El Estado, ante su prueba final en Cataluña

Desde las 10 de la mañana de este jueves, el poder del Estado está puesto a prueba.

El 1 de octubre, el crédito de Mariano Rajoy como gobernante sufrió un golpe durísimo. Tras asegurar durante meses que todo estaba preparado para impedir el referéndum y garantizar que ese día no habría votación ni apariencia de ella, se demostró que todo era, como en el tango de Cadícamo, pompas de jabón.

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Tres cosas llenaron de humillación y de alarma a quienes creyeron al presidente: primero, la burla de miles de urnas llegando a sus destinos, transportadas por particulares, sin que los múltiples servicios de información del Estado olieran la movida. Segundo, la candorosa creencia de que los Mossos se encargarían de impedir la votación. Y tercero, la atolondrada estupidez de lanzar a un puñado de policías y guardias civiles a la misión imposible de cerrar por la fuerza 6.000 locales llenos de gente y ocupados por piquetes, lo que proporcionó al independentismo su mayor baza propagandística desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010.

Aquel día se inoculó en la opinión pública la terrible sospecha de que quizás el Estado español haya perdido ya la capacidad de hacer cumplir la ley en esa parte del territorio nacional. Es cierto que desde la aparición del Rey muchas tornas han cambiado: se ha tomado la iniciativa, la unidad política está ahora en el lado constitucional y la división en el separatista, los 'otros catalanes' recuperaron la voz y la calle, las empresas despertaron de su cómplice siesta contemplativa, los cabecillas de la agitación están en Soto del Real y Trapero, en capilla. Pero la duda persiste: ¿sigue existiendo el Estado en Cataluña? Eso es lo que vamos a comprobar en los próximos días.

Previsiblemente, mañana el Consejo de Ministros decidirá activar el artículo 155; pero eso no significa que el 155 se empiece a aplicar mañana

Previsiblemente, mañana el Consejo de Ministros decidirá activar el artículo 155; pero eso no significa que el 155 se empiece a aplicar mañana, aunque sí que dejará de ser una cifra cabalística para convertirse en un catálogo de medidas concretas y, al fin, conocidas.

Ello abrirá un primer momento de máximo peligro. Durante el tiempo que dure el trámite en el Senado —al menos, una semana—, las medidas del 155 estarán anunciadas, pero aún no podrán aplicarse. Y durante ese tiempo, la Generalitat insurrecta conservará intacto todo su poder para blindarse, preparar el contraataque y sembrar de minas el campo institucional, además de incendiar impunemente la calle como mensaje disuasorio.

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Un ejemplo hipotético. Puede que ante el anuncio del Consejo de Ministros y sin esperar al Senado, Puigdemont se suba o lo suban al balcón de la plaza de San Jaime para consumar la proclamación de la república catalana independiente. Y puede que mientras los señores senadores debaten en Madrid, el nuevo 'Estat catalá' comience a actuar como tal. Por ejemplo, tomando físicamente el control de instalaciones e infraestructuras básicas: puertos y aeropuertos, estaciones de ferrocarril, centros de comunicación, etc. Quizá parezca alarmista o fantasioso, pero los planes operativos para ejecutar esa operación en 24 horas están diseñados desde hace tiempo, esperando que alguien dé la orden.

El caso es que cuando el Senado autorice la aplicación del 155, las previsiones de este pueden haberse quedado cortas antes de nacer.

Pero entonces llegará un momento aún más incierto, porque será la hora de llevar el 155 de las páginas del BOE a la realidad, de hacerlo efectivo y operativo sobre el terreno. Espero que a estas alturas nadie siga creyendo que eso pueda suceder por el mero peso moral de la ley. La insumisión institucional está garantizada. Guste o no, restablecer materialmente el imperio de la ley en Cataluña nos remite sin remedio al uso de la capacidad coactiva del Estado. Y cada día que pasa se hace más difícil.

Guste o no, restablecer materialmente el imperio de la ley nos remite al uso de la capacidad coactiva del Estado. Y cada día que pasa se hace más difícil

Siguiendo con ejemplos hipotéticos, supongamos que se decide privar de ciertas competencias al Govern rebelde y sustituir a sus actuales responsables. ¿Alguien cree que abandonarán sumisamente el poder, o más bien que desafiarán la orden y se atrincherarán en sus despachos? Habrá que sacarlos físicamente de ahí, empezar a dar órdenes y asegurarse de que se cumplen. Lo que no es fácil con una maquinaria administrativa sometida durante años a una sistemática limpieza ideológica, adiestrada para obedecer únicamente a sus jefes políticos.

De momento, Puigdemont y Junqueras han quintuplicado sus escoltas y se han rodeado de GEI de los Mossos, de toda confianza de Trapero. Adivinen de quién esperan defenderse.

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Cuando llegue la hora de la verdad —ha llegado ya—, el Estado no puede permitirse enfrentarse a un Gobierno en rebeldía que dispone de un cuerpo armado de 17.000 individuos desplegados en todo el territorio catalán y dirigidos por quien, formando parte del estado mayor de la sublevación, ha demostrado sobradamente que su lealtad no está con la ley.

Observen esta contradicción: hay disturbios por la prisión preventiva de Cuixart y Sànchez. Pues bien, el máximo responsable de hacer frente a esos disturbios está imputado en esa misma causa; y, por tanto, objetivamente interesado en que la presión callejera funcione. Y así con todo.

Tomar cuanto antes el control operativo de los Mossos viene siendo una exigencia perentoria desde el 6 de septiembre, que es cuando realmente se declaró la independencia y cuando se debió recurrir al 155. Pero ahora es imprescindible para evitar males mayores. La alternativa sería ir a un choque entre policías, lo que podría resultar trágico, o asumir la impotencia del Estado, lo que sería el principio del fin. Ese es precisamente el escenario con el que sueña el comando secesionista.

La alternativa sería ir a un choque entre policías, lo que podría resultar trágico. Ese es el escenario con el que sueña el comando secesionista

Si se quiere imponer la legalidad preservando la paz, cualquier funcionario con uniforme en Cataluña (incluyo a las policías locales) tendrá que ponerse a las órdenes del poder constitucional. Permitir lo contrario es renunciar a una de las dos cosas, la legalidad o la paz. O, probablemente, a las dos.

Es lícito preguntarse si el Estado constitucional debe o no reaccionar ante una declaración unilateral de independencia. La respuesta no es tan obvia: Pablo Iglesias, por ejemplo, cree que no. Pero quien responda afirmativamente debe disponerse a asumir que esa reacción tiene que hacerse efectiva con todos los instrumentos que ofrece la ley. De lo contrario, habrá sido peor el remedio que la enfermedad.

El mayor riesgo de recurrir al artículo 155 es que su aplicación se convierta en una segunda edición del 1 de octubre. Si vamos a eso, francamente, mejor no hacer nada que hacer el ridículo por segunda y definitiva vez.