Lo que busca el 'procés': un acto de fuerza del Estado

Hace unos días, Lluís Bassets publicó en 'El País' un artículo valiente con un gran título: “Si no es legal, no es democrático”. Es difícil meter tanto contenido en solo siete palabras.

Pueden existir leyes sin democracia, pero no existe democracia donde la ley no se respeta. Esa afirmación toca directamente el núcleo del conflicto político que hoy atraviesa el mundo: la batalla entre la democracia representativa y las distintas modalidades de nacional-populismo que se introducen en ella para reventarla desde dentro.

¿En qué se parecen Donald Trump, Cristina Kirchner, Nicolás Maduro, Vladímir Putin y Artur Mas? En casi nada, dirán ustedes: personas diferentes en diferentes contextos. Sin embargo, todos ellos encarnan variantes de gobiernos nacional-populistas. Y la experiencia demuestra que el nacional-populismo en el poder presenta en cualquier lugar tres rasgos comunes:

Todos los gobiernos nacional-populistas terminan enfrentándose a la Justicia para someterla. Este combate marca el destino de la democracia

Primero, construye regímenes contaminados por la corrupción.

Segundo, pretende imponer su voluntad política (esgrimida como la voluntad del pueblo) por encima del principio de legalidad.

Tercero, ambos propósitos conducen a un choque frontal con aquel otro poder cuya función es precisamente garantizar la aplicación de las leyes: el poder judicial.

Todos los gobiernos nacional-populistas sin excepción terminan enfrentándose a la Justicia y tratando de someterla. El resultado de ese combate marca el destino de la democracia.

El primer obstáculo serio que Trump ha encontrado en su proyecto autocrático son los jueces, resueltos a cumplir la tarea de preservar la Constitución. Ellos serán, ya lo verán, el bastión más firme de la resistencia en aquel país. Cristina Kirchner empezó a perder cuando se lanzó a copar el poder judicial (un recuerdo para el fiscal Nisman, por favor) en busca de impunidad para ella y sus secuaces. En Venezuela y en Rusia, por el contrario, el poder político ha logrado someter a la Justicia; y por ello en esos dos países la democracia está herida de muerte.

Hablan mucho de los casos de Escocia y de Quebec, pero olvidan que esos referendos fueron posibles porque encajaron en el marco constitucional

El problema nuclear del 'procés' catalán no es que la aspiración independentista sea más o menos justa y razonable, eso forma parte del debate político. Pero hay una cuestión previa: que tal como lo plantea el Gobierno de Cataluña, es manifiestamente ilegal. Y por tanto, no democrático. Hablan mucho de los casos de Escocia y de Quebec, pero siempre olvidan que esos dos referendos fueron posibles porque encajaron en el marco constitucional. De lo contrario, ni el Gobierno británico ni el canadiense los habrían consentido. Entre otras razones, porque no lo habrían permitido los jueces.

Desde el instante en que se declaran dispuestos a imponer su voluntad desbordando los límites de la ley, el Gobierno y la mayoría parlamentaria de Cataluña se meten y nos meten en un callejón sin salida. Si de verdad quisieran hacer viable su aspiración, aunque fuera a largo plazo, estarían trabajando por una reforma constitucional que habilitara un camino hacia ella. Al despreciar esa vía y tomar la de los hechos consumados, saben de antemano que tendrán enfrente a un Gobierno de España imposibilitado de negociar en esos términos y a un poder judicial obligado a frenarlos.

Si quisieran hacer viable su aspiración, aunque fuera a largo plazo, trabajarían por una reforma constitucional que habilitara un camino hacia ella

El espectáculo de unos energúmenos insultando a la fiscal de Barcelona por el mero hecho de hacer su trabajo (“fascista, eres una mierda, vete de Cataluña”), bajo la complaciente protección del Govern de Cataluña, se parece demasiado al de los mafiosos de La Cámpora kirchnerista amenazando en la calle a los jueces que investigaban los múltiples delitos de la presidenta y su 'familia'. O a los intimidatorios tuits de Donald Trump que ponen en riesgo la integridad física de los jueces que paralizan sus anticonstitucionales decretos contra los inmigrantes.

Los gobernantes de Cataluña ponen al Estado español (al Gobierno, a la Justicia y al Parlamento) ante la opción infranqueable de ignorar la ley o recurrir a la fuerza para hacerla cumplir. Reflexionando sobre ello, he llegado a la conclusión de que lo que buscan es precisamente esto último. Han decidido llevar el conflicto al punto de obligar al Estado a realizar una acción de fuerza que haga saltar el 'statu quo' y legitime una respuesta insurreccional.

Llevarán el conflicto al punto de obligar al Estado a realizar una acción de fuerza que haga saltar el 'statu quo' y legitime una respuesta insurreccional

El problema político de fondo es el empate insoluble en la sociedad catalana entre los que quieren separarse de España y los que quieren seguir formado parte de ella. Pueden ponerse las urnas mil veces: de una u otra forma, siempre se reproducirá la misma situación. No es un conflicto entre España y Cataluña, sino esencialmente un problema entre catalanes a ambos de la zanja con la que sus insensatos gobernantes han dividido a esa sociedad.

¿Cómo se rompe el empate? Puesto que el independentismo catalán carece de la fuerza física para imponer su solución, trata de extremar la provocación hasta crear una situación de hecho que induzca al Estado a ser él quien emplee la fuerza. Ello dispararía una espiral de victimismo —el motor histórico del nacionalismo— que probablemente desequilibraría la balanza en la sociedad catalana y justificaría una ruptura unilateral “en legítima defensa”.

Imaginen —les aseguro que esto se está estudiando— que Puigdemont decide convocar simultáneamente el referéndum sobre la independencia y las elecciones (formalmente autonómicas, pretendidamente constituyentes). Estaríamos ante un dilema endiablado: unas elecciones legales y un referéndum ilegal en la misma jornada, con los mismos colegios electorales y dos urnas en cada mesa. Lógicamente, el Tribunal Constitucional ordenaría al Gobierno de España que impidiera el referéndum sin obstaculizar las elecciones.

Una acción coercitiva tendría un efecto irreversible: cualquiera que fuera la salida, España habría perdido afectivamente a Cataluña para siempre

Pero ¿cómo se hace eso? ¿Se consiente el desafuero? ¿Se envía a la Guardia Civil a los colegios electorales para que retiren una de las dos urnas? Se diría, con razón, que se había violentado la jornada electoral. ¿Qué deberían hacer los ciudadanos que reconocieran la legitimidad de las elecciones pero no la del referéndum? ¿Cómo se interpretarían los resultados de esas dos votaciones enredadas?

En todo caso, una acción coercitiva del Estado tendría un efecto irreversible: cualquiera que fuera la salida a corto plazo, España habría perdido afectivamente a Cataluña para siempre. La desconexión, en su vertiente emocional, estaría consumada.

Ya que yo no puedo pegar, voy a obligarlos a que me peguen. Están en eso, de otra forma no se entiende su comportamiento. Más vale que cuando llegue el día, la respuesta en defensa de la ley esté meditada, calibrada y, a ser posible, acordada.