Barrabasadas socialistas de la XIV legislatura en materia de derechos humanos

Solo hay un Estado miembro de la Unión Europea que haya expulsado a un disidente político no violento condenado a muerte en su país de origen: España. Lo hizo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 24 de marzo de 2022.

Mohamed Benhalima, un exgendarme argelino de 33 años, llegó a España legalmente en 2019 e intentó en vano dos veces obtener el asilo. No se le concedió. Desde su exilio español, grababa vídeos en YouTube, donde tuvo hasta 155.000 seguidores, denunciando la corrupción en el ejército de su país. Argelia no llegó a pedir su extradición, pero Grande-Marlaska se lo entregó fletando un avión de Iberia casi para él solo. Hasta entonces, los argelinos solo habían sido expulsados en barco.

El ministro trató así de apaciguar la ira argelina ante el alineamiento de Pedro Sánchez con Marruecos plasmado, el 14 de marzo de 2022, en una carta al rey Mohamed VI, respaldando su propuesta para resolver el conflicto del Sáhara Occidental sorteando el referéndum de autodeterminación. No sirvió de nada.

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A Mohamed Benhalima le esperaba en su país una condena a muerte pronunciada in absentia por el tribunal militar de Blida, que probablemente no se ejecutará porque en Argelia rige una moratoria desde 1993. También tenía pendiente una retahíla de juicios —él contó hasta 19—, aunque antes fue “agredido físicamente” por las fuerzas de seguridad, según Amnistía Internacional.

Siete meses antes, en agosto de 2021, Grande-Marlaska ya protagonizó otra primera polémica expulsión de otro argelino, también un exmilitar, Mohamed Abdellah, al que tampoco se le concedió el asilo. Fue el precursor de Benhalima en su denuncia en YouTube de la corrupción entre la jerarquía castrense argelina. Residía en el País Vasco con su mujer y sus dos hijos pequeños, que se salvaron de la deportación. En Bilbao o en Madrid, su familia se manifiesta con regularidad pidiendo que el padre sea liberado.

Ambos exmilitares eran afines a Rachad, un movimiento de oposición al que las autoridades argelinas tachan de terrorista. Tuvo unos orígenes islamistas no violentos de los que se apartó para abrirse a la disidencia laica. Su dirección está en Londres y sus responsables se mueven por la UE sin restricciones. La policía francesa llegó incluso a asesorar a su lideresa en Francia sobre cómo ponerse a salvo de la vigilancia de los agentes de Argel. Amnistía Internacional no duda además del “compromiso democrático” de los dos deportados argelinos.

El letrado Alejandro Gámez y la red de abogados a la que pertenece han llevado el caso ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas para que dictamine si, en el caso de Benhalima, se vulneraron derechos fundamentales, porque no se puede expulsar a nadie que corra el riesgo de ser torturado. Hasta el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados advirtió de que ese peligro existía, pero Grande-Marlaska lo ignoró. Cuando el comité se pronuncie, dentro de unos meses, hará ya tiempo que habrá dejado de ser ministro.

Grande-Marlaska se estrenó con las expulsiones controvertidas a los tres meses de tomar posesión. Deportó a Egipto al imán de Logroño, el egipcio Alaa Mohamed Said, vinculado a los Hermanos Musulmanes, un movimiento integrista, pero no violento. Hizo caso omiso de la preocupación expresada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el riesgo de que el clérigo sufriera a su llegada un “trato inhumano”. Y así fue. Si de verdad suponía un peligro para la seguridad nacional, como alegó la Policía en un informe embrollado sobre las corrientes islámicas, Interior podía haber enviado al imán a Qatar, el país refugio de los Hermanos Musulmanes.

Las barrabasadas en materia de derechos humanos tienen, obviamente, una vertiente marroquí. Grande-Marlaka atendió, en enero de 2019, una petición de entrega del activista saharaui Hussein Bachir Brahim, que acababa de desembarcar de una patera en Lanzarote. Ni siquiera se le brindó la oportunidad de solicitar el asilo. A su regreso, fue condenado a 12 años por asesinato en un juicio en el que no se aportaron pruebas de su culpabilidad.

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En el caso de Marruecos, el menosprecio por los derechos humanos trasciende al titular de Interior para alcanzar al presidente. Sánchez justificó, el 19 de enero, que los eurodiputados socialistas españoles votasen, en el pleno del Parlamento Europeo, contra la primera resolución, en 26 años, sobre los derechos humanos en Marruecos. Pedía a Rabat, entre otras cosas, la puesta en libertad de tres influyentes periodistas encarcelados y la de Nasser Zefzafi, líder de la revuelta pacífica del Rif, condenado a 20 años. El PSOE y la extrema derecha francesa juntaron en la Eurocámara sus votos de rechazo a la resolución, que fue aprobada por amplia mayoría.

Aquello no fue una sorpresa. En octubre de 2021, cuando ni siquiera se había sellado aún la reconciliación de España con Marruecos, los socialistas españoles ya habían instado a sus correligionarios europeos para que votaran a la candidata de Vox, la expresidenta golpista boliviana Jeanine Áñez, al premio Sájarov. El objetivo era evitar que quedara entre los finalistas al galardón de derechos humanos la activista saharaui Sultana Khaya. Lo consiguieron.

En Marruecos hay un preso de conciencia, el octogenario Mohamed Ziane, exministro de Derechos Humanos, que posee la nacionalidad española —su madre era de Málaga y nació en esa ciudad—, además de la marroquí. Cumple desde noviembre una condena a tres años de cárcel por una retahíla de supuestos delitos. En el fondo, está en la cárcel porque osó denunciar en un vídeo las prolongadas ausencias del país de Mohamed VI y pidió que abdicase para dejar paso a su hijo.

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El grupo parlamentario del Partido Popular preguntó por escrito al Gobierno en enero si tenía información sobre el caso y si se había ofrecido a Ziane el apoyo del consulado de España en Rabat. Como en todas las demás preguntas sobre derechos humanos y libertad de prensa en el Magreb, el Ejecutivo contestó con evasivas. En su respuesta, omitió incluso el nombre de la persona por cuya suerte se habían interesado los populares.

Hay socialistas influyentes que, pese a no estar en el Gobierno, se muestran igualmente insensibles a los derechos humanos en el norte de África. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no contestó, por ejemplo, a una carta que le enviaron, en abril, esposas y una madre de presos de conciencia marroquíes, rogándole que desarrollara en su país una labor similar a la que desempeñó en Venezuela, donde sí logró la excarcelación de varios opositores.

El Gobierno socialista aplica una doble vara de medir. Mientras da la espalda a disidentes magrebíes, se desvive en atenciones con los latinoamericanos. En febrero ofreció, por ejemplo, la nacionalidad española a los 222 presos de conciencia puestos en libertad por Nicaragua, privados de su nacionalidad y expulsados a EEUU. “España es hogar de los defensores de la democracia y la libertad”, tuiteó entonces José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, sin precisar que ese refugio no era apto para árabes.

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La Agencia Española de Cooperación al Desarrollo acaba de inaugurar su Programa Democracia, que incluye becas en España, cuya finalidad es secundar a los defensores de derechos humanos, pero solo en Latinoamérica y Europa, según precisa en su web.

El PP tampoco está libre de polvo y paja en materia de derechos humanos. En la era de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, impidió en 2013, codo con codo con Francia, que prosperase una propuesta de la Administración Obama. El Departamento de Estado quiso ampliar el mandato de la Minurso (contingente de Naciones Unidas desplegado en el Sáhara Occidental) para que tuviera competencias en materia de derechos humanos, algo que inquietaba a Marruecos. París y Madrid pararon a Washington. El Gobierno español guardó además un cauto silencio ante la represión de la revuelta pacífica del Rif (2017-18), la mayor de cuantas ha vivido Marruecos durante el reinado de Mohamed VI.

Por sorprendente que parezca, el único presidente de Gobierno español que expresó públicamente su preocupación por un preso de conciencia en Marruecos, el periodista Ali Lmrabet, fue, en diciembre de 2003, José María Aznar. “He hablado y he manifestado mi interés por esa persona”, declaró tras ser recibido en audiencia en Marrakech por Mohamed VI. Lmrabet, director de los semanarios Demain y Douman, cerrados por la Justicia marroquí, cumplía entonces una condena a cuatro años de cárcel.

El monarca alauí le indultó al mes siguiente de reunirse con Aznar. El periodista, con fuertes vínculos con España —vive exiliado en Barcelona—, viajó entonces a Madrid. “Aproveché la asistencia de Aznar a la presentación de un libro en la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales para acercarme a él y darle las gracias por su apoyo”, recuerda Lmrabet al teléfono.