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España: ¿cómo pedir un mayor gasto en defensa si se han ocultado las amenazas?
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Ignacio Cembrero

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España: ¿cómo pedir un mayor gasto en defensa si se han ocultado las amenazas?

A diferencia de otros gobiernos europeos, el español no ha aprovechado la guerra en Ucrania para hacer pedagogía con su opinión pública sobre los riesgos en materia de seguridad al noreste de Europa ni tampoco en la frontera sur

Foto:  (c), visita las instalaciones del acuartelamiento de Monte la Reina en Zamora. ( Europa Press/Archivo/Emilio Fraile)
(c), visita las instalaciones del acuartelamiento de Monte la Reina en Zamora. ( Europa Press/Archivo/Emilio Fraile)
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Sólo el 16,3% de los españoles estaría dispuesto sin titubear a defender a su país ante una agresión extranjera. Otro 22,4% sería más bien proclive a arrimar el hombro en caso de conflicto. Casi la mitad de los españoles (47,1%) solo aceptaría movilizarse para proteger a su familia. En total, un 55,3% rechazaría tomar parte en la defensa de España si fuera atacada.

El Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), el think tank de las Fuerzas Armadas, encargó en 2013 al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) un sondeo sobre la disposición de los españoles a participar en tareas defensivas y su sentimiento de pertenencia a España. Una mayoría de encuestados, la muestra fue de 2.500, opinó que “hay que disminuir presupuestos y efectivos” de las FFAA ya que “no existen riesgos ni amenazas importantes”. El IEEE se llevó tal chasco con los resultados que tardó un año en publicarlos, lo hizo en pleno verano y desde entonces no ha vuelto a solicitar los servicios del (CIS).

Una década después, la Asociación Internacional Gallup dio a conocer, hace justo un año, un nuevo sondeo, efectuado por Sigmados, con una muestra más pequeña (1.019 encuestados). Arrojó un resultado parecido: 53% de los españoles se niegan a luchar por su país en caso de conflicto, mientras que un 29% sí son proclives a hacerlo.

La invasión rusa de Ucrania, el Plan Integral de Cultura de Seguridad Nacional aprobado por el Gobierno en mayo de 2021, y que debía sensibilizar a todas las capas de la opinión pública empezando por los jóvenes, apenas han cambiado el estado de ánimo de la población española.

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Esa cuasi nula percepción de la amenaza por parte de los españoles explica, en parte, las reticencias de la izquierda al rearme o, por decirlo púdicamente, a la mejora de la seguridad de España y del conjunto de la Unión Europea. Por eso, el presidente Pedro Sánchez tiene un doble discurso. Uno es firme y contundente, como el pronunciado el 12 de marzo en Helsinki junto a Petteri Orpo, primer ministro de Finlandia, país con 1.340 kilómetros de frontera con Rusia. El otro tiene matices, como el que dirigió al Congreso el 26 de marzo. Sus socios parlamentarios son reacios a incrementar el gasto en defensa.

La izquierda española, los pequeños partidos e incluso el PSOE, nada tiene que ver con la de países como Reino Unido o Francia donde laboristas y socialistas no han puesto tradicionalmente reparos en hacer esfuerzos presupuestarios en defensa y hasta en desarrollar operaciones militares en el extranjero. Un presidente socialista francés, François Hollande, puso en marcha en 2013 la operación Serval para impedir que los yihadistas se adueñaran de todo Mali. Más convencida está aún la socialdemocracia de la necesidad de armarse en países fronterizos con Rusia, donde perciben de cerca el peligro que supone el régimen de Putin.

Foto: Espada artesana de Toledo. (EFE/Ismael Herrero)

Si en España no se acaba de captar la amenaza, no es sólo porque los Pirineos están a 2.300 kilómetros de Kiev. Es también porque desde el Gobierno no se ha querido informar a la opinión pública mediante una política de comunicación. Hay algunos amagos como los cursos que organiza el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) para periodistas, jóvenes o parlamentarios o los acuerdos suscritos por el IEEE con algunas universidades. Son a todas luces insuficientes y no siempre están relacionadas con la actualidad más candente.

A partir de febrero de 2022, cuando el Ejército de Vladímir Putin invadió Ucrania, la OTAN y los ministerios de Defensa de varios países europeos, y no solo los más cercanos al frente, multiplicaron las sesiones informativas para periodistas y opinadores. Británicos y franceses suben incluso a las redes sociales notas de inteligencia (intelligence update en X) con su valoración de la evolución de la guerra. Generales y coroneles en activo se sucedieron ante las cámaras y los micrófonos de los medios audiovisuales haciendo análisis, haciendo pedagogía.

¿Cuántos briefings se dieron en el Ministerio de Defensa de España o en el Estado Mayor a periodistas y opinadores en ese primer año de guerra? Ninguno. ¿Cuánta información específica y actualizada se subió a diario o semanalmente a la web del ministerio o a las redes sociales como hicieron en otras capitales europeas? ¿Cuántos militares españoles en activo fueron autorizados a aceptar las invitaciones de los medios de comunicación? Ninguno. Sólo acudieron jubilados a esas citas.

Foto: Soldados en la Base Aérea de Albacete. (EP/Víctor Fernández)

Puestos a ocultar, la ministra de Defensa, Margarita Robles, omitió incluso dar cuenta de parte de la ayuda militar suministrada a Ucrania. Tuvo, por ejemplo, que venir a Madrid, en abril de 2023, el ministro ucraniano de Defensa, Oleksii Réznikov, para que supiéramos que España le había entregado cinco misiles antibuque Harpoon que utilizó en el mar Negro.

El presidente Pedro Sánchez insiste reiteradamente en que, además de ser solidarios con Ucrania, España ha de atender un flanco sur africano al que le gustaría que sus socios de la UE y de la OTAN prestasen más atención. Ese flanco consiste en el Sahel, asolado por los yihadistas y con una creciente presencia de los mercenarios rusos de Wagner -ahora rebautizados Africa Corps- que han puesto pie hasta en la antigua colonia española de Guinea Ecuatorial.

El terror que mercenarios y ejército regular siembran en Malí hizo que el año pasado los malienses fuesen los que en mayor número (17.453) llegaron a España por mar, un flujo migratorio que incluye a un 10% de menores y que probablemente se alienta desde El Kremlin. Wagner ya animó en su día a la emigración desde Libia a Italia.

Foto: Los primeros 100 refugiados de la guerra de Mali llegan a Santiago de Compostela el 30 de julio de 2024. (César Arxina/Europa Press)

También en 2024, en noviembre, la policía desmanteló en España, por primera vez, dos muy incipientes planes terroristas inspirados por el Estado Islámico del Gran Sahel, el principal grupo yihadista en esa región africana junto con la rama local de Al Qaeda. Ambos operan en el norte de Mali, a unos 1.200 kilómetros en línea recta de Fuerteventura, una isla hoy en día inalcanzable para ellos.

Por ahora los terroristas poseen armas desfasadas en Malí, pero ¿qué ocurriría si parte de Mauritania vuelve a caer en sus manos, como en la primera década de este siglo, y se apoderan además de un misil paquistaní Fatah II o ruso 40N6? Entonces podrían, por ejemplo, disparar desde Bir Mogrein (Mauritania), a 400 kilómetros de Fuerteventura, un misil sobre la isla.

Tampoco las autoridades españolas han sensibilizado a la prensa y a la opinión pública a estos retos de la frontera sur. Aún menos se les ha informado de un tema más tabú: la guerra híbrida, como la describen los militares, que Marruecos activa a veces con España. El mejor ejemplo fue la entrada masiva en 48 horas, en mayo de 2021, de más de 10.000 inmigrantes irregulares marroquíes (20% de menores) en Ceuta. Ahora ese hostigamiento continúa a su manera con la asfixia económica a Ceuta y Melilla, pese a la teórica buena relación hispano-marroquí que ensalza el Gobierno español.

Foto: Vista aérea de Ceuta y la bahía norte desde el monte Hacho.

Por algo en la encuesta del CIS los melillenses eran, de todos los rincones de España, los que en mayor porcentaje (75%) se declaraban exclusivamente españoles, por delante incluso de los madrileños. Y eso que en Melilla la mitad de la población es de tradición musulmana, según el estudio del Observatorio Andalusí, que depende de la Comisión Islámica de España.

Capítulo aparte se merece el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el principal servicio secreto español que también está adscrito a Defensa. Su directora, Esperanza Casteleiro, anunció “máxima transparencia” cuando asumió el cargo en mayo de 2022, pero no cumplió. Prueba de ello es que el CNI carece de responsable de comunicación e invita a los periodistas que llaman a su puerta a “dirigirse a la Oficina de Comunicación Institucional y Prensa del Ministerio de Defensa”.

Algunas agencias de inteligencia europea, como la alemana BND, publican en sus webs los nombres con las fotos de sus portavoces y sus números de teléfono y ofrecen reuniones virtuales con grupos de ciudadanos para explicarles su labor. Otras, como la neerlandesa AIVD, hasta narra alguna operación de la que está especialmente orgullosa.

España es otro mundo. A la tradicional afición por la opacidad de los Gobiernos españoles, se ha añadido desde 2018 el temor a crear tensiones en una coalición de Gobierno cuyos socios minoritarios se empeñan en ignorar que mejorar la disuasión es la mejor forma de evitar guerras y de sortear las amenazas. Ni briefings para la prensa ni militares ante sus micrófonos.

Sólo el 16,3% de los españoles estaría dispuesto sin titubear a defender a su país ante una agresión extranjera. Otro 22,4% sería más bien proclive a arrimar el hombro en caso de conflicto. Casi la mitad de los españoles (47,1%) solo aceptaría movilizarse para proteger a su familia. En total, un 55,3% rechazaría tomar parte en la defensa de España si fuera atacada.

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