Una propuesta para salir de un bucle tóxico

La Generalitat de Catalunya acaba de presentar una propuesta para modificar cómo se financia, y lo ha hecho, por elevación, proponiendo una modificación radical de cómo se reparten los impuestos que pagan los catalanes.

El documento que contiene la propuesta tiene 90 páginas que incluyen análisis sobre el modelo actual, sobre los modelos de diversos estados complejos (Alemania, Suiza, Canadá…) y sobre el marco jurídico. No se trata de un documento improvisado para afrontar unas elecciones que se preveían en febrero de 2025, sino de un documento pensado para una negociación con el Gobierno español que está prevista en el acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC, el cual establece específicamente que esta negociación debe iniciarse durante el primer trimestre de 2024, o sea, ahora mismo. Lejos de ser un documento de máximos de carácter electoralista, se trata de un documento concebido para el acuerdo, o sea, un documento que desde la Generalitat consideramos que el Estado podría asumir.

La propuesta no propone ningún privilegio para Cataluña. Lo que hace es proponer que sea la Generalitat quien recaude los impuestos de los catalanes y que estos se repartan aplicando un método que sea a la vez sencillo, razonable, transparente y coherente con la Constitución y con la legislación comunitaria.

Insisto en que, contra lo que han publicado algunos, la propuesta no presupone cuántos de estos impuestos se debe quedar la Generalitat, es decir, en qué medida esta mejoraría su situación financiera.

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¿Por qué, entonces, preferimos el modelo que proponemos al actual? Porque la aplicación de este a lo largo de más de cuatro décadas, y a pesar de seis revisiones, no ha dejado nunca de producir unos resultados no solo injustos, sino incomprensibles. Esta opinión es compartida unánimemente por todos los analistas serios que han dedicado atención a la materia. En palabras de Ángel de la Fuente, un experto nada sospechoso de simpatía con la Generalitat, “la financiación autonómica actual tiene mucho de lotería”.

Este carácter aleatorio del sistema de financiación autonómica es el que nos ha hecho perder tantas energías a unos y a otros debatiendo sobre las balanzas territoriales, hasta el extremo que un experto se lamente de que nos hayamos convertido en “campeones mundiales en cálculos y aportaciones metodológicas”.

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Hay que salir de este bucle estéril, y una nueva negociación en torno al modelo actual en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera no es la manera de hacerlo. Mientras el modelo se base en el hecho que el Estado recaude los impuestos, calcule cuánto necesitan las CCAA y les proporcione la financiación correspondiente, no dejaremos de dar vueltas a la rueda. Hace falta un nuevo modelo, y esto es lo que propone la Generalitat.

Este nuevo modelo se basa en el principio de que la Generalitat deje de ser responsable solo de cómo gasta y pase a ser responsable, además, de cómo financia esos gastos. Debería haber pocas dudas de que este cambio supone una mejora desde el punto de vista democrático y desde el punto de vista de la eficiencia del sistema.

Se ha querido ver en la propuesta catalana un 'cupo' a la vasca. Es una visión demasiado simplista: la propuesta contempla, como en el cupo, el pago al Estado de los servicios que este presta a los catalanes. Pero la propuesta contempla, además, una aportación a la financiación del resto de territorios que componen el Estado español. Se trata de una diferencia radical.

Opinión

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(Por cierto, debo puntualizar que El Confidencial publicó ayer un artículo en el que cifraba el cupo vasco en 5.200 millones. En realidad, el año 2021, –el que toma como referencia la propuesta por ser el del último presupuesto liquidado– fue de 1.100 millones. En 2023, la cifra que consta en el presupuesto del Estado ha sido de 1.680 millones).

Lo que no pretende la propuesta de la Generalitat es eliminar la negociación política, puesto que todo reparto es fruto de una negociación en la que se equilibran intereses contrapuestos. Lo que pretendemos es que, de una vez por todas, esta negociación tenga lugar de manera transparente, es decir, que salga a la luz cuánto cuestan los servicios que el Estado presta a los catalanes y cuánto es lo que se exige que Cataluña aporte al resto de España.

*Miquel Puig ha sido concejal del Ayuntamiento de Barcelona por ERC y es secretario de Asuntos Económicos y Fondos Europeos de la Generalitat de Catalunya desde noviembre de 2022. Entre 2000 y 2002 ocupó el cargo de director general de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA). Fue director general de Abertis Airports y posteriormente del Consorcio de Servicios Universitarios de Cataluña.