La penúltima definición de España, según Sánchez

“Los cambios que necesita el Estado de las autonomías no pueden solventarse mediante simples modificaciones legales. Si queremos hacerlo de verdad, es obligatorio abrir el camino de la reforma constitucional. Y eso significa restablecer un nivel de consenso al menos tan amplio como el que hizo posible la Constitución de 1978”.

'Declaración de Granada', Consejo Territorial del PSOE, julio de 2013

Solo quien no ha leído la 'Declaración de Granada' o la ha olvidado a conciencia puede sostener, como hizo ayer Pedro Sánchez en su entrevista con Alsina (especialista en desnudar a embusteros), que no es preciso reformar la Constitución para llevarla a cabo. Basta releerla en diagonal para comprobar que toda ella descansa precisamente sobre la doble voluntad de emprender una reforma federal de la Constitución y restablecer el consenso territorial en España. Ello requería entonces, como paso preliminar, alcanzar el consenso territorial en el seno del Partido Socialista. Eso fue lo que consiguió aquel texto.

Hace mucho tiempo que los socialistas españoles no mantienen entre sí un debate ideológico de fondo, ni se recuerdan polémicas ardorosas con enfoques contradictorios sobre las principales políticas del país. Lo que siempre los ha dividido, además de la lucha por el poder, ha sido la cuestión territorial.

Antes de entregarse definitivamente al cesarismo populista, el PSOE funcionó como un contenedor político que respiraba a través de sus estructuras territoriales. Todas las tensiones brotaban de la interacción de esos poderes entre sí y de su relación con el poder central de Ferraz (o de Moncloa en periodos de gobierno).

Por eso costó tanto armar el consenso interno que condujo a la 'Declaración de Granada'. Fue una obra de orfebrería política, inspirada y gestionada por tres dirigentes de primera: Alfredo Pérez-Rubalcaba, Javier Fernández y Ramón Jáuregui. En ella se alcanzó un delicadísimo punto de encuentro entre los socialistas de toda España —desde los más jacobinos a los cuasi nacionalistas— que funcionaba como los palillos chinos: bastaba con tocar uno para que se derrumbara todo el montaje.

En Barcelona, el proceso fue inverso: Sánchez pactó bilateralmente con el PSC y comprometió al resto del PSOE sin consultarlo

La primera falacia de Sánchez ayer fue reivindicar Granada y, a la vez, desalmarla. La segunda fue asociarla a otra declaración célebre, la de Barcelona de julio de 2017, que él mismo pactó y firmó con el PSC. En Granada, se alcanzó un pacto entre todos los socialistas de España, al que se incorporó el PSC. En Barcelona, el proceso fue inverso: Sánchez pactó bilateralmente con el PSC y comprometió al resto del PSOE sin consultarlo.

En realidad, Sánchez e Iceta desmontaron por su base lo acordado cuatro años antes en Granada. Desplazaron el eje doctrinal del federalismo a la plurinacionalidad. Impusieron al menos cuatro cosas que jamás se habrían aceptado en Granada: a) la recuperación, vía leyes estatales, de las partes del Estatuto que el TC declaró anticonstitucionales; b) el propósito de crear en Cataluña un poder judicial escindido (“desconcentrado”, se dice en el texto) de la Justicia española; c) garantizar a Cataluña un gasto estatal en infraestructuras equivalente a su participación en el PIB, lo que rompe el principio de solidaridad y la soberanía del Parlamento español sobre los Presupuestos, y d) comprometer, para la futura reforma de la Constitución, “el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña”.

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El pacto de Barcelona abrió el periodo en que el PSC dicta y condiciona la política territorial del PSOE a cambio de su adhesión inquebrantable a Sánchez en todas las demás materias. Así siguen, y el episodio chusco de esta semana con el programa electoral del PSOE es el penúltimo botón de muestra.

Pasemos por alto el hecho —que hace tiempo dejó de ser noticia— de que Sánchez se permita hacer y deshacer programas políticos, alianzas de gobierno y todo lo que haga falta ignorando por completo a los cadavéricos órganos de su partido. Lo notable es que, en un momento como el actual, la definición constitucional de España se convierta en asunto de quita y pon, que puede ser enmendado en media hora mediante una llamada telefónica.

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Explica Sánchez que hubo un equívoco porque se filtró un documento al que le faltaban los últimos retoques. La explicación lo empeora todo. No pueden considerarse retoques de última hora decidir si España es plurinacional o no, si el Estado debe o no federalizarse y si todo ello pasa por una reforma de la Constitución o puede hacerse, como acostumbra este Gobierno, por decreto-ley.

La colección de versiones que Sánchez ha emitido sobre su concepción de España desde 2014 hasta hoy no cabría en el catálogo de Spotify. De la “nación de naciones” (con dos naciones y media, además de la española) a la plurinacionalidad retórica y vacua; de documentos en que se formulaban hasta 30 reformas de la Constitución hasta el tímido “perfeccionamiento autonómico” de antes de ayer (rectificado ayer tras el bocinazo del comisario Iceta); de la disponibilidad para entregar instrumentos básicos del Estado al secuestro preventivo de los fondos autonómicos como prenda por el voto de la investidura. No es que se interprete la canción con tonalidades distintas, es que se cambian las partituras con desenvoltura asombrosa.

Con Sánchez, lo trivial se hace majestuoso y lo sustancial deviene utilitario. En este caso, el trasfondo es la manipulación interesada de un doble debate. Por una parte, el que reflexiona sobre la complejidad del hecho nacional en España. Por otra, el que plantea las implicaciones concretas e inmediatas que acarrea el concepto de la plurinacionalidad en la coyuntura que vivimos.

Mezclar ambos planos, o saltar a conveniencia de uno a otro, es trampa saducea. Hablando de naciones, cuando se pasa de las cosas de sentir a las de comer y de ahí a las de mandar, hay que tener cuidado con los giros de volante, porque es fácil salirse en cualquier curva y provocar una desgracia.

Cualquiera que sea la reflexión que cada uno haga sobre el ser y el destino de España, debería ser posible abrir los ojos y reconocer que, en esta circunstancia concreta, el reconocimiento formal de algunos territorios como nación es inseparable en la práctica de la pulsión soberanista. Es evidente que los nacionalistas reclaman el estatus jurídico de nación como puerta de entrada hacia la secesión. Esto no es una especulación teórica, es un dato de la realidad.

También es sencillo colegir, visto lo visto, que Pedro Sánchez sigue sin tener un respuesta a la famosa pregunta que Patxi López le lanzó antes de firmar su propio contrato de vasallaje: “Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación?”. Pensándolo bien, maldito lo que le importa.