La politización de la Justicia en España, por activa y pasiva

El pasado 3 de septiembre, ante las dificultades para gobernar España tras las últimas elecciones generales (¡más de cuatro meses han pasado ya!), el PSOE emitía una 'Propuesta abierta para un programa común progresista', documento que dedicaba un epígrafe de cuatro puntos a la 'Justicia independiente'. El enunciado me trajo un recuerdo. Y no porque el documento lo hubiera emitido un determinado partido. A estas alturas, me hubiera dado igual quién lo escribiera.

Hace un tiempo, paseando por las calles de Edimburgo (la ciudad se encontraba en pleno apogeo de su festival 'Fringe' —festival alternativo de artes escénicas—, y por tanto, sus calles plagadas de espectáculos callejeros), me encontré con una curiosa actuación. Se trataba de un cuentacuentos que relataba el cuento de nunca acabar, pero prometía que esta vez el cuento sí que tendría un final. Y solicitaba al público que le lanzara unas cuantas monedas antes de desvelar el fabuloso desenlace, que se prometía apasionante. El público, claro está, arrojaba monedas al artista esperando oír el final.

El mismo cuento, que en realidad eran muchos diferentes, depende de quién lo contara, para justificar esa gran mentira: que tendría un final

El espectáculo se prolongó durante varias sesiones. Cada tarde, a la misma hora, en el mismo lugar de la calle Royal Mile, se hallaba el mismo artista u otro en su lugar —iban alternándose—, contando el mismo cuento, que en realidad eran muchos diferentes, depende de quién lo contara, para justificar esa gran mentira: que el cuento tendría un final. Tras cinco días de actuación, se emplazó al público a acudir de nuevo al año siguiente para asistir al extraordinario final.

Se trataba en definitiva de contar indefinidamente el mismo cuento mientras se mantenía al público entretenido, lanzando monedas a los artistas. Igual ocurre con el cuento de la Justicia en nuestro país.

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El epígrafe introducido por el PSOE en su propuesta progresista, 'Justicia independiente', es tanto como reconocer que la Justicia no lo es. O que algo funciona mal, lo suficientemente mal como para merecer una propuesta específica que mejore la situación de dependencia de la Justicia respecto del poder político. Cosa especialmente grave si tenemos en cuenta que la Justicia, el poder judicial, en definitiva, es, debería de ser, el gran garante del Estado de derecho y de la separación de poderes, controlando especialmente al poder ejecutivo frente a sus excesos.

Tres de las cuatro asociaciones de jueces existentes en España ya se han pronunciado abiertamente contra una de las medidas propuestas: la modificación del sistema de acceso a la carrera judicial. No se sabe muy bien qué se pretende, dados los términos genéricos y poco precisos de la propuesta, ni por qué se propone esta medida y no otras, pues aunque sin duda el actual sistema de oposiciones es mejorable y podría modernizarse, superando el concepto decimonónico en que parece estar inspirado, una de las pocas cosas que precisamente funcionan con normalidad y 'justicia' es el sistema de acceso a la carrera judicial.

Sorprende y levanta suspicacias no solo el interés en modificarlo sino en proponer esta medida y no otras de mucha mayor trascendencia

Sorprende y levanta suspicacias no solo el interés en modificarlo sino en proponer esta medida y no otras de mucha mayor trascendencia: no se incluye entre las propuestas ninguna relativa a dotar de mayores medios materiales y humanos a la Administración de Justicia, o dirigida a mejorar su organización y procesos, tan ineficaces como obsoletos en muchos casos.

El tráfico mercantil y la empresa, con la que me identifico especialmente por mi actividad en derecho mercantil, exigen soluciones rápidas y eficaces de los conflictos, a los que la actual Administración de Justicia parece incapaz de dar respuesta. Puede afirmarse que las carencias y el mal funcionamiento de la Administración de Justicia inciden negativamente en la economía nacional.

El 29 de febrero de 2016, las cuatro asociaciones de jueces existentes en España emitieron un documento conjunto titulado precisamente 'Justicia independiente' (sin duda, el título debe resultar de lo más sugerente para el poder político), en el que se concluía que se hace imprescindible dotar al poder judicial de la máxima independencia en el ejercicio de su función frente a la elección y control de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por parte del poder legislativo y no del propio poder judicial, como parecería lo lógico.

A que el poder legislativo elija a la cúpula del poder judicial han contribuido todos los partidos con influencia en el gobierno, incluidos los nacionalistas

A que el poder legislativo elija a la cúpula del poder judicial, el CGPJ, influyendo decisivamente en este órgano y, derivativamente, en los órganos judiciales superiores (Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia y hasta en la Audiencia Nacional), han contribuido todos los partidos políticos con influencia en el gobierno, incluidos los nacionalistas. En instancias inferiores, no parece que la independencia judicial esté hoy por hoy afectada. Por eso preocupa tanto la propuesta de modificar el sistema de oposiciones a juez, no vaya a ser que lo que se pretenda realmente no sea mejorar el sistema, sino politizar la Justicia también por abajo.

La confianza que tienen los ciudadanos en la Administración de Justicia está por los suelos. Según el último barómetro del CIS, publicado el pasado mes de julio, la mitad de los españoles considera que la Justicia en España funciona mal o muy mal, frente a algo más del 20%, que considera que funciona bien.

¡Quién lo diría, si atendemos a la cantidad de iniciativas que el poder político ha propuesto en las últimas décadas, a pesar de todos los grandes pactos de Estado que para la reforma de la Justicia se han intentado, a pesar de la existencia de una Dirección General para la modernización de la Justicia —institución que, por cierto, nadie conoce—, a pesar de todas las promesas de que el cuento, esta vez sí, tendrá un final!

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No parece que exista una verdadera voluntad política de solucionar el problema de la Justicia en España. No se sabe o no se quiere arreglar, más bien lo segundo, porque no interesa en términos de réditos políticos. Entretanto, los ciudadanos seguiremos lanzando monedas a nuestro actor favorito, al que más nos entretenga o al que menor desconfianza genere, sabedores de que ninguno de los actores tiene, en realidad, verdadera voluntad de desvelar el final.

*Javier Goizueta es abogado y analista financiero. Especializado en derecho mercantil y procesos de fusión y adquisición de empresas, actualmente es socio director del departamento mercantil de Kennedys Abogados en España. Comenzó su carrera profesional en 1993 en Cuatrecasas, en el año 2000 se incorporó a KPMG, donde permaneció hasta su integración en Siemens Gamesa en 2012. Ha sido profesor universitario e impartido clases en diversos másteres jurídicos, entre otros, en IE e ISDE.