Los agujeros del sistema por donde se cuelan casos como el de Koldo

Durante lo peor de la pandemia se usó la metáfora del queso suizo para explicar cómo ninguna medida de protección era 100% infalible, pero, solapadas, hacían muy difícil que el virus nos contagiara o que su efecto fuera grave o incluso mortal. Las barreras a la corrupción funcionan de forma similar: necesitamos muchas capas, mucha información combinada, para prevenir o detectar casos como el de las irregularidades en los contratos mediados por quien fue asesor del exministro Ábalos. Y el sistema, hoy por hoy, sigue teniendo agujeros enormes por donde se cuelan corruptelas como esta. Agujeros que, en lo peor de la pandemia, eran enormes.

La contratación de emergencia está justo para situaciones como la vivida en 2020. La urgencia justifica que los controles previos salten por los aires. Necesitamos mascarillas y las necesitamos ahora. La situación era tan difícil que se fue más allá: si el procedimiento de emergencia permite adjudicar directamente, sin pasos previos, en ese caso se podía hasta adelantar el dinero, llegar a acuerdos telefónicos sin firma ni papeles... Es normal. Lo primero es lo primero. Pero eso no debería eliminar los controles a posteriori. Y esos, con la información disponible, son casi imposibles.

Primero, porque a pesar de estar obligadas, muchas administraciones publicaron esos contratos tardísimo, cuando el plazo es de 15 días. Algunos se hicieron públicos más de un año después, como tres de los contratos del Servicio Canario de Salud con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la compañía de la discordia. Segundo, porque la información que se publica es mínima: a quién le has contratado qué, cuándo y por cuánto. Y en demasiadas ocasiones el qué era una alusión genérica a "material sanitario", sin más detalles. Tercero, porque los datos de los contratos públicos están mal. Y eso no es exclusivo de la pandemia. En Civio llevamos desde 2012 analizando la contratación pública y ni una sola vez hemos podido sacar conclusiones sin pasar meses limpiando datos sin sentido (cifras locas, NIFs mal escritos, códigos que no encajan, campos vacíos...). El problema es de base: por regla general no se guarda esa información de forma estructurada y limpia, pensando en que pueda ser analizada automáticamente, sino que se rellena el expediente, porque es obligatorio, y ya. Papeles y papeles que hay que leer uno a uno. Por eso, organismos como el Tribunal de Cuentas centran sus análisis sobre contratación pública en muestras, una pequeña parte del todo. Seleccionan unos pocos contratos que investigar cada vez, porque es inabarcable revisar todos los documentos de cada uno de los millones de contratos públicos.

¿Qué podemos saber con esa escasa y poco estructurada información? Después de analizar 16.589 contratos de emergencia adjudicados y publicados en 2020, la mayor base de datos sobre este asunto, en Civio pudimos desvelar qué empresas se habían llevado las mayores cantidades, cómo buena parte de ellas nada tenían que ver con este sector antes de que surgiera la oportunidad, casos en los que el litro de gel hidroalcohólico valía oro, cómo variaron los precios locos a los que se pagaron mascarillas y test dependiendo de la empresa y a quién vendiera, incluso cuando lo gordo ya había pasado y no había problemas de abastecimiento… Y pudimos desvelar los casos más burdos, como que se había usado ese procedimiento para contratar la gestión de la piscina municipal o la tele pública usando la pandemia como excusa. Pero no pudimos descubrir qué había pasado en casos como el de Koldo. Nos faltaban datos.

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Poco antes, cuando investigamos los contratos menores, pudimos encontrar que los fraccionamientos ilegales eran más habituales de lo que pensábamos y que, casualidades de la vida, un montón de contratos se agolpaban al borde del límite del contrato menor, a un céntimo de que, para poder adjudicarlos, el proceso tuviera más garantías y controles. O que el mismo producto o servicio, si cambiaba ese límite, cambiaba de precio por arte de magia. Encontramos irregularidades en la superficie, pero frustra -y mucho- no poder llegar al fondo del asunto. Vemos lo grueso (13 contratos menores a una misma empresa y el mismo día) gracias a la tecnología y la investigación durante meses, pero demasiadas veces nos quedamos en indicios que hay que investigar caso a caso. Sin poder rematar a portería por falta de información.

Pero el agujero más grande en la vigilancia y control de la contratación pública está del otro lado, de las empresas: podemos conocer parte de la información sobre un contrato y quiénes son los responsables públicos, con matices (como pasa con el personal eventual), pero es casi imposible cruzar esa información con el otro lado, esto es: quiénes son los propietarios o beneficiarios de las empresas. Esa es la madre del cordero. Por eso toca pelear para que dejemos de tratar los datos de empresas como datos personales o, peor, como mercancía pagada por todos, pero de la que se lucran unos pocos. Toca abrir el registro mercantil y el registro de beneficiarios últimos. Del todo. Cuantos más ojos miren, mejor.

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Saber que, en tu base de datos, que tanto trabajo costó elaborar, estaban esos contratos y no pudiste destapar una irregularidad como esta es frustrante. Pero lo peor es que los organismos anticorrupción se encuentran con problemas muy similares a los nuestros: falta de datos, o muy deficientes, imposibilidad de cruzarlos con otras fuentes... Súmale falta de recursos, materiales y humanos, y ya tenemos el combo completo: organismos de supervisión sin capacidad de detectar, de forma moderna -más allá de repasar papel a papel, caso por caso- casos de corrupción o, al menos, indicios que les digan hacia dónde centrar sus esfuerzos.

Y luego está el tema de los asesores fichados a dedo sin ningún límite, como personal eventual. Sabemos que Koldo existía porque se paseaba con el exministro. Pero no sabemos la identidad de la mayoría de los 869 asesores que trabajan en los ministerios. Y, gobierne quien gobierne, siempre son trabas cuando desde Civio insistimos, desde 2013, en que esa información tiene que ser pública. Hasta cuando el Supremo ya nos ha dado la razón. Ahora mismo puede que el hermano de un ministro, el dueño de una empresa que contrata con lo público o hasta un mono con escopeta esté contratado como personal eventual. No sabemos ni siquiera lo básico: quiénes son, qué preparación tienen y cuáles son sus funciones.

La transparencia, por sí sola, no va a evitar todos y cada uno de los casos de corrupción (no podemos saber si alguien se reúne en una marisquería y de qué habla). Pero sí puede permitir detectar muchísimos de ellos y ayudar a centrar la mirada sobre qué investigar. Hacer que ser corrupto sea muy difícil. Que muchos se lo piensen dos veces porque hay muchos ojos mirando, vigilando. Porque te van a ver.

Y es que el mayor agujero de todos es la sensación absoluta de impunidad: puedo contratar a quien quiera como eventual, aunque haya un conflicto de interés claro, puedo trapichear con los contratos en medio de la pandemia, puedo trocear un contrato en siete para esquivar las reglas... Nadie me va a pillar. ¿Pudo haber más casos como este? Sí. Por supuesto. Y puede que no los conozcamos nunca. Porque el queso suizo del sistema está lleno de agujeros. Por eso ya toca ir tapándolos, uno a uno.