Melilla: una Justicia para españoles de pura cepa y otra para musulmanes españoles

Koldo García y sus presuntos cómplices, Víctor Aldama, Iñigo Rotaeche o el guardia civil Rubén Villalba, están todos en libertad con medidas cautelares. A algunos de los investigados en esa trama, como Joseba García, el hermano del protagonista, el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ni siquiera le ha impuesto ninguna restricción. En tiempos de pandemia se supone que amañaron contratos por importe de unos 50 millones de euros.

Mustafá Aberchán, el líder de Coalición por Melilla, y cuatro miembros musulmanes de su partido (Dunia Almansouri, Rachid Busián, Hassan Mohatar y Mohamed Ahmed Al-Alal), que fueron consejeros en el Gobierno de la ciudad de 2019 a 2023, están todos en prisión provisional en Melilla o Granada desde el 5 o 6 de marzo pasado. Amañaron presuntamente contratos públicos para conseguir fondos y comprar votos en las elecciones locales.

¿Por qué unos están detrás de los barrotes y otros no? La explicación está en el auto de la magistrada María del Carmen Perles, titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Melilla. Los investigados pueden ser condenados, según el Código Penal, a penas de entre 6 y 8 años de cárcel por lo que pudieran "sustraerse a la acción de la justicia (riesgo de fuga)", afirma la jueza.

"Si bien es cierto que (el investigado) ostenta la nacionalidad española y arraiga en el país, también lo es que lo normal es que las personas de ascendencia marroquí también gocen de dicha nacionalidad y tengan pasaporte del país vecino (...)", reza el auto redactado en los mismos términos para esos cinco investigados enviados a prisión sin fianza.

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"Es más, la situación geográfica de Melilla entorpece dicho control, puesto que la salida por mar mediante motos acuáticas y embarcaciones de recreo hace imposible un control efectivo de las personas en libertad provisional con medidas más o menos restrictivas", continúa la magistrada. "Por lo expuesto, medidas como la retirada del pasaporte español y la prohibición de salida del territorio nacional se consideran insuficientes", concluye. La Fiscalía también solicitó para los cinco investigados prisión provisional comunicada.

En resumen: hay un derecho penal ordinario para la población española de pura cepa y otro, específico, para los que son musulmanes que pueden tener algún vínculo con Marruecos.

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Los abogados de los encarcelados han presentado, el 18 de marzo, un recurso de apelación ante la sección séptima de la Audiencia Provincial con sede en Melilla. En paralelo, al menos uno de ellos, Isaac Fernández Atencia, ha elevado una queja al Consejo General del Poder Judicial. Concluye pidiéndole que inspeccione el juzgado de instrucción melillense.

En su escrito, el letrado recuerda que la jueza no acredita "los supuestos orígenes extranjeros y la presunción de otras nacionalidades" de los investigados. Aun así, "solo se ha decretado el ingreso en prisión de investigados españoles de origen amazigh" es decir, bereberes de la región del Rif que fue protectorado español y que desde 1956 pertenece a Marruecos.

Se está así "vulnerando el artículo 14 de la Constitución española al haber una clara discriminación por razón de raza en las resoluciones del órgano jurisdiccional, así como el artículo 24.2, puesto que la población española de origen amazigh podría estar siendo discriminada", argumenta Fernández Atencia.

Poner en duda la españolidad de los musulmanes de Melilla y de Ceuta es algo recurrente por parte de la derecha

Poner en duda la españolidad de los musulmanes de Melilla, donde son la mayoría de la población, y de Ceuta, donde van camino de serlo, es algo recurrente por parte de la derecha. Políticos como José Manuel García Margallo, cuando era diputado de UCD en los 80; Federico Trillo, ministro de Defensa en 1999, o Santiago Abascal, el líder de Vox, han sospechado de su lealtad.

"¡Viva España!, ¡Viva Ceuta!" y "¡Fuera racistas!", gritaron indignados los 300 manifestantes musulmanes que se concentraron ante el hotel en el que se hospedaba Abascal en la ciudad, a finales de mayo de 2021. Hizo oídos sordos a ese recordatorio de su españolidad.

Ninguno de los melillenses encarcelados tiene pasaporte marroquí, asegura Emilio Guerra, diputado de la Asamblea de Melilla. Sus familias, sus vidas, están en esa ciudad. Es verdad que muchos de ellos no han sido siempre españoles. Mustafa Aberchán, de 64 años, no lo fue hasta que, con 27, obtuvo la nacionalidad. Eran apátridas en la ciudad en la que habían nacido. Para viajar al extranjero quizá alguno tramitó, en aquellos años, un pasaporte marroquí.

"Es lamentable que se llegue a la conclusión de que todos los melillenses de ascendencia marroquí o rifeña tienen doble nacionalidad"

Los musulmanes melillenses tuvieron que rebelarse a mediados de los ochenta para que el entonces presidente, Felipe González, abriese en 1987 un proceso de regularización. Solicitaron entonces la nacionalidad española. Fue una "movilización por sus derechos y la superación de su antigua, injusta y ambigua condición de apátrida", escribió Irene Montero, directora de El Faro de Melilla.

"Es lamentable que ahora se llegue a la conclusión de que todos los melillenses de ascendencia marroquí o rifeña son automáticamente ciudadanos que tienen una doble nacionalidad", afirmaba enojado Amin Azmani, diputado en la Asamblea de Melilla, y una de las pocas voces que ha denunciado en la ciudad la doble vara de medir judicial.

Es verdad que Marruecos considera que todos aquellos que nacieron de padres marroquíes ostentan la nacionalidad de sus progenitores, aunque no la tramiten y solo quieran ser franceses, belgas o españoles porque es en esos países donde han hecho sus vidas. Es una artimaña de Rabat para intentar preservar los lazos con su emigración en Europa, que envía remesas y puede defender los intereses marroquíes allí donde reside.

Contra ese vínculo, no siempre deseado, se han rebelado por la vía judicial, sobre todo en los Países Bajos, algunos exiliados rifeños. En cambio, un juzgado de Melilla le ha dado validez 37 años después de que los musulmanes de la ciudad accediesen, por fin, a la nacionalidad española gracias a la gran regularización promovida por Felipe González.