Un espectáculo pornográfico y un daño inmenso al Estado

En los últimos años, la política española ha transitado del género erótico al pornográfico. El calamitoso desenlace de lo que se conocerá como caso Marchena no ha sido solo un espectáculo bochornoso. Además, y sobre todo, se ha provocado un destrozo institucional (uno más) que corrobora la impresión de que los actuales dirigentes políticos españoles carecen por completo de ese sentido del Estado que exigen a los demás sin mirarse en el espejo.

El Consejo General del Poder Judicial no es un tribunal de justicia, pero su presidente lo es también del Tribunal Supremo; y es el órgano que designa a todos los magistrados del alto tribunal y a dos miembros del Tribunal Constitucional. Es, pues, una pieza clave de nuestro entramado institucional y del equilibrio entre los poderes del Estado.

Puede defenderse que sus miembros deban ser designados por el parlamento, por los propios jueces o mediante algún sistema mixto. Hay argumentos válidos para todo, y ejemplos de democracias que aplican esas u otras fórmulas.

El problema no ha estado en el procedimiento, sino en los actores. En sus intenciones, en su descaro y en su incompetencia infinita

Cualquier método puede ser utilizado con responsabilidad y lealtad, o pervertirse al servicio de intereses espurios. Cualquiera de ellos puede manejarse de forma digna o indigna. El problema no ha estado en el procedimiento, sino en los actores. En sus intenciones, en su descaro y en su incompetencia infinita.

Una sentencia judicial sobre un caso de corrupción hizo caer al anterior Gobierno, y al partido afectado le esperan unas cuantas sentencias más. Su obsesión es la composición de los tribunales que han de dictarlas. Para el PP, la culpa de su expulsión del poder fue del juez que incluyó una frase en aquella sentencia. Así que el objetivo no es cercenar la corrupción, sino tutelar políticamente a los tribunales que la enjuician.

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Pedro Sánchez sabe que necesitará los votos de los independentistas para su eventual investidura después de las elecciones. Y sabe también que una sentencia condenatoria por rebelión puede provocar un movimiento rupturista en Cataluña que, quizás, abocaría incluso a un nuevo 155. Ello haría intransitable la vía Frankenstein para permanecer en el poder.

Por eso el Gobierno lleva meses interfiriendo descaradamente en ese juicio. Señalando al tribunal cómo debe administrar la prisión provisional, opinando públicamente sobre los tipos penales aplicables, ordenando a la Abogacía del Estado que descarte el delito de rebelión… y finalmente, desplazando al juez Marchena, encargado de presidir el juicio y redactar la sentencia. Marchena ha venido siendo uno de los más firmes soportes de las actuaciones de Llarena durante la instrucción, y es sospechoso de compartir la posición más dura.

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Este ha sido el trasfondo real de la negociación. Una doble patada hacia arriba: elevamos a los altares a Marchena para que tú te apuntes el tanto negociador y yo pueda 'suavizar' la composición del tribunal del 'procés'. A cambio, sacamos de la Audiencia Nacional al juez que os jodió en la sentencia de Gürtel. El resto del pastel, lo repartimos a pachas (con una ración a Iglesias para que participe del banquete). El Consejo General del Poder Judicial, degradado a la condición de depósito de jueces molestos en juicios políticamente peligrosos o de recompensa por servicios prestados a las causas respectivas. Les importa un comino la institución, lo que les preocupa es que la Justicia no los importune más de la cuenta en cuestiones clave como la corrupción y Cataluña.

Esa es la perversión de fondo. La parte pornográfica está en la escenificación del acuerdo, impúdica y chapucera.

Lo que les preocupa es que la Justicia no los importune más de la cuenta en cuestiones clave como la corrupción y Cataluña

Si es una elección del parlamento, lo normal es que negocien los grupos parlamentarios y que el Gobierno se mantenga higiénicamente al margen. Así ha sucedido en ocasiones anteriores. Que una nota oficial del Gobierno informe de quién será la máxima autoridad judicial del país —suplantando al órgano que ha de proponer al Rey su nombramiento— es ciscarse en la ley, usurpar competencias que no le corresponden, comprometer al futuro Consejo y al propio Rey y pintar públicamente a los consejeros como esbirros de los partidos políticos. Una exhibición de poder obscena e innecesaria y una agresión a la separación de poderes, perpetrada desde la presidencia del Gobierno.

Luego vino lo del inefable mensaje que el portavoz del PP en el Senado envió a los miembros de su grupo parlamentario, regodeándose en exhibir toda la casquería de la operación. No se sabe qué produce más rubor, si la impudicia de su contenido o la estúpida imprudencia de redactarlo y enviarlo. Uno lo lee y solo puede pensar que su autor es un saboteador o un necio integral; estremece pensar que este personaje ha sido durante años el responsable de la Policía.

“Imposible la habéis dejado para vos y para mí”. No solo han puesto a Marchena —y a todos los candidatos pactados— en un posición incompatible con su dignidad, sino que, tras este escándalo, cualquier Consejo elegido por el mismo procedimiento nacerá inevitablemente teñido por la sospecha. De momento, se ha evaporado cualquier probabilidad de que el Consejo se renueve, al menos en lo que le quede a esta legislatura.

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Un daño adicional: ahora Marchena volverá a encabezar el tribunal del juicio del 'procés'. Pero ya está contaminado. Porque hoy todos se hacen lenguas de su dignidad al renunciar, pero el hecho es que él aceptó el contubernio, como todos los demás. Han tenido que producirse la pifia del Gobierno anunciando su nombramiento a destiempo y la filtración del mensaje de Cosidó para que se sienta obligado a salvar su buen nombre. Por si ese juicio no viene suficientemente esquinado, ahora se añade esto: más alimento para los secesionistas.

El balance es desolador. Se ha deteriorado seriamente el prestigio de una institución esencial. Se ha bloqueado —me temo que para mucho tiempo— la renovación de un órgano constitucional; se infecta aún más el decisivo juicio sobre la insurrección en Cataluña, y se arrastra al poder judicial al mismo pantano de descrédito en el que ya están el ejecutivo y el legislativo después de tres años aciagos para la democracia española. Si esta operación la hubieran diseñado los enemigos del Estado, no lo habrían podido hacer mejor.

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Al césar lo que es del césar: en este asunto, el único que hoy puede levantar la cara y la voz es Ciudadanos, que acertó de lleno al apartarse de una operación fétida conducida por ineptos.

Sería bueno disponer de dirigentes políticos que se tomen en serio al Estado. Pero ya que hoy eso no parece posible en el Gobierno ni en el parlamento, exijamos que, al menos, excluyan de sus juegos a la Justicia.