El PSOE y su guerra contra el proxenetismo

Bronca entre el PSOE y Sumar a cuenta de la proposición de ley para prohibir el proxenetismo en todas sus formas, ley que es para los socialistas la clave en su cruzada hacia la abolición de la prostitución, meta que tiene muchos defensores en el PSOE, comenzando por el Sr. Sánchez. Pero Sumar rechaza esa ley y tras ese veto la única vía que le queda al PSOE es pactar con el PP, en el improbable supuesto de que el PP estuviera de acuerdo con la línea que sigue la proposición, que Sumar ha rechazado porque no aborda soluciones integrales para ayudar a la persona prostituida, con lo cual tampoco entra en el fondo del problema.

Algunos dicen que el veto deriva de que Sumar necesita desesperadamente demostrar su existencia como ente político, cosa difícil al ser un constructo en el que cada subgrupo tiene sus propias ideas. Pero, sea como fuere, tenía que marcar alguna distancia con el PSOE, que en esta materia se muestra más inflexible que nadie, tal vez porque hay una idea que en el PSOE domina: la de que no hay cosa más progre que abolir la prostitución —recuérdense las soflamas que sobre el tema pronunció en su día la Sra. Calvo— y un partido que lleva adelante esa idea merece el aplauso y hasta el olvido de cualquier otra acción u omisión que haya forzado o desoído la Constitución.

Pero ese “programa para solucionar el problema de la prostitución” no parece contar con otras fuerzas que también se consideran progresistas, que se cruzan una y otra vez en el camino parlamentario del PSOE, impidiendo que prosperen sus iniciativas.

También es llamativo el desprecio que desde medios gubernamentales se tiene por las fundadas opiniones que sobre el tema se han vertido en la sociedad civil, tanto en medios implicados en problemas sociales como en el ámbito académico, y que no siempre, ni mucho menos, coinciden con las tesis abolicionistas. Pero da igual: al parecer, todos viven en el error. A eso se suma una abierta pelea en el campo del feminismo, hasta el punto de que se ha llegado a hablar de una “escisión del feminismo” causada por el PSOE y sus proyectos de actuación en el problema de la prostitución.

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Desde Sumar también se ha dicho que la proposición socialista solo serviría para poner en situaciones de mayor precariedad, clandestinidad e indefensión a las personas prostituidas, y algún otro grupo del conglomerado “de la investidura”, ha lamentado que se trate por igual a toda clase de prostitución, sin diferenciar entre proxenetismo coactivo y ejercicio libre del trabajo sexual, temas que evidentemente están enlazados.

La receta que ofrece la ley —ahora rechazada por Sumar— para acabar con la prostitución (perseguir todas las “formas” de proxenetismo, castigar la tercería locativa y perseguir también a los clientes) llama la atención sobre todo por su demagógico simplismo, comenzando por el presupuesto, que es reducir las opciones a solo dos: la legalización total (por lo tanto, inadmisible) y la abolición por todos medios (única vía posible). Para la ley, la cuestión básica de la libertad de la persona que decide dedicarse al trabajo sexual ni siquiera existe, cuando el debate sobre la prostitución solo tiene sentido si se refiere a la prostitución absolutamente libre —o todo lo “libre” que es la opción por un trabajo pueda ser, y no hace falta recordar trabajos penosos— y voluntaria.

Para los abolicionistas, como dogma, la prostitución nunca puede ser libre, porque es “imposible” que nadie elija ese trabajo, y, por lo tanto, cualquier política diferente al abolicionismo parte de un error y, en la medida en que supondría abrir la licitud de la actividad en alguna medida, mayor o menor, solo podría servir para provocar un aumento incontrolado del número de personas prostituidas, cosa que solo se puede impedir mediante una férrea prohibición.

Lo absurdo de ese razonamiento se detecta con su mera lectura, sin olvidar su base inconstitucional, pues niega el derecho a la libertad y reduce a las personas prostituidas a la condición de incapaces, por no querer aceptar que ejercer la prostitución no es ilícito, al margen de que falte una regulación de ese trabajo. Pero eso no se plantea, como tampoco la segura consecuencia de aumento de la clandestinidad con todo lo que eso comporta.

La norma reduce las opciones a solo dos: la legalización total (por lo tanto, inadmisible) y la abolición por todos medios (única vía posible)

En cuanto al proxenetismo, que formalmente es el objetivo principal de la proposición de ley, tenemos que, según los abolicionistas, hay formas de obtener beneficio de la prostitución que no están castigadas por el Código Penal y debieran estarlo, y eso sucede porque la ley penal establece como condición para que aparezca el proxenetismo punible la condición de que haya “explotación”, que solo existe cuando la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica, o que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas. Faltando esos componentes de explotación, las actividades descritas son ajenas al Derecho Penal.

La solución de la proposición de ley es tan simple como torpe, pues se reduce a suprimir la exigencia de que haya explotación, con lo cual puede entrar en el “aprovechamiento de la prostitución” tanto el sujeto que se aprovecha coactivamente como quién le sirve la comida diaria. Son solo ejemplos límite, y algún jurista de buena fe dirá que hay que excluir los actos llamados “neutros” en Derecho Penal, pero los “radicales” desconocen la teoría de los actos neutros.

La valoración que merece la propuesta se resume en una palabra: es un dislate. Un tipo penal sin contornos precisos (los que marcaba el requisito de explotación), que no requiere tampoco violencia, intimidación o engaño (que, en su caso, serían agravantes), es incompatible con la seguridad jurídica, y, además, entra abiertamente en el delicado campo del consentimiento al advertir expresamente que esa acción, sin necesidad de explotación, es punible aunque se realice con el consentimiento de la persona prostituida, cuya voluntad es irrelevante, como si hubiera perdido absolutamente la capacidad.

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A renglón seguido va la incriminación de la tercería locativa, esto es, proporcionar un lugar para la realización de la actividad de contenido sexual. El problema es que no se reduce al gestor del “club de alterne” sino que, sin ir más lejos, entraría en la tipicidad la actividad de cualquier hotelero, sea el gran hotel o la humilde pensión, o el que presta un habitáculo cualquiera, y eso sin entrar en el problema, no menor, de que el castigo de esas “tercerías” tendría que pasar por la demostración de la consciencia de que se facilita una actividad de prostitución, obligado componente del dolo.

El castigo de los clientes es la tercera idea de la proposición de ley. El razonamiento es tan sencillo como simplista: si se castiga a los consumidores de prostitución bajará la demanda y la actividad se irá acabando. No es una idea nueva, pero siempre ha topado con obstáculos jurídicos. El cliente en cuestión es un sujeto que cree participa en una relación libre de presiones, o no se plantea el periplo que ha llevado a la otra persona a acceder a mantener una relación por precio, cuestiones que, salvo prueba en contra, le son ajenas. Normalmente —excepciones, las que se quieran— el cliente partirá de que esa persona obra libremente, o no se lo planteará.

Cuestión distinta es que, por razones morales, se exija el castigo del “putero” como representante de los peores vicios del sexo masculino, por lo que ha de responder personalmente de todo el mal causado por los hombres a las mujeres a lo largo de la historia. Esa sería una especie de perspectiva de género aplicada al cliente.

También recoge el castigo a los clientes: si se castiga a consumidores, bajará la demanda y la actividad se irá acabando. No es una idea nueva

Pero de nuevo hay que regresar al problema nuclear, que es la falta de respeto a la libertad de quien ofrece servicios sexuales, sin cuestionar la realidad de que muchas personas están forzadas a ello por una u otra razón. Muchas de las cosas que se dicen desde el abolicionismo pueden tener sentido en relación con la prostitución forzada, pero solo con esa.

En 1956 España ingresó en la ONU, y como gesto de integración se promulgaron los decretos abolicionistas que expresamente invocaban la Convención Internacional para la Represión de la Trata de Seres Humanos y de la Explotación de la Prostitución, de 1949, que, efectivamente, consideraba ilícito el tráfico de personas para la prostitución. Gracias a aquellas decisiones la prostitución se expulsó a las calles y a la clandestinidad, con todo lo que eso supone y que es sobradamente conocido, y llegamos así a la ingente presencia de la prostitución en cualquier lugar de España, prostitución de lujo o miserable. Es importante, sin duda, la lucha contra los explotadores, pero también es urgente el debate sobre la admisión de la prostitución absolutamente libre.

*Gonzalo Quintero Olivares, catedrático de Derecho penal y abogado.