Qué pasaría si Junts y ERC fueran ilegalizados

No hay espíritu navideño que pueda con las pulsiones más radicales de algunos actores políticos que han decidido estirar el chicle de la convivencia hasta que se rompa. La violencia que practica Vox ya no solo es retórica; poco a poco, los insultos, las amenazas abrieron el paso a acciones reales como el hostigamiento a las sedes socialistas, a las del apaleamiento de una piñata con cara de Sánchez o a la de Ortega en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Real, también es la propuesta de Vox de ilegalizar los partidos que promuevan la independencia de una parte del estado. Tan real, como que el PP de Feijóo ha copiado la propuesta haciéndola suya. Pero ¿qué supone esta medida, qué pasaría si se aprobara?

La ilegalización de un partido político en una democracia es limitar el derecho básico y fundamental de libre asociación política y, por lo tanto, restringir la capacidad del sistema de representar a los ciudadanos. En nuestra democracia, la única restricción a este derecho está relacionado con el apoyo al terrorismo y la justificación de la violencia en cualquiera de sus formas. El resto de ideas políticas, por más extremas, reaccionarias o nostálgicas del franquismo que estas puedan ser, no están prohibidas y, por lo tanto, son admitidas. De hecho, no son pocos los que en España justifican la pertinencia de una ley como la alemana que prohíbe el enaltecimiento del nazismo y la incitación al odio racial.

PP y Vox, con la propuesta de ilegalizar los partidos que promuevan referéndums pro independencia o que la proclamen, están abogando por limitar la expresión democrática de España ilegalizando a aquellas formaciones que son independentistas y cuyo máximo objetivo político es conseguirlo. Además de un titular, para continuar pedaleando el coste político de la amnistía, es una de las propuestas más antidemocráticas y peligrosas que se ha lanzado en mucho tiempo en la política nacional. Las implicaciones serían enormes, tanto a nivel nacional, como internacional.

Esta ilegalización de forma inmediata aumentaría el apoyo electoral hacia estos partidos, generando una corriente de simpatía hacia ellos. En primer lugar, porque el mero hecho de su ilegalización los haría más atractivos para un porcentaje de la población que hacen de la antipolítica su principal causa que se sumarían a las amplias bases electorales que ya tienen. En segundo lugar, porque aquellas personas que los han votado anteriormente se sentirían expulsados por un sistema que ilegaliza sus ideas, generando una desafección total hacia el estado y sus instituciones. En tercer lugar, la independencia ya no sería únicamente una causa política nacionalista, sino la lucha por la misma democracia, como ya ocurrió en la dictadura.

TE PUEDE INTERESAR

El PP pone distancia con Vox y reivindica su plan para disolver partidos independentistas

Ana Belén Ramos

Además, España sería tremendamente cuestionada a nivel internacional como una democracia plena. Tanto Vox, como algunos del PP, han acusado al gobierno de coalición progresista de ir hacia la vía Venezuela, han tachado a Sánchez de dictador. Sin embargo, son estos partidos los que están queriendo ilegalizar partidos como hacen las democracias que caminan hacia las dictaduras con paso firme y decidido: porque lo primero que hacen es ilegalizar las ideas contrarias. Las organizaciones internacionales condenarían y sancionarían a España por limitar la expresión política. Estas multas también afectarían a nivel económico al país, resintiendo sobre todo nuestra balanza comercial y la imagen de un país que vive también del turismo internacional. Posiblemente, la primera repulsa vendría por parte de la Unión Europea, que podría tomar medidas contra nuestro país, quién sabe si la expulsión de la unión.

Desde las instituciones españolas, siempre se ha demandado a los partidos independentistas que utilicen los cauces constitucionales para conseguir sus objetivos y cuando no lo han hecho, como en el año 2017, la justicia ha actuado con contundencia. Este argumento pierde todo su peso, cuando algunos de los actores principales del sistema democrático español tienen como única opción para los desafíos territoriales ilegalizar a los partidos que los promueven. Además, esta ley incentiva que los movimientos secesionistas quieran actuar al margen del sistema porque este les expulsa y, por lo tanto, les anima a deslegitimar el sistema español tanto como a querer uno alternativo en el que quepan sus postulados.

Las protestas sociales hubieran explotado con mayor intensidad en las calles, generando más alteraciones de la paz social de las que ya hubo

Imagine el lector/ lectora que en el año 2017 esta ley de PP y Vox hubiera estado vigente. Junts y ERC hubieran sido ilegalizados por los tribunales. El shock para Cataluña, a nivel político, hubiera sido enorme. Una gran mayoría de la población, compuesta por votantes independentistas, pero también, por ciudadanos demócratas que no votarían partidos independentistas, hubieran censurado el movimiento, seguramente dejando de legitimar el sistema con su voto… y quién sabe, cómo expresando su malestar. Las protestas sociales hubieran explotado con mayor intensidad en las calles, generando más alteraciones de la paz social de las que ya hubo con las sentencias posteriores. La repercusión internacional hubiera sido todavía mayor, con consecuencias nefastas para la imagen de nuestra democracia. Y el mensaje que se hubiera enviado es que la España que supo integrar el franquismo sociológico en el sistema democrático, casi 40 años después, expulsaba a quien formaron parte del consenso constitucional. La brecha emocional hubiera sido irreparable. Ni indultos, ni amnistías, ni una derogación de esta ley posterior podría eliminar la herida en una parte de la población catalana que irremediablemente estaría fuera del sistema, porque se les habría echado.

Este ejercicio de política ficción es obviamente la mirada personal de la que lo escribe. Sin embargo, los hechos están ahí. Cuando el PP ha gobernado en España sin una mirada plural de nuestro país, sin integrar a las minorías catalana y vasca en la gobernabilidad, contra las lenguas cooficiales, los desafíos independentistas han crecido en apoyo popular, en presencia mediática y en base electoral. El plan Ibarretxe o la consulta ilegal independentista de Puigdemont se llevaron a cabo con los gobiernos del PP.

De Vox no se puede esperar más. Sin embargo, sería bueno que el PP rechazara hacer seguidismo de los que han traído la violencia

La propuesta del PP y Vox no es del todo original. En el año 2003, Aznar intentó modificar el código penal para penar con cárcel de 3 a 5 años las consultas populares. 8 años más tarde, el Tribunal Constitucional lo declaró inconstitucional porque se pretendieron modificar el Código Penal vía enmiendas en la tramitación de una ley de arbitraje. Para entonces, ya gobernaba Zapatero, que había derogado la ley. Aunque el Constitucional no entró en el fondo, el varapalo al gobierno de Aznar fue sonado.

Esta ley de PP y Vox es muy cuestionable desde el punto de vista constitucional. Según la carta magna, en su artículo 6, "los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley". En ningún momento, la Constitución Española dice que los partidos políticos deban defender la unidad del estado o que no puedan promover acciones, que dentro de la ley, pretendan sus objetivos políticos. Todo lo contrario, ilegalizar partidos políticos limitaría el pluralismo político de nuestra democracia, y, por lo tanto, contravendrían el espíritu de la Constitución. De Vox no se puede esperar más que lo que ya están haciendo: dinamitar los consensos constitucionales. Sin embargo, sería bueno que el PP rechazara hacer seguidismo de aquellos que han traído la violencia a nuestras instituciones.