Ante la tragedia de Gaza: los bramidos de Sumar que distorsionan la voz del Gobierno

De sopetón hemos vuelto al otoño y miembros del Gobierno denuncian el “genocidio” de Israel en la Franja de Gaza. La diferencia es que ahora Podemos ya no está en el Ejecutivo y son los de Sumar los que han tomado el relevo. La diferencia es también que, desde que Pedro Sánchez fue investido, hace casi seis meses y Podemos salió del Gobierno, hay 22.000 muertos más en la Franja, la mayoría civiles.

Pablo Bustinduy, el titular de Derechos Sociales y Consumo, es el último en haber tomado el relevo de Ione Belarra, la lideresa de Podemos, cuyas denuncias del “genocidio” dieron la vuelta al mundo, sobre todo al árabe, porque nadie en un Gobierno occidental osaba expresarse en esos términos.

Bustinduy ha ido más allá que su predecesora en esa cartera. No se ha conformado con meras declaraciones sino que ha enviado una carta a “las empresas españolas con intereses en Israel” instándoles a “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que con su actividad no contribuyan a exacerbar la situación en Gaza” que tachó de “genocidio”.

La carta se ha hecho pública y ha provocado a su vez un nuevo comunicado de la Embajada de Israel en España manifestando “su total rechazo a la falsa acusación difundida por algunos ministros, intelectuales y medios de comunicación de que Israel está cometiendo un genocidio”. Es una “demonización y deslegitimación de Israel recurriendo a acusaciones carentes de fundamento”, añade.

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El comunicado habla de “ministros” en plural porque si Bustinduy ha desatado la ira de la diplomacia israelí otros miembros del Gobierno pertenecientes a Sumar, desde la vicepresidenta Yolanda Díaz hasta los ministros Ernest Urtasun y Sira Rego, también recalcan, desde hace meses, que en Gaza se está perpetrando un “genocidio”.

Sumar trata así de marcar perfil propio en el Gobierno de coalición. El fin de semana Yolanda Díaz pidió que el Consejo de Ministros reconociese el 7 de mayo al Estado de Palestina -lo hará antes de las elecciones europeas del 9 de junio- y ahora Bustunduy escribe a las empresas.

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Sus formas, a la hora de distinguirse, divergen de aquellas vigentes en países europeos en los que, desde hace décadas, existen gobiernos de coalición. Los ministerios de Asuntos Exteriores y de Economía de España, que son los de verdad competentes, reconocieron el miércoles que se habían enterado por la prensa de la iniciativa epistolar de Bustinduy y mostraron su disgusto. Los bramidos de Sumar distorsionan la voz del Gobierno en política exterior.

En verdad que, ante la magnitud de la tragedia de Gaza, en algunos otros gobiernos europeos de coalición hay voces discrepantes, pero nunca en un tono tan atronador como en España. La viceprimera ministra belga, Petra de Sutter (Los Verdes), recalcó, por ejemplo, la “necesidad de actuar contra la amenaza de genocidio” por parte de Israel.

En un intento de mitigar el impacto de esa carta de Bustinduy, fuentes autorizadas de Asuntos Exteriores, dijeron a la prensa que Israel era un “Estado amigo de España”. Para ser “amigo” la relación es francamente tensa desde hace más de medio año. “No tiene vergüenza”, escribió en X, refiriéndose al ministro José Manuel Albares, Pablo Fernández, coportavoz de Podemos.

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Aunque las formas de Sumar chirríen, en el Gobierno de coalición las posiciones no están en el fondo tan alejadas. El presidente Pedro Sánchez nunca empleó en público la palabra “genocidio”, pero sí habló, en varias ocasiones, de un número “realmente insorportable de civiles y menores muertos”. La respuesta militar a Hamás, recalcó, “no puede implicar la muerte de civiles inocentes, incluidos miles de niños en Gaza”.

El número de muertos en Gaza ascendía a 34.844 a mediados de esta semana, a los que hay que añadir 78.404 heridos, según las autoridades sanitarias de la Franja que son de Hamás. Los muertos equivalen al 1,6% de la población de Gaza y, si se les suman los heridos, el porcentaje de víctimas rebasa el 5%.

Ninguna autoridad, ninguna fuente solvente, ha puesto en Occidente en tela de juicio esas cifras que solo cuestiona Israel. El presidente Joe Biden reconoció, a principios de marzo ante el Congreso, que “la mayoría” de los muertos “no son de Hamás” y que “miles y miles” de los que han muerto son “inocentes, mujeres y niños, niñas y niños”. “Casi dos millones de palestinos sufren bombardeos o desplazamientos; casas destruidas, barrios en escombros, ciudades en ruinas y familias sin comida, sin agua, sin medicinas”, continuó. “Es desgarrador”, concluyó.

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Al cumplirse los dos meses de guerra, el Ejército israelí admitió que el 66% de las víctimas eran civiles, un dato que achaca a la “cobardía” de Hamás que se esconde entre la población. En un territorio cuya superficie es idéntica a la de la ciudad de Málaga, ¿desde dónde quiere que luchen? La ONG suiza Euro-Mediterranean Human Rights Monitor eleva ese porcentaje al 90%. No hay ninguna guerra en este siglo en la que la proporción de víctimas civiles sea tan alta.

La Corte Internacional de Justicia, una institución de Naciones Unidas, ordenó al 26 de enero a Israel que “tomara todas las medidas” posibles para “prevenir” un genocidio. El Gobierno requerido no lo hizo en estos últimos tres meses. Es, por tanto, probable que el genocidio esté en marcha, como atestigua el elevado número de muertos por bombardeos y disparos a los que se añaden los que provocan la hambruna y la falta de cuidados médicos.

En los últimos días de abril varios medios de comunicación israelíes informaron de que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el británico Karim Khan, estaba a punto de presentar cargos y lanzar órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu; el ministro de Defensa, Yoav Gallant; y el jefe del Estado Mayor, general Herzl Halevi.

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Por ahora no ha sucedido, pero las presiones para impedirlo de Israel y de EEUU han sido tales que el fiscal Karim Khan advirtió, el viernes pasado, en un comunicado que esas “amenazas pueden constituir un delito contra la Corte”. Nunca, en sus 22 años de existencia, la fiscalía había publicado un comunicado de esta índole.

En los círculos diplomáticos de La Haya, donde tiene su sede la CPI, se da por seguro que presentará cargos. Lo hizo con premura contra el presidente Vladímir Putin, al mes siguiente de que iniciase la invasión de Ucrania. Ahora está tardando mucho más. Será, sin embargo, la primera vez que lo haga contra los dirigentes de un Estado democrático. Está por ver si lo hará solo por crímenes de guerra, contra la humanidad o será también por genocidio. En todo caso, será una derrota moral para Israel.

Ese día quizás los dos socios de Gobierno hablen, sobre política exterior, con una sola voz. Antes lo harán también cuando, como anunció Pedro Sánchez, el Gobierno reconozca al Estado de Palestina.