Cortina de humo

El martes 3 de septiembre se presentaba por el presidente de Gobierno en funciones a la sociedad civil y al conjunto de fuerzas progresistas una 'Propuesta abierta para un programa común progresista' en la que se enunciaban cuatro medidas para una justicia independiente, recordándonos en su planeamiento a la película 'Wag the dog' ('Cortina de humo'), en la que el asesor de la Casa Blanca, Robert de Niro, contrataba a un excéntrico productor de Hollywood (Dustin Hoffman) para 'inventar' una guerra con Albania y transmitirla por televisión alejando del foco mediático otros problemas que acechaban al presidente norteamericano.

La referida propuesta contempla un pacto de Estado para la modernización de la Administración de Justicia que persigue una mayor agilidad en la tramitación del expediente judicial; la reforma de los plazos máximos de la instrucción penal del artículo 324 de la Lecrim; la derogación de la Ley Orgánica 1/2014 relativa a la justicia universal para volver al sistema anterior; y se pretende modernizar el sistema de acceso a la carrera judicial para el cual se inspirará en los mejores elementos de los sistemas europeos de carrera judicial y fiscal a través de mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades con independencia de la situación socioeconómica de los aspirantes.

Opinión

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Este programa abierto a la sociedad, al tiempo que limitado, según su propia redacción, al conjunto de fuerzas progresistas, al modo de intrincado juego de palabras, en lo que concierne al ámbito de la Justicia, ha despertado un cierto revuelo en el mundo judicial.

De este modo, la gran mayoría de las asociaciones profesionales de jueces y fiscales han destacado la pasada semana su sorpresa, particularmente puesto que desde el Gobierno se ponía el acento de su independencia en el modelo de acceso a la carrera judicial y fiscal y se consideraba que las diferencias socioeconómicas de los aspirantes eran una cuestión que impedía la igualdad de oportunidades.

Lo cierto es que si se analizan las cuatro medidas planteadas ninguna de ellas resulta ser novedosas en su formulación, es más, muchas de ellas (pacto de Estado, reforma de los plazos de instrucción,..) han venido a ser defendidas por jueces y fiscales en diversas ocasiones sin que exista controversia alguna. De igual modo, lamentablemente, la propuesta adolece por su vaguedad y limitado alcance de las características de un auténtico proyecto reformador en temas en los cuales existe ya un diagnóstico claro y un cierto consenso entre todas las asociaciones, los colectivos afectados y los grupos parlamentarios.

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El sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal tampoco es una cuestión controvertida al ser respetuoso con los principios constitucionales de igualdad del artículo 23.2 y mérito y capacidad del artículo 103 de la Constitución, como se desprende del escaso número de recursos y la reducida litigiosidad en comparación a otros procesos selectivos. Menos aún para convertirlo en eje central de cualquier programa reformador de Justicia, cuando la única idea que subyace se limita exclusivamente al aspecto socioeconómico.

Evidentemente, se pueda discutir la necesidad de establecer modificaciones a las pruebas de acceso para mejorarlas y que se continúe contribuyendo a un modelo de excelencia que ha dado hasta este momento buenos resultados. En este sentido, al igual que en otros países del espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, se podría añadir alguna otra prueba (idiomas, test de personalidad, etc.) que pueda completar el modelo técnico jurídico de acceso o incluso valorar ayudas económicas a través de becas a los opositores que les permita dedicarse al largo periodo de estudio hasta su ingreso en la Escuela Judicial o Centro de Estudios Jurídicos (segunda parte del proceso selectivo) en el que ya cobran como funcionarios en prácticas.

Lo que no se puede hacer es incidir en los vicios del pasado y considerar que la independencia judicial recae exclusivamente en el modelo de acceso

Lo que no se puede hacer es incidir en los vicios del pasado y considerar que la independencia judicial recae exclusivamente en el modelo de acceso, máxime cuando no se valora en este primer momento adoptar medidas de reforma más acordes a los informes del GRECO en el caso de la carrera fiscal, como sería ubicar orgánicamente la formación de los fiscales en la Fiscalía General del Estado, como órgano de relevancia constitucional, y no seguir perseverando en su dependencia estructural en el Ministerio de Justicia, como parte del poder ejecutivo; o apostar de forma decida por un modelo de escuela conjunto con la carrera judicial para conseguir un estatuto común de magistrado.

La Justicia no debe ser utilizada como una cortina de humo para fines electorales, en un momento en el que se necesita de instituciones sólidas que generen confianza en la sociedad, ni tampoco se puede perder la oportunidad para adoptar medidas de reforma de mayor calado sobre las que ya existe un amplio consenso. Intentemos, pues, no incurrir en los errores del pasado y sirvámonos de la experiencia acumulada en los numerosos estudios realizados ya para conseguir un servicio público de calidad que colme las expectativas ciudadanas.

*Antonio Zárate Conde. Fiscal Provincial de Madrid. Exdirector del Centro de Estudios Jurídicos.