Así se sigue desguazando al Estado

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, y su alineamiento con la política expansionista de Rusia, están teniendo consecuencias disruptivas en el ámbito internacional. La Unión Europea se enfrenta a una situación crítica que solo podrá afrontar con éxito si lo hace unida. Ahora bien, para ello resulta imprescindible también que los Estados miembros adopten una serie de medidas presupuestarias (incremento de la inversión en defensa) y de otra índole que requiere un amplio consenso social y político. En este escenario, en Alemania se está forjando ya su próximo gobierno de gran coalición con vistas a reforzar su legitimidad, estabilidad y eficacia y, en última instancia, a fortalecer el Estado alemán.

El contraste con la situación política que atraviesa España no puede ser más descorazonador. El Gobierno se mantiene a flote gracias al apoyo de una serie de partidos cuyo objetivo declarado en el plano interno es la destrucción del sistema constitucional y en el plano externo se alinean con Rusia y otros Estados contrarios a la democracia liberal. Entre estos apoyos al Gobierno le resulta vital el que le presta el partido separatista Junts, dirigido por el prófugo Puigdemont. Partido cuya connivencia con el régimen de Putin quedó en evidencia durante la insurrección de 2017. La alianza del PSOE con estos partidos está debilitando gravemente al Estado en un momento en que la situación requiere precisamente lo contrario.

En el contexto de una vasta operación de mutación constitucional (transformación del significado y alcance de sus cláusulas definitorias y de muchas de sus disposiciones sin una modificación expresa de las mismas) cuyo resultado final sería el establecimiento de una estructura política plurinacional y confederal que sustituiría al actual Estado Constitucional autonómico, el Gobierno se dispone a dar otro paso más en el progresivo proceso de desmantelamiento y desguace del Estado: la cesión a la Comunidad Autónoma de Cataluña de las competencias en materia de extranjería e inmigración.

Al amparo del muy desafortunado artículo 150. 2 de la Constitución ("el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación"), el PSOE y Junts han registrado una proposición de ley orgánica para que el Estado transfiera a Cataluña las competencias en materia de extranjería e inmigración. Al tratarse de una proposición y no de un proyecto de ley se elude la obligación de recabar los informes preceptivos de órganos consultivos (Consejo de Estado) que advertirían su notoria inconstitucionalidad.

La UE se enfrenta a una situación crítica que solo podrá afrontar con éxito si lo hace unida

La delegación de unas competencias muy relevantes políticamente a una Comunidad Autónoma no se lleva a cabo pensando en la mejora de la gestión de las políticas públicas sobre la materia y en el perfeccionamiento del funcionamiento del Estado en su conjunto, sino que es el resultado de una nueva cesión del PSOE a Junts con el único propósito de que sus siete diputados presten su respaldo al Gobierno. Es decir, la cesión competencial es una mera contraprestación, como lo fue antes la amnistía y luego el concierto fiscal solidario: las competencias de extranjería se ceden a cambio de siete votos.

Desde un punto de vista estrictamente jurídico, la proposición es inconstitucional por contravenir tanto el artículo 150. 2 CE como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la materia. La posibilidad de que el Estado transfiera competencias propias a las Comunidades Autónomas encuentra un límite material en el propio artículo 150. 2. Aunque se trate de un límite ambiguo e indeterminado en el caso que nos ocupa resulta claro. La Constitución entiende que hay materias que "por su propia naturaleza" no se pueden transferir. Entre estas resulta obligado incluir todas aquellas que afectan al núcleo duro de la soberanía del Estado como son las relativas a la defensa nacional en general y al control de las fronteras en particular. Esto quiere decir que la "inmigración y extranjería" son materias que no se pueden transferir ni a Cataluña ni a ninguna otra Comunidad Autónoma. El Tribunal Constitucional así lo advirtió expresamente en su sentencia sobre el Estatuto de Cataluña (2010): "sería claramente inconstitucional atribuir a una Comunidad Autónoma competencias en dicha materia (inmigración)". Esto quiere decir que, de aprobarse la proposición de ley, y ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, este debería declararla inconstitucional.

La proposición presentada reviste una extraordinaria gravedad. Por un lado, se trata de un paso más en el desmantelamiento del Estado y en el (inconstitucional) establecimiento de una estructura estatal catalana. Y por otro, es un grave atentado al principio de igualdad.

La posibilidad de que el Estado transfiera competencias propias a las CCAA encuentra un límite material en el artículo 150. 2

El control de las fronteras y la gestión de la inmigración son competencias que ningún Estado puede transferir. Aunque la proposición atribuya a la policía autonómica la protección de las fronteras, puertos y aeropuertos, juntamente con la Policía Nacional y la Guardia Civil, el resultado será la disminución de los efectivos de estos últimos y el incremento de la plantilla de los Mossos. La Disposición adicional segunda prevé aumentarla hasta los 26.800 efectivos. El objetivo no meramente simbólico es que, al entrar en España, un ciudadano o un extranjero se encuentre con fuerzas de policía autonómicas como si la Comunidad Autónoma fuera un auténtico Estado. La medida se enmarca en un contexto de reforzamiento de las “estructuras de Estado” de Cataluña en el que resulta fundamental la creación de una Hacienda catalana, que también se ha acordado políticamente a pesar de su inconstitucionalidad.

Por lo que se refiere a la delegación de la ejecución de la normativa estatal en materia de inmigración, aunque se trate solo de la cesión de competencias ejecutivas esta es también inconstitucional por atentar contra el principio de igualdad. Así ocurre por ejemplo en lo relativo a la resolución de solicitudes de residencia temporal y de larga estancia. El principio de igualdad exige necesariamente que esta competencia se ejerza con criterios uniformes en todo el territorio nacional. Y para garantizar esa uniformidad, su ejecución debe corresponder inexcusablemente al poder central. No es constitucionalmente admisible que la legislación de entrada y permanencia en el país se aplique con más o menos flexibilidad en unas Comunidades que en otras. Y lo que pretende Junts es precisamente no solo evitar esa uniformidad, sino que aspira a incluir requisitos adicionales para acreditar el arraigo como es el conocimiento de la lengua catalana. Así el artículo 12.7 (escondido y al final de la proposición) dispone "como facultad accesoria de las anteriormente reseñadas en la presente Ley Orgánica, el Estado delega en la potestad normativa de ejecución o desarrollo de las normas estatales reguladoras de las materias objeto de delegación, siempre que dichas normas prevean expresamente dicha ejecución o desarrollo por las Comunidades Autónomas". La Ley Orgánica de extranjería no prevé expresamente un desarrollo autonómico, pero la disposición citada apunta a una posible modificación para hacer posible que Cataluña apruebe su propia ley de extranjería.

El control de las fronteras y la gestión de la inmigración son competencias que ningún Estado puede transferir

Esto es lo que se deduce con claridad de la Exposición de Motivos. La delegación competencial se justifica una vez más en la "singularidad catalana" que se concreta en dos datos: la existencia de un alto porcentaje de población extranjera y de una lengua propia. Este segundo elemento es una vez más el crucial y decisivo en la delegación. Con esta no se persigue únicamente reemplazar al Estado en la tramitación de todo tipo de permisos y autorizaciones de residencia y trabajo, sino que se aspira a formular una política propia basada en la discriminación lingüística.

Sea de ello lo que fuere, con esta nueva quiebra del orden constitucional se erosiona gravemente el principio de igualdad y, se debilita al Estado. Debilitamiento que es la consecuencia política ineludible del "muro" que ha construido el Gobierno junto con fuerzas políticas que aspiran a destruir el Estado dejando fuera a quienes están comprometidos con su defensa. En definitiva, una cesión inconstitucional que podría y debería evitarse derribando el muro y, siguiendo el ejemplo alemán y europeo, construyendo un puente con quienes defienden la unidad del Estado y la vigencia de la Constitución.

*Javier Tajadura Tejada es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco e investigador de la Fundación Manuel Giménez Abad.