La soberbia del Gobierno y la razón de los alcaldes

Es imposible explicar desde el sentido común y la razón política que los ayuntamientos vean secuestrado el dinero que ahorraron durante años sin poder usarlo para hacer frente a esta crisis

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Federación de Municipios y Provincias, Abel Caballero. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Federación de Municipios y Provincias, Abel Caballero. (EFE)

El Gobierno se ha autoinfligido una derrota parlamentaria gravísima, llevado por su prepotencia y por una percepción muy errónea de la situación política. Sobrevaloró su capacidad de forzar el apoyo de sus presuntos aliados. Puso un trágala sobre la mesa, confiando en que los ayuntamientos, apremiados por la necesidad, terminarían sometiéndose a su designio. Ignoró el poder decisivo de los alcaldes en el interior de los partidos políticos. Y en las últimas horas solo se afanó en evitar que la derrota viniera acompañada de una fractura en la coalición, de ahí la negociación frenética con Colau —cuya permanencia junto a Iglesias pende de un hilo—.

El curso político más complicado —por no decir más trágico— de la democracia española comienza con la constatación de que el cacareado 'bloque de la investidura' es un tigre de papel que no garantiza nada; con un enfrentamiento insensato entre la Administración central y la local, y con una congelación de los recursos financieros municipales que atenta contra la necesidad objetiva del país y el interés de los ciudadanos. Todo por la malsana obsesión de demostrar quién manda aquí.

Más allá de los intrincados vericuetos técnicos del asunto, es imposible explicar desde el sentido común y la razón política que, precisamente ahora, los ayuntamientos vean secuestrado el dinero que ahorraron durante años sin poder usarlo para hacer frente a los costes enormes de la crisis. No se entiende que, mientras el Gobierno central y los autonómicos se dan a sí mismos barra libre para abrir a discreción el grifo de los gastos y se endeudan desaforadamente —pasarán varias generaciones hasta reconducir esa deuda a dimensiones razonables—, se ponga una camisa de fuerza a las corporaciones locales, que son las únicas que han mantenido cuentas saneadas. Licencia para las cigarras manirrotas, palo y tententieso para las hormigas ahorradoras.

Tienen razón los alcaldes, incluidos los del PSOE, cuando sienten que la fórmula que Hacienda pretendió imponerles es un abuso y un expolio

Tienen razón los alcaldes de todos los partidos, incluidos los del PSOE, cuando sienten que la fórmula que Hacienda pretendió imponerles es un abuso y un expolio. El Gobierno buscó financiarse a costa del superávit municipal, apuntarse después el tanto político de hacerles un regalo con su propio dinero, dictarles en qué pueden gastarse ese dinero y en qué no y, por el camino, dejar públicamente señalados a los incumplidores que no fueron capaces de generar superávit. Sánchez jamás se habría atrevido a hacer algo parecido a los Torra, Feijóo, García Page y compañía sin provocar una sublevación institucional.

La soberbia del Gobierno y la razón de los alcaldes

Hay que explicar políticamente por qué pueden entregarse miles de millones a fondo perdido a las comunidades autónomas y requisar el dinero sobrante de los ayuntamientos o condenarlos a la penuria.

Se ampara para ello en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y el artículo 135 de la Constitución. Ambas fueron dictadas en un contexto completamente diferente al actual, en una crisis en la que se exigía a España, por encima de todo, austeridad en el gasto y control estricto del déficit. Hoy, es la propia autoridad monetaria internacional la que recomienda políticas expansivas y más gasto público para contener el destrozo social de la pandemia. Se supone que eso es aplicable a todo el sector público, no solo al Gobierno de Sánchez e Iglesias.

Al hilo de esta contienda, es pertinente una reflexión sobre la imprudencia de aquella reforma constitucional, improvisada en unas horas para atender a la angustia perentoria de aquel momento y que pesa como una losa cuando la realidad exige lo contrario. No es aconsejable crear categorías constitucionales para salir de aprietos coyunturales.

No obstante, ni el 135 ni la llamada 'ley Montoro' serían un obstáculo insalvable para solucionar esta situación. El artículo 11.3 de esa ley establece lo siguiente: excepcionalmente, el Estado y las comunidades autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.

Una situación de emergencia extraordinaria es justamente lo que estamos pasando. Habría bastado pactar un proyecto de ley de un solo artículo, tramitado de urgencia, que habilitara a las corporaciones locales a acogerse a esa excepción (algo que debió hacerse de origen). Sin duda, esa simple reforma habría contado con la mayoría que no ha conseguido el leonino decreto del Gobierno, habría ahorrado todo el tiempo que se ha desperdiciado intentando hacer pasar por el aro a los alcaldes y habría evitado el choque institucional.

Sánchez ha logrado provocar un cisma en la única institución en la que siempre se preservó el consenso y la unidad, la Federación de Municipios

Es llamativo este ataque de rigidez legal en un Gobierno que, desde que empezó la pandemia, se ha hartado de dictar normas de todos los rangos que ignoran y violentan el orden jurídico. Sánchez se ha aficionado tanto a legislar por decreto-ley —es decir, a poner al Parlamento ante hechos consumados— que está pervirtiendo por completo el procedimiento legislativo ordinario de la Constitución. Con este presidente, el decreto-ley ha pasado a ser la norma y los proyectos de ley, la excepción. Espero que algún día el Tribunal Constitucional tenga algo que decir al respecto. De momento, el Congreso le ha recordado que no es omnipotente.

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero. (EFE)
El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero. (EFE)

Los alcaldes son los grandes postergados en la gestión de esta pandemia. Todo lo han mangoneado entre el Gobierno y las comunidades autónomas, a ratos conchabando para repartirse las medallas y a ratos arrojándose la patata caliente de los contagios, los infectados y las muertes. Casi siempre, con medidas y mensajes de brocha gorda. Pero son los alcaldes quienes tienen el pincel fino para saber qué se necesita hacer en su ciudad, barrio a barrio y calle a calle. Nadie contó con ellos y ahora se los ha querido someter a un desafuero.

Empieza a aprender este Gobierno que en la política española es sumamente peligroso enfrentarse a los alcaldes. Sobre todo, cuando tienen razón

Cuando un dirigente es divisivo, lo es para todo. Sánchez ha logrado provocar un cisma en la única institución en la que siempre se preservó el consenso y la unidad, la Federación de Municipios. Triste papel el de Abel Caballero, que prefirió servir al designio de su amo político que ejercer cabalmente como alcalde y líder de alcaldes. Su dimisión debería ser la primera consecuencia de este desastre.

Lo peor sería que, llevado por el despecho, el Gobierno cayera en la tentación punitiva de escarmentar a los alcaldes indómitos: no habéis querido las lentejas que os ofrecía, ahora os coméis los remanentes y no recibiréis ni un euro. Sánchez ya está tardando en ordenar que se haga lo que debió hacerse desde el principio: negociar una solución de consenso que pueda presentarse en el Congreso y ser votada por una gran mayoría.

Cada día se aprende una lección. La que hoy ha comenzado a aprender este Gobierno es que en la política española es sumamente peligroso enfrentarse a los alcaldes. Sobre todo, cuando ellos tienen la razón.

Una Cierta Mirada
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