El chollo envenenado de los sueldos de la política en España

El grave problema de la política en España no es cuánto cobran los políticos sino cuántos sueldos pueden designar a dedo. Los 1.482 altos cargos en nómina, entre presidentes autonómicos, vicepresidentes, consejeros, directores generales, secretarios, directores y gerentes de organismos públicos, cuestan a las arcas públicas unos 100 millones de euros (sin contar País Vasco y Navarra). ¿Eso es mucho o poco? Depende. Tal vez la clave sea otra: ¿para qué sirven todos ellos? O mejor dicho, ¿a quién?

Cuando en un país tantos puestos dependen de quién gana las elecciones, no debería extrañarnos que acaben siendo servidores de un partido, que es quien les pone el sueldo, en lugar de velar por el interés público. En España, comparativamente con los países del entorno, por lo general los políticos no están tan bien pagados como pueda parecer. Xavier Coller, catedrático de Sociología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, lleva años analizando los currículos de los políticos en España. Su formación está por encima de la media europea. Sus sueldos, por debajo.

En España, comparativamente con los países del entorno, por lo general los políticos no están tan bien pagados como pueda parecer

Los políticos y altos cargos están teóricamente mejor formados que la gente que accedía a esos mismos puestos en las administraciones públicas autonómicas y locales hace 40 años. Sin embargo, un alto nivel de estudios no garantiza necesariamente que conozcan ni sirvan mejor a la sociedad que representan. La titulitis puede ser contraproducente si no es más que un simulacro para enmascarar las carencias de quienes no han hecho otra cosa que militar en sus partidos desde la adolescencia y necesitan aparentar méritos académicos a falta de los profesionales.

Un sistema de nombramientos a dedo, como explica el politólogo Víctor Lapuente en su libro ‘Organizando el Leviatán’, desincentiva una relación eficiente entre políticos y altos cargos de la Administración. Estos tendrían que trabajar ‘con’ los representantes elegidos en las urnas, pero no ‘para’ ellos. Por eso, según las investigaciones de este catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Gotemburgo y profesor de Esade, el principal problema en España, tanto para prevenir la corrupción como para garantizar una buena calidad de los servicios públicos, no es ni cuántos funcionarios hay (España está por debajo de la media de la OCDE) ni cuánto cobran los políticos. Mucho más dañina resulta lo politizada que está la selección de los altos cargos, porque es ahí donde yacen las redes clientelares.

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Cada vez que hay elecciones autonómicas, miles de cargos públicos en España dependen del resultado. ¿De verdad tiene sentido que las personas encargadas de gestionar el servicio de emergencias de una comunidad, de supervisar la recogida de basuras de un pueblo o los polideportivos de una localidad dependan de su cercanía a cierto color político y no de la aptitud y la experiencia acumulada para el cargo?

Cuando el futuro laboral de un militante político depende de sus contactos y no de su experiencia laboral para conseguir un empleo, es más probable que se esmere en lo primero que en lo segundo. El desprestigio aleja el talento de la política y el dinero a dedo acerca a los pelotas, lo que a su vez desprestigia más la política. En esta espiral de la mediocridad, en la que el que se acerca a la política tiene muchas posibilidades de acabar chamuscado, mucha gente válida no se siente atraída para involucrarse en una profesión cada vez peor vista. Ni bajar ni subir los sueldos arreglaría el problema. Ayudaría mucho más acabar con los dedazos del político de turno.

Un sistema de selección de unos servidores públicos realmente independientes mejoraría a su vez la calidad de los propios políticos. Si los altos cargos no dependieran tanto de sus relaciones personales como de su talento, ejercerían el control necesario sobre los representantes electos en las urnas. Lapuente, que ha investigado a fondo los entresijos de las administraciones públicas y su relación con la corrupción, me ha reconocido en alguna ocasión que no ha logrado averiguar cuántos sueldos públicos dependen en España de quién gobierna. Son tantos que no es posible saber el número exacto de asesores, gerentes y demás cargos afines en todos los niveles de la Administración. En algunos países escandinavos, sin embargo, son tan pocos los cargos públicos que dependen del Gobierno de turno que se cuentan con los dedos.

Ni bajar ni subir los sueldos arreglaría el problema. Ayudaría mucho más acabar con los dedazos del político de turno

Las leyes de transparencia, afortunadamente, están ayudando a mejorar poco a poco las cosas. El Gobierno de Rajoy empezó a recopilar información sobre las retribuciones que perciben los altos cargos autonómicos y locales en 2014, cuando con la crisis saltaron todas las alarmas de la reducción del gasto. La mayor transparencia en el gasto del dinero público es imprescindible para que los políticos, al menos, deban rendir cuentas a sus ciudadanos de los sueldos que pagan y a quién. Sin embargo, todavía nos falta mucha más cultura de la transparencia. La información sobre los sueldos públicos que hoy publica El Confidencial ha sido remitida por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, después de negarse a hacerlo en un primer momento. Al final, no han tenido más remedio, en cumplimiento de una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). Debería ser automático.

El deterioro de la clase política es percibido por los españoles como uno de los grandes problemas del país. Es urgente mejorar el sistema de nombramiento de altos cargos de la Administración, así como un mayor control de la ristra de asesores que tiene cada político y los criterios de selección de estos. Es fundamental que los políticos cuenten con la ayuda necesaria para tomar las decisiones correctas en el ejercicio de su cargo. Tener más asesores no debería ser un problema, sino parte de la solución. Pero conviene dar un repaso a los criterios de selección para desideologizarlos. La calidad de un experto en medioambiente o en sanidad no debería depender de su ideología. Mientras en España los partidos actúen como agencias de colocación en la Administración, el problema no será cuánto cobran estos cargos, sino quién los nombra. Y cuando un país se siente gobernado por inútiles, no es extraño que el sueldo de sus representantes siempre parezca demasiado.