Hace unos meses, publicaba en este mismo medio una tribuna sobre las dificultades del empresario, especialmente de la pequeña y mediana empresa, para cumplir la ley y el gran reto que debería plantearse el legislador de legislar menos y mejor.

La cuestión tiene gran trascendencia para la economía. No es mi propósito ahora repetir lo que decía entonces. Baste recordar que existen en España más de 100.000 normas legales, dos tercios de las cuales corresponden a legislación autonómica, una producción normativa muy superior a la de los países con mayor desarrollo económico.

Si a ello añadimos que las instituciones europeas aprueban alrededor de 3.000 normas jurídicas al año, es decir, 12 normas jurídicas cada día laborable, nos encontramos con un inmenso mar normativo donde conviven y se articulan, muchas veces sin ningún acierto, las legislaciones europea, estatal, autonómica y local.

Cada año se publican en España alrededor de un millón de páginas con normativa legal

Si a este panorama le sumamos el hecho de que las políticas legislativas de cada uno de estos ámbitos, de haberlas (en el mejor de los casos), difieren notablemente, nos encontramos con una profusión normativa no solo difícil de comprender sino, si hubiera mente humana capaz de conseguir tal cosa, imposible de abarcar.

Tal exuberancia normativa tiene evidentes consecuencias para el desarrollo económico. Cosa que, visto desde fuera, parece importar bastante poco al legislador. Acaso porque no saben legislar mejor, o no son capaces de ponerse de acuerdo para lograr una articulación normativa más racional y sencilla y, en definitiva, más eficiente.

Fruto de este desconcierto normativo, se viene hablando desde hace algún tiempo de 'smart regulation', regulación inteligente o, como prefiero llamarlo, simplificación normativa, que no es otra cosa que la necesidad de legislar de una manera razonable, simple y práctica.

La CEOE lleva tiempo advirtiendo de que con la actual situación de exceso normativo, las empresas tienen más difícil poder centrarse en sus negocios

La CEOE lleva tiempo advirtiendo de que con la actual situación de exceso normativo, las empresas tienen más difícil poder centrarse plenamente en sus negocios y, en definitiva, en la generación de riqueza y la creación de empleo. Las empresas se encuentran frente a unas exigencias de cumplimiento que implican una alta inversión en recursos, lo cual merma la posibilidad de realizar inversiones para la mejora de las estructuras productivas y la generación de negocio. Estas dificultades las sufren muy especialmente las pymes, con recursos mucho más limitados que las grandes corporaciones.

Se legisla de manera compulsiva y muchas veces improvisada. Se legisla para ejercer el control, para evitar riesgos, para reducir los ilícitos que puedan cometer las empresas. Nunca se había legislado tanto, y nunca la litigiosidad había sido mayor.

Íntimamente ligado al problema del exceso de producción normativa está el de los costes y cargas administrativas que soportan las empresas, igualmente desproporcionados, de nuevo con especial impacto en las pymes. A nivel europeo, la Oficina Central de Planificación de los Países Bajos hizo un estudio sobre este problema y estimó que una rebaja del 25% de las cargas administrativas que soportan las empresas repercutiría en un incremento del 1,6% del PIB de la Unión Europea.

Toda regulación debe encontrar un equilibrio entre las ventajas que da y las restricciones que impone

Siguiendo con otro estudio europeo, en el año 2000, los ministros europeos de Administraciones Públicas encomendaron al presidente honorario del Consejo de Estado en Francia, Dieudonné Mandelkern, la coordinación de un estudio sobre el marco regulatorio en Europa. Este estudio culminó con un informe en el que, entre otras conclusiones, se consideraba la calidad regulatoria como un bien público en sí mismo considerado, y se recogía el principio de proporcionalidad, en el sentido de que toda regulación debe encontrar un punto de equilibrio entre las ventajas que ofrece y las restricciones que impone. Este punto de equilibrio es en el que debería fijarse el legislador para legislar de una forma sencilla y racional, coordinada y estructurada, centralizada en lo posible. Una legislación que sea fácilmente inteligible y accesible, con una buena técnica legislativa y unos textos de fácil interpretación.

La simplificación regulatoria, garantía de seguridad jurídica, requiere de un cambio profundo en la política legislativa y en la cultura del legislador, una buena planificación y una orientación a la eficacia del sistema regulatorio en su globalidad. Pero, antes de nada, una toma de conciencia del problema y voluntad de afrontarlo.

La simplificación regulatoria, garantía de seguridad jurídica, requiere de un cambio profundo en la política legislativa y en la cultura del legislador

Comenzaba hace unos meses un artículo citando al gran Cayo Cornelio, cónsul e historiador romano, que hace 2.000 años advertía de que “cuanto más corrupto es el Estado, más leyes tiene”. Esto quizá resulte excesivo, y acaso podría reformularse la frase: “Cuanto más ineficiente es el Estado, más leyes tiene”. Porque la corrupción hoy día no parece tan estrechamente vinculada con la producción normativa.

*Javier Goizueta es abogado, analista financiero y director de Vaciero. Desde 1993 hasta 2014, ha sido abogado en Cuatrecasas, director en el área legal de KPMG y 'general counsel' de Gamesa en Latinoamérica. Ha dado clase de Derecho Civil y Mercantil en diversas universidades y másteres jurídicos.