Una Cierta Mirada
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Polvo de encuestas: todo se juega en la participación
Desde hoy hasta el 21, los partidos y algunos medios dispondrán diariamente de datos que usarán para influir sobre los votantes, pero los ciudadanos no podrán conocer esos datos
No me cansaré de repetir que la prohibición de publicar encuestas en la segunda semana de la campaña es inicua, ventajista y paternalista, además de antediluviana. Desde hoy hasta el 21, los partidos y algunos medios dispondrán diariamente de datos que usarán para influir sobre los votantes, pero los ciudadanos no podrán conocer esos datos.
Ocho encuestas, ocho, he recolectado la mañana del viernes. Tras la borrachera de datos, algunas observaciones, a modo de pintura impresionista:
La participación es la clave. Los estimadores dan por hecha una participación del 80% o incluso mayor. Hablamos de cifras desconocidas en nuestra historia democrática.
Técnicamente, un 80% equivale a una participación prácticamente universal, del mismo modo que un 5% de desempleo se considera pleno empleo. En los países en que el voto es obligatorio, la participación real suele estar entre el 80% y el 85%. ¿Están las cosas en Cataluña para que se dé un fenómeno tan extremo? Es posible, hay síntomas de ello, pero me parece aventurado darlo por seguro.
El caso es que de esa variable penden todas las estimaciones demoscópicas y el resultado del 21-D. Para que se cumpla, tienen que acudir a votar al menos 300.000 personas más que hace dos años. Y verificarse el diagnóstico de que tres de cada cuatro de esos antiguos abstencionistas se movilizarían ahora para apoyar a los partidos que defienden la Constitución —sobre todo a Ciudadanos y, en medida menor pero no despreciable, al PSC—.
Así pues, los constitucionalistas esperan crecer no arrebatando votos a los independentistas, sino sacando de sus casas a los no nacionalistas o despolitizados. Y los nacionalistas rezan para que la participación sea más normalita y se aproxime a la de 2015: alta, pero no gigantesca.
El equilibrio de los dos bloques. Si pensamos en una votación dual (independentistas frente a constitucionalistas sin contar a los hermafroditas de Colau), las encuestas ofrecen un panorama bastante claro:
Dentro de ese estrecho intervalo, tres encuestas ('El País', 'ABC' y 'La Razón') contemplan una victoria constitucionalista por la mínima; 'El Mundo' y 'El Periódico' dan una ajustada ventaja a los independentistas; y la SER, 'El Nacional' y '20 Minutos' aproximan el porcentaje de secesionistas al de 2015, pero constatan también el progreso de los constitucionales.
Lo que entonces fue una ventaja de casi 9 puntos a favor del independentismo se reduce ahora a dos puntos en la media de las ocho encuestas. En todas salvo en una, el independentismo retrocede; y en todas sin excepción, el constitucionalismo avanza. Varios años de 'procés', trampas y lavado de cerebro para llegar a esto.
El voto fluctuante dentro del nacionalismo. Si lo que contemplamos es una elección entre siete candidaturas, todo se vuelve más complejo y las cifras bailan. La razón principal es que existe una masa de votos nacionalistas que fluctúan entre los antiguos componentes de Junts pel Sí: ERC y lo que Carlos Alsina llama, con expresión afortunada, el "Puigdecat".
Formaron un organismo político que funcionó como una unidad durante dos años de aventura insurreccional. Ahora se divorcian sin explicar muy bien por qué, y muchos de sus seguidores aún no saben si deben elegir a papá o a mamá. Se calcula que unas 200.000 personas podrían estar en esa duda; probablemente no se decidirán hasta el último momento y la mayoría lo hará por razones más sentimentales que políticas.
El maillot amarillo. Repentinamente, junto a la de la mayoría parlamentaria se ha abierto la batalla de quién cruzará la meta en primera posición. Hace dos semanas parecía resuelto, nadie discutía el favoritismo de ERC. Pero el voto independentista se fragmenta, el unionista se concentra en Ciudadanos y donde antes había un único candidato a la medalla de oro aparecen tres: Junqueras, Arrimadas y —más improbable, pero no imposible— Puigdemont. No es preciso insistir en el impacto que tendrá quien se suba al balcón esa noche a decir las palabras mágicas: "hemos ganado las elecciones". En este Tour, la cuestión del maillot amarillo empieza a ser casi tan importante como la victoria por equipos.
El voto útil. Hasta tal punto es clave lo anterior que toda la estrategia de los dos favoritos en la última semana de campaña gira sobre ello. ERC pide ya desesperadamente el voto útil de los separatistas para impedir que gane Ciudadanos; y Arrimadas se lo pide a los unionistas explicando que solo ella puede superar al enemigo común. Estas últimas encuestas ofrecen síntomas de que el viejo recurso podría estar resultando en ambos bandos.
Arrimadas funciona. No es que sea la versión catalana de Barack Obama —ni siquiera de Michelle—, pero el desempeño de la candidata de Ciudadanos está siendo mucho más eficiente que el de sus adversarios (lo que tampoco es heroico, dado el nivel existente). Es quien mejor ha entendido el tipo de discurso que su público potencial necesita escuchar, quien menos errores comete y, sobre todo, quien mejor aprovecha los de los rivales (léanse Rovira en el debate de La Sexta, los excesos de Albiol o la inefable ocurrencia de Iceta sobre los indultos). No sé si esto causará problemas dentro, pero para esta ocasión el protagonismo de Arrimadas y el relativo opacamiento de Rivera es un acierto.
El PP paga el pato. En algún momento escribí que, al poner a Albiol al frente del PP catalán, Rajoy renunciaba a Cataluña. Ahora se está comprobando. Pero no todo es culpa del candidato. Albiol es un personaje diseñado para el extremismo; y la posición institucional de su partido en este conflicto le obliga a la contención. El resultado es que no resulta creíble en ninguno de los dos papeles.
El PP tiene un problema histórico de marca en Cataluña que hasta ahora se le ha hecho insuperable, pero si a eso añadimos un error de 'casting' como este y la competencia de Arrimadas, se explica que casi la mitad de sus votantes se vayan tras la nueva estrella del españolismo.
El problema para el bloque constitucional es que si el PP continúa su declive, en las tres provincias pequeñas sus votos pueden devenir inútiles, porque podría quedarse fuera del reparto de escaños.
Una sobredosis de Icetina. En realidad, el PSC no tenía que hacer nada especial en esta campaña, salvo no meterse en jardines —en lo que es históricamente especialista— y recibir la cuota de votos y escaños adicionales que le vendrían por la crecida de la participación.
Pero se ve que no lo pueden resistir. La teoría del 'presidente Borgen' es peregrina como razón de voto; y lo de prometer indultos anticipados que no dependen de él es algo peor que un error táctico, es un disparate político. Me pregunto cómo habrían reaccionado los socialistas si semejante propuesta la hubiera hecho, por ejemplo, Pablo Iglesias. Pero lo más irritante de estos dirigentes del PSOE de Sánchez y del PSC de Iceta es verlos penando y dando explicaderas en lugar de estar orgullosos por haber hecho lo correcto. En cualquier caso, si viene la marea de la participación subirán por inercia y salvarán la cara.
Barcelona se mueve, pero las pequeñas deciden. Todos los movimientos de votos que hemos descrito se concentran en el distrito mayor: Barcelona, que tiene el 75% de la población pero solo elige al 63% de los escaños. Esta anomalía es la que salva al nacionalismo, que pierde de paliza en Barcelona pero conserva su hegemonía en las otras provincias —especialmente, Girona y Lleida—. Por ello podría ganar el constitucionalismo en votos pero perder claramente en escaños, o un empate en votos entre Ciudadanos y ERC daría a estos una ventaja de varios escaños.
Si les parece, de lo poselectoral ya hablamos el próximo día, que bastante complicado está lo electoral.
No me cansaré de repetir que la prohibición de publicar encuestas en la segunda semana de la campaña es inicua, ventajista y paternalista, además de antediluviana. Desde hoy hasta el 21, los partidos y algunos medios dispondrán diariamente de datos que usarán para influir sobre los votantes, pero los ciudadanos no podrán conocer esos datos.