Ni conservadores ni progresistas: jueces independientes

Vivimos tiempos en los que todo se encasilla. Cada posición se reduce a un eje ideológico, cada gesto se interpreta como una toma de partido. En este clima de polarización, donde cada opinión es clasificada, juzgada y utilizada como arma arrojadiza, resulta casi revolucionario reclamar algo tan básico como la independencia judicial o la separación de poderes. Esa legítima reclamación no siempre encuentra el espacio sereno que merece. Muy al contrario: suele ser arrastrada al terreno de la desconfianza y del enfrentamiento.

Recientemente, asociaciones judiciales como Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente, han tenido que solicitar una rectificación pública tras ser incluidos en una noticia como "asociaciones conservadoras". Puede parecer una cuestión menor, un error inocente, pero no lo es. No se trata solo de una etiqueta desafortunada: es una muestra clara de cómo los discursos públicos y mediáticos están siendo contaminados por una narrativa que busca reducirlo todo a trincheras ideológicas. Se trata de una falsedad que, al repetirse, termina dañando no solo a quienes la sufren como miembros integrantes de esas asociaciones, sino a toda la ciudadanía que espera una Justicia imparcial, ajena a intereses partidistas.

Estas asociaciones defienden la independencia judicial, la separación de poderes y la profesionalidad de los jueces, con un marcado carácter plural, apartidista y abierto. En sus filas hay jueces de todo tipo, con ideas diversas, como corresponde a una asociación profesional y no política. Pluralidad interna que desmiente cualquier intento de etiquetarlas desde fuera. Se colocan así, en un lugar distinto al de quienes han aprendido a moverse con soltura dentro de las dinámicas del poder. Esa diversidad es su fuerza. Y su neutralidad, una exigencia.

Esa neutralidad no es pasividad. Requiere posicionarse con firmeza siempre que un poder político, sea del color que sea, amenace los equilibrios democráticos erosionando los principios del Estado de Derecho. Porque esa es su obligación como servidores públicos. No es política: es deber institucional. Callar ante una injerencia sería una forma de claudicación.

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El problema es que, cuando los medios etiquetan sin matices, alimentan un relato interesado que beneficia al poder de turno. Se alimenta la peligrosa idea en la opinión pública de que los jueces actúan en función de su ideología y no de la legalidad. Supone un grave perjuicio para la credibilidad de la Justicia y la percepción de neutralidad que la ciudadanía merece. Se debilita la confianza ciudadana en la imparcialidad de los tribunales. Se socava uno de los pilares esenciales de la democracia. Porque una Justicia percibida como politizada deja de ser garantía de derechos y empieza a ser vista como un engranaje más del sistema de poder.

La prensa que juega a etiquetar a los jueces favorece la estrategia del poder. Si una asociación judicial como voz colectiva y representativa, denuncia una reforma que debilita la carrera judicial, basta con calificarla de "conservadora" para deslegitimarla. Se facilita de esta manera, el juego al gobierno de turno, que puede así presentar cualquier crítica institucional como una reacción ideológica, deslegitimándola ante la opinión pública. Así, el debate se vacía de contenido y se convierte en un mero cruce de eslóganes. Y en ese juego, quien pierde es la Justicia.

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El compromiso con la legalidad no es una excepción, pero sí lo es la coherencia: debe ejercerse la labor crítica con independencia del color político del Gobierno de turno, denunciando situaciones contrarias a la independencia judicial y defendiendo siempre una Justicia fuerte, imparcial y profesional.

Esa coherencia, incómoda para algunos, nos sitúa en la tradición de lo que Paul Preston llamó la "Tercera España": la de quienes no se sometieron ni a los dogmas ni a los extremos, y defendieron sus principios en tiempos de polarización. Hoy, como entonces, sigue habiendo una Tercera España. Está en quienes no se resignan a elegir entre etiquetas. Está en quienes creen que todavía es posible una justicia que no sea arma política, sino garantía de derechos. Está en quienes no gritan, pero resisten.

La Justicia no puede pertenecer a un bloque ideológico, ni ser arma de ningún poder. No puede ser de derechas ni de izquierdas, ni de unos ni de otros. Debe ser de todos.Y por eso hoy, en medio del ruido, las etiquetas y la desinformación, defender la independencia judicial y la neutralidad es un acto de valentía y de responsabilidad. Porque la Tercera España, la de Manuel Chaves Nogales, la que no busca etiquetas y se rige por principios, existe. Esa es la España que necesitamos recuperar. Hoy más que nunca.

*María Emma Ortega Herrero, magistrada del Juzgado Contencioso-administrativo nº 13 de Sevilla.