Canarias, moneda de cambio de este Gobierno

En el primer pleno del año, esta diputada canaria presentó una pregunta escrita al Gobierno central en relación con la solicitud de ampliación de la plataforma continental al oeste de las Islas Canarias que España había solicitado ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLCS por sus siglas en inglés) de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

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Ese día preguntamos acerca de si esta solicitud se vería afectada por las pretensiones de Marruecos sobre el establecimiento de su Zona Económica Exclusiva y su plataforma continental, según lo aprobado por el parlamento marroquí en marzo de 2020 que, además, pretendía incluir bajo su soberanía los espacios marítimos del Sáhara Occidental, un territorio no autónomo pendiente aún del referéndum de autodeterminación auspiciado por la ONU.

La citada pregunta recibió una respuesta’del Gobierno al cabo de un mes largo, en la que, lamentablemente, volvía a escenificar la habitual ceremonia de la confusión —falsedades, falacias y medias verdades— sin más finalidad aparente que la de ocultar a nuestra ciudadanía la verdadera problemática en torno a nuestros espacios marítimos.

Un tratamiento colonial

En realidad, lo que el Gobierno oculta es la razón por la que la Comisión de Límites de Naciones Unidas tiene, por ejemplo, previsto reanudar en 2023 el examen de la solicitud respecto a la ampliación de la plataforma continental de Galicia, mientras la de Canarias aún no ha empezado a examinarse. Se ahorra así tener que dar explicaciones de por qué en 2009, en el caso de Galicia, la solicitud se hizo mediante la preceptiva presentación parcial —cuando expiraba el plazo reglamentario de diez años para solicitar las ampliaciones de la plataforma continental española— mientras para Canarias aportó sólo un informe preliminar provisional, comprometiéndose a aportar la presentación parcial definitiva cinco años después.

Opinión

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Ocultan que uno de los motivos —no el único, como veremos— por el que aún no ha empezado a examinarse por la Comisión de Naciones Unidas la solicitud relativa a nuestras islas se debe a que el mismo Gobierno central pidió incluir a Canarias en la prórroga habilitada por la reunión de Estados parte de la CONVEMAR establecida para "los países en desarrollo, incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo, que siguen enfrentando dificultades particulares para presentar información a la Comisión debido a la falta de recursos financieros y técnicos y de la capacidad y pericia pertinentes, o a otras limitaciones similares". Un tratamiento colonial que nada tiene de hiperbólico.

Una pretensión falaz

Nuestra fundada advertencia de que la solicitud española de ampliación de la plataforma continental al oeste de Canarias se ve afectada por las pretensiones marítimas marroquíes fue despachada por el Gobierno con este sencillo párrafo: “Las actuaciones de la Comisión de Límites se centran en el establecimiento del límite exterior de la plataforma continental de los Estados ribereños que se prolongan más allá de las 200 millas marinas, pero no afectan a la delimitación entre los Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente”. Una de esas verdades a medias que tanto prestigio han dado a las peores mentiras.

Pero pretender obviar la cuestión marroquí en la delimitación de espacios marítimos en nuestra zona con la falacia de que una ampliación de la plataforma al oeste de Canarias no afecta a ningún otro país, representa mucho más que un necio desprecio. Y no sólo porque se solape al norte con la de Madeira y al sur con la del Sáhara Occidental, sino porque la simple toma en consideración de la solicitud española, por parte de la CLCS, necesita el consentimiento de todas las partes implicadas, de una parte, Portugal y, de otra, el pueblo del Sáhara Occidental. Marruecos, sin embargo, debe quedar al margen de esta controversia porque no tiene ninguna posibilidad de ampliar su plataforma al sur del paralelo 27.40, línea fronteriza que le separa del Sáhara Occidental.

En su Anexo I, 5A, el Reglamento de la CLCS de Naciones Unidas dispone que “en caso de que haya una controversia territorial o marítima, la Comisión no considerará, ni calificará la presentación hecha por cualquiera de los Estados parte en esa controversia. No obstante, la Comisión podrá considerar una o varias presentaciones respecto de las zonas objeto de controversia con el consentimiento previo de todos los Estados que sean partes en ella”. Sin embargo, el Gobierno central mantiene que no existen controversias respecto a la ampliación solicitada...

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Pero haberlas haylas:

Sabemos que ante la información preliminar sobre la ampliación de la plataforma continental al oeste de Canarias —registrada por España en la ONU el 11 de mayo de 2009— el Reino de Marruecos depositó nota verbal en la Secretaría General de Naciones Unidas ocho días después rechazando el establecimiento unilateral de una plataforma continental en Canarias y reclamando acuerdos entre Estados mediante una solución equitativa. No se opone, por tanto, sólo a la ampliación de la plataforma generada por las islas, sino que niega la mayor, es decir, el propio establecimiento de la plataforma en torno al archipiélago. Y no es un caso puntual: ante la presentación parcial para la ampliación de la plataforma al oeste de Canarias, en diciembre de 2014, Marruecos presentó nueva nota verbal del mismo tenor que la anterior.

Resulta impredecible, además, la posición marroquí respecto a su preceptivo consentimiento previo para la toma en consideración por Naciones Unidas de la solicitud española dado que su propio reglamento establece que una vez aceptados los límites exteriores recomendados, en el caso de delimitaciones entre Estados con costas adyacentes o situadas frente a frente, debe recurrirse al Artículo 83 de la CONVEMAR y establecerlas mediante acuerdos entre éstos o, en su defecto, mediante arbitrajes o resoluciones de los tribunales internacionales.

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En resumen, frente a los hechos aquí expuestos, el Gobierno responde que la ampliación de la plataforma en Canarias no se ve afectada por las delimitaciones con los Estados colindantes. ¿Qué entiende el Gobierno por afectaciones? ¿Qué entiende de Derecho Internacional? O, simplemente ¿nos toma por tontos?...

​El ejemplo balear

Pese a no haber hecho ningún depósito en la ONU sobre delimitaciones marítimas relacionadas con Canarias, España depositó en Naciones Unidas el 31 de agosto de 2018 la lista de coordenadas geográficas de puntos relativos a los límites exteriores de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) en el noroeste del Mediterráneo, generada por las costas orientales de la península Ibérica y el archipiélago de Baleares, depositando también, como soporte legal, el Real Decreto 236/2013, de 5 de abril, por el que se establece dicha área.

El citado Real Decreto está redactado de forma sencilla y breve y cuenta con sólo dos artículos: el primero establece la lista de coordenadas del límite exterior de la ZEE —siguiendo la línea mediana equidistante con los países adyacentes o situados frente a frente, como Argelia— y el segundo, aclarando que "los límites que se establecen en el artículo anterior podrán ser modificados, en su caso, en función de los acuerdos de delimitación que puedan concluirse con el Estado ribereño afectado al amparo del artículo 74 de la CONVEMAR", es decir, utilizando la fórmula genérica, basada en el Derecho Internacional, de delimitar una mediana equidistante provisional con los países limítrofes, condicionada a un eventual acuerdo posterior, sobre una delimitación equitativa entre las partes implicadas. Para el caso de no haber acuerdo, la Parte XV de la CONVEMAR establece el procedimiento de Solución de Controversias correspondiente.

Tras el citado Real Decreto, Argelia aprobó el establecimiento de su ZEE también mediante Decreto Presidencial —el 20 de marzo de 2018— y lo depositó en la Secretaría General de Naciones Unidas originando, once días más tarde, esta vez sí la correspondiente nota verbal del Gobierno central, dejando constancia de su desacuerdo con la delimitación argelina y depositando también el Real Decreto español con las coordenadas de su ZEE.

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Así pues, tanto España como Argelia han delimitado y depositado en Naciones Unidas las coordenadas de su ZEE, generadas por sus costas enfrentadas, sin tener en cuenta la controversia pendiente de resolver entre ambos países.

Canarias, moneda de cambio con Marruecos

Diez años después de haberse establecido la Zona Económica Exclusiva de Baleares, es obvio que no existen razones legales para que el Gobierno continúe negándose al establecimiento de la ZEE de Canarias depositando su lista de coordenadas en la Secretaría General de la ONU, siguiendo el mismo procedimiento. Más aún cuando, como no podía ser de otro modo, el citado Real Decreto de 2013 faculta al Ejecutivo para su extensión a otras costas del Estado.

De igual forma, tampoco es impedimento la ubicación de Canarias en otra zona marítima, adyacente a otro continente diferente al resto del Estado, como no lo ha sido para otras metrópolis europeas, que han establecido la ZEE de todos sus territorios coloniales y posesiones de ultramar, depositando sus coordenadas en Naciones Unidas tal como establece el artículo 75 de la CONVEMAR.

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¿Por qué entonces el Gobierno se niega a establecer la Zona Económica Exclusiva de Canarias —tal como ha hecho con Baleares— dejando a nuestro archipiélago condenándonos a la irrelevancia internacional y la indefensión jurídica?

¿Se ha impedido de forma premeditada la inclusión de nuestro archipiélago en el ámbito del Derecho Internacional para seguir manteniendo una negociación poliédrica con Marruecos en la que la delimitación de los espacios marítimos canarios es otra baza negociadora más para aplacar la insaciable voracidad territorial de la monarquía alauita, especialmente desde que ha descubierto la manera de monetizar sus relaciones con los Estados Unidos, su sumisión al Estado de Israel en la región y su acreditada falta de escrúpulos con los Derechos Humanos en temas migratorios?

En cualquier caso, es innegable que la firme defensa por parte del Gobierno de los intereses de los diferentes territorios de España frente a los Estados colindantes contrasta con la tibieza en la defensa de los intereses canarios frente a Marruecos.

Como representantes de nuestro pueblo estamos obligados a exigir, de forma irrenunciable, el establecimiento urgente de la Zona Económica Exclusiva en Canarias y el depósito de sus coordenadas en la Secretaría General de Naciones Unidas, siguiendo los mismos criterios utilizados para Baleares y negociando, posteriormente, las delimitaciones equitativas con los países limítrofes, estableciendo además el paralelo 27.40 N como límite sur para la negociación de los espacios marítimos solapados con Marruecos de acuerdo al Derecho Internacional.

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Los Estados Unidos y la Unión Europea afrontan una gravísima acusación de hipocresía cada vez que con tanta vehemencia no sólo denuncian la agresión rusa en Ucrania sino también con tantos medios se compran a sí mismos las armas para defender las violaciones del Derecho Internacional. Hoy mismo Amnistía Internacional ha denunciado la diferente vara de medir de occidente frente a las violaciones de los Derechos Humanos en función de los intereses geopolíticos de Europa y Estados Unidos.

El caso de Canarias es paradigmático de esa visión colonial y esa diferente consideración del respeto a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional. En términos legales, las aguas situadas al sur de dicho paralelo sólo pueden negociarse con quien ostente la soberanía del actual territorio no autónomo del Sáhara Occidental, una vez resuelto el proceso de descolonización auspiciado por la ONU, legalidad que en nada se ve afectada por la actual posición —minoritaria en el Congreso— del Gobierno respecto al reconocimiento de una supuesta autonomía saharaui dentro de Marruecos. Y está claro que cuando nos referimos al territorio y las aguas del Sáhara Occidental también lo hacemos a su espacio aéreo, cuyo control pretende cederse también a Rabat, para completar la ignominia histórica española contra el único pueblo árabe que habla la lengua de Cervantes.

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La legalidad internacional no se negocia entre Gobiernos. La legalidad se defiende entre Estados. Y el Estado no está defendiendo a Canarias.

¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Y, sobre todo, ¿a cambio de qué?

* Meri Pita es diputada en el Congreso

* Ángel Cuenca es candidato al Parlamento de Canarias por la Coalición Reunir Canarias Sostenible