Los programas electorales y el problema penal

Padezco el vicio de leer los programas electorales de los Partidos políticos, con la convicción, apoyada en larga experiencia, de que su carácter de promesa o proyecto es inferior al de su función de publicidad electoral que nada dice sobre lo que sucederá después de alcanzar el poder. Claro está que, por deformación profesional, me detengo en lo que se dice sobre el problema penal en cualquiera de sus dimensiones (leyes penales, procesales, penitenciarias). El interés principal lo sitúo, por supuesto, en lo que se propone, pero no por esa promesa en sí misma, sino como prueba de sensibilidad, esto es, como puesta en escena de ideas que los autores de esos programas han considerado brillantes y atractivas para sus posibles votantes, con independencia de su viabilidad, que a veces es dudosa, como, por ejemplo, la promesa de Podemos de reformar la organización de la ONU.

Que esas ideas merezcan o no el apoyo de los especialistas en cuestiones penales es algo que, faltaría más, no importa a ningún partido, pues, como es sabido, de los temas penales entiende cualquiera.

Desde esa poco alentadora perspectiva veo en los programas abundantes menciones a los problemas que se consideran “inaplazables” del derecho penal, aunque esa condición sea discutible. En un vuelo rasante y no exhaustivo vemos que el PSOE propone, como prioritaria reforma, suprimir como forma agravada de coacciones las cometidas por piquetes (ya se quiso hacer aprovechando la Ley de Presupuestos). También se quiere recuperar la jurisdicción universal para la Audiencia Nacional (ya puestos, cabe preguntarse por esa exclusividad de la AN), a fin de que nuestros juzgados se equiparen, prácticamente, a la Corte Penal Internacional. Eso, que lo comparte Podemos, se considera más urgente que el aumento de órganos judiciales para reducir la insoportable duración de los procesos penales.

De gran importancia es la promesa de modificar nuestro sistema procesal atribuyendo la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y fortaleciendo las garantías constitucionales. Eso quiere decir, en teoría, que el Juez de Instrucción pasará a ser el velador de las garantías constitucionales. Esa promesa merece aplauso, a la vez que escepticismo, pues el PSOE ha tenido ya ocasión de hacerlo y no lo ha hecho. En cuanto a la promesa de revisar el Código penal para “fortalecer los principios de legalidad, subsidiariedad, proporcionalidad y reinserción social” cabe decir que esos no son principios, salvo el de legalidad, y los otros son criterios que deben guiar el recurso al derecho penal, alguno de los cuales es tan importante como carente de concreción, como sucede con el de proporcionalidad, después de que el TC haya declarado que la pena proporcional es la que decide el legislador, y, si se refiere a la que deciden los Tribunales, el alcance es mucho menor. La promesa de búsqueda de alternativas a la pena de prisión merece aplauso, pero, una vez más, la terquedad de la experiencia que enseña que eso al final no se hace se sobrepone a la impresión positiva. El deseo de “fortalecer el principio de legalidad” es una idea de buen sonido, pero que produce perplejidad a partir de la obligación constitucional de someterse a la Ley. Cabe pensar que se aprecian casos en los que ese sometimiento no se cumple y eso debe atajarse, pero, si esa es la cuestión, hay que preguntarse por qué no basta el vigente sistema de recursos.

No podía faltar la mención a las agresiones sexuales y a la supuestamente “revolucionaria” exigencia de que se garantice que “la falta de consentimiento de la víctima será clave en los delitos sexuales”, idea que se proclama como si no estuviera ya en el Código vigente, pero ninguna de los comentarios que ha merecido la obviedad de que “no es no”, o “sí es sí”, como prefiere el programa de Podemos, ha hecho mella en el pensamiento jurídico de los autores del Programa, que, inaccesibles a las advertencias, anuncian la supresión del delito de abuso sexual, que no transmite adecuadamente el “carácter coactivo inherente a todo comportamiento sexual que se impone a otra persona”. A cambio, inevitablemente, se anuncia una tipificación “específica para cada caso”. Miedo da pensar en la “lista de casos”.

Opinión

TE PUEDE INTERESAR

Cayetana la punk contra Irene la puritana

Isidoro Tapia

En el mismo paquete se sitúa la abolición de la prostitución (problema antiguo donde los haya) y erradicar la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, hecho que hace tiempo que está regulado en el Código penal. La abolición de la prostitución, como idea, tiene una dimensión cuasi utópica, salvada la vía de una represión altísima, que tampoco acabaría con ella, y otra, que es la más importante, de descalificación de todos los partidarios, que son muchos, de la reglamentación de la prostitución. Es evidente que, en esto, como en el tema de los vientres de alquiler, se ha impuesto el feminismo radical. En materia de programas, y curiosidades penales, los demás no van a la zaga. Todos creen que el manejo de la legislación penal es tan simple como el mecanismo de un chupete o de una peonza, o, peor aún, que cualquier problema se resuelve con el mazo o el bisturí del derecho penal. Y, por supuesto, no se puede desperdiciar la ocasión de hacer populismo punitivo con las leyes penales.

El Partido Popular, fiel a la línea que tan buenos resultados le ha deparado, propone recuperar el delito de convocatoria de referéndum, ampliar la aplicación de la cadena perpetua y lo mismo con la apología del terrorismo, ese tema que nunca abandona. Llama la atención que incluya un tema de alta dificultad y para el que es precisa reflexión y debate, cual es el de la competencia jurisdiccional para juzgar los delitos que se cometen en el ciberespacio, cuestión en la que chocan intereses comprensibles en evitar la impunidad y problemas graves de derecho internacional.

Coyuntural, con perfume electoralista, es la promesa de Ciudadanos de prohibir por ley el indulto a los condenados por rebelión o sedición. La legislación de indulto exige una reforma amplia y urgente, pero si se abre la vía de establecer una lista de excepciones difícil será decidir cuántos son los delitos que entran en la lista, y, a partir de ahí será cuestionable la subsistencia de la institución del derecho de gracia que, pese a sus detractores, tiene suficientes ventajas como para mantenerlo. De diferente cariz, pero con dificultades aún mayores para llevarla a la práctica es la promesa de crear un delito de “enriquecimiento injustificado”, tema del que se habla en el ámbito penal hacer bastante tiempo y que requiere la paralela modificación de un amplio abanico de precepto penales, y, si no se hace así, su introducción pura y dura puede generar un seguro caos interpretativo. La promesa de eliminar los aforamientos, tema del que se viene hablando hace tiempo, no parece que haya de topar con dificultades, siempre y cuando se trate de reformarlos, no de suprimirlos.

El tiempo dirá en qué va a parar todo eso, y, entre tanto, en el mundo de los especialistas solo cabe la resignación.