida a las lecciones que esta tragedia nos ha dejado:

"Sí, hubo una lección que aprender, que nosotros tuvimos muy en cuenta y que posiblemente también los gobiernos que nos sucedieron. Porque ya se había reaccionado de manera análoga con el Prestige. Cuando ocurre un accidente, una desgracia, ya sea por causas estrictamente naturales o con la concurrencia de errores o imprudencias, la obligación del Gobierno, de la Administración, es reaccionar con rapidez y empatía, informar con claridad, poner medios para reparar o aliviar las consecuencias y abrir, en su caso, las investigaciones procedentes. Ese debe ser siempre el protocolo. Durante mi etapa de Gobierno, sufrimos algunos incendios muy graves, accidentes militares y de la aviación comercial. Y procuramos tener presentes esas pautas de actuación, que se supervisaban por la propia Presidencia o Vicepresidencia política del Gobierno.

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Ante todo, porque lo requieren la responsabilidad y ética democráticas —¡cómo nos va a extrañar que ante las desgracias los ojos de los ciudadanos se dirijan al Gobierno!—, pero también por puro sentido común político: quien cede a la tentación de ponerse de perfil, de escamotear responsabilidades, de echarles la culpa a los demás… lo acaba pagando políticamente, como pone de manifiesto el suceso cuyo vigésimo aniversario ahora recordamos".