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Debates adulterados en la España de Sánchez: por ejemplo, la vivienda
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Ignacio Varela

Una Cierta Mirada

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Debates adulterados en la España de Sánchez: por ejemplo, la vivienda

La política en la España de Sánchez es el reino de la arbitrariedad en las decisiones, el cesarismo en el ejercicio del poder, el sectarismo cerril, los contenidos volanderos

Foto: Pedro Sánchez, en el South Summit 2021. (EFE)
Pedro Sánchez, en el South Summit 2021. (EFE)
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En la España de Sánchez, el Gobierno aprueba primero las normas y las redacta después, y la oposición anuncia recursos de inconstitucionalidad contra leyes que desconoce. Se difunden públicamente las decisiones del Consejo de Ministros antes de que este se reúna. Se cierra un acuerdo sobre los presupuestos del Estado, incluidos la política de vivienda y el régimen fiscal de las empresas, en una reunión contrarreloj para la que la vicepresidenta económica del Gobierno recibió una no-invitación. El decreto-ley (método excepcional según la Constitución) ha suplantado al procedimiento legislativo ordinario. El Estado pide la detención y posterior extradición de un presunto delincuente en fuga y, a continuación, el Gobierno se pone a trabajar activamente para que no haya ni detención ni extradición. El partido de la extrema derecha se permite el lujo de derrotar sistemáticamente al Gobierno en el Tribunal Constitucional; y no precisamente porque el Tribunal sea de extrema derecha, sino porque los actos recurridos son jurídicamente chapuceros y constitucionalmente inadmisibles.

En el partido de Sánchez, su congreso nacional admite, como único punto de polémica real, la apasionante cuestión escolástica de si debe decirse 'sexo' o 'género'. Todo lo demás (es decir, todo lo importante para el país) viene trucado, omitido o dictado por la superioridad. Ese partido lleva cuatro años y medio sin un debate político digno de tal nombre, que nadie osa reclamar. Sus supuestos dirigentes se han acostumbrado a que se decidan programas electorales y de gobierno, gobiernos de coalición, alianzas parlamentarias, mociones de censura y estrategias políticas de alcance sin siquiera convocar a los órganos encargados de ello. Es un colectivo adiestrado para defender cada semana lo contrario que la semana anterior, siempre con igual entusiasmo sumiso. En esa organización sometida a taxidermia, prohombres y dirigentes actuales o pasados que se dejarían desollar vivos antes de practicar la política de Sánchez se disponen a mostrarle adhesión inquebrantable, en un sonrojante acto caudillista que sucederá la próxima semana.

La futura ley de vivienda enfrenta a Gobierno y oposición

La política en la España de Sánchez es el reino de la arbitrariedad en las decisiones, el cesarismo en el ejercicio del poder, el sectarismo cerril, los contenidos volanderos, la prevalencia de la política de partido sobre las políticas de país y la irregularidad sistemática en las formas y procedimientos que definen una democracia representativa.

Lo peor es que esa (in)cultura se ha esparcido como chapapote por el espacio político y ha impregnado el Parlamento, a todos los partidos sin excepción y a buena parte del entramado institucional, haciendo buena la frase de Borges: hay que elegir a los enemigos con cuidado, porque uno termina pareciéndose a ellos. Observando a los líderes de la oposición, frecuentemente pienso que cuanto más antisanchistas se hacen, más se parecen a él. Precisamente de eso murió Rivera.

Foto: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (EFE)

Si el periodo de Zapatero fue el de la banalidad frívola y el de Rajoy el de la apatía burocrática, el de Sánchez es el de la impostura como principio existencial. También el de los debates adulterados. Ojalá en España se discutiera seriamente sobre la mejor forma de renovar los órganos constitucionales, sobre la independencia del poder judicial, las disfunciones del mercado inmobiliario y el negro horizonte de una generación condenada a la precariedad vital, la construcción de un nuevo modelo de sistema energético, la financiación autonómica, la jubilación en la era tecnológica o la viabilidad del sistema de pensiones. Son cuestiones de altísimo interés y trascendental importancia… si se abordaran con madurez política y honestidad intelectual, que es justamente lo que no existe. Aquí todo es posicional y de cualquier cosa se hace una bandería, de tal forma que, mirando el color de la camiseta, se puede predecir al 95% lo que dirá un político y lo que responderá su enemigo antes de que abran la boca.

En una primera aproximación, cualquiera diría que Yolanda Díaz está ganando dentro del Gobierno de coalición todas las batallas que Pablo Iglesias perdió. Eso es cierto si se mira desde la óptica, por ejemplo, de Nadia Calviño, pero no desde la de Pedro Sánchez.

Su objetivo, con exclusión de cualquier otro, es garantizarse los dos próximos años de legislatura

A este le traen mayormente sin cuidado la regulación o no del mercado del alquiler, la cuantía del salario mínimo, los beneficios de las eléctricas, el impuesto de sociedades o el Estatuto de Cataluña. Su objetivo, con exclusión de cualquier otro, es garantizarse los dos próximos años de legislatura —para lo que necesita que no le tumben los presupuestos— y consolidar su actual mayoría para quedarse en la Moncloa hasta el final de la década. Esa es su Agenda 20/30.

Así pues, las concesiones que para un gobernante preocupado por las políticas resultarían más o menos dolorosas, para este son triunfos, porque refuerzan la primera pata de su proyecto de poder personal. La otra pata es la polarización.

La nueva ley de vivienda penaliza a los grandes tenedores

Por lo demás, siempre es sencillo vender en grande lo pequeño por la vía de jibarizar tus propios compromisos. Tomemos el caso del miniacuerdo con Podemos sobre la vivienda, presentado como una conquista histórica. La oposición puede, como ha hecho, mesarse los cabellos y escenificar entre grandes aspavientos un ataque colosal a la propiedad privada y a los fundamentos de la economía de mercado. O podría limitarse a señalar el trampantojo.

Primero, lo único que se hace es autorizar a los gobiernos autonómicos para que, si quieren y bajo su propio riesgo, regulen el precio de los alquileres en sus territorios. Segundo, los llamados 'fondos buitre', a quienes se pretende meter en cintura, poseen escasamente el 1% de las viviendas de uso residencial, que, en su inmensa mayoría, pertenecen a particulares a los que no afectará la norma. Tercero, las llamadas 'zonas tensionadas' (aquellas donde los precios del alquiler han escalado muy por encima de la renta media) están en los barrios centrales de las grandes concentraciones urbanas y, quizás, en algunas zonas turísticas.

Foto: EC.

En realidad, estamos hablando básicamente de Madrid y Barcelona. Como Madrid ya ha anunciado su voluntad de ignorar la sugerencia, la conclusión es obvia: lo único que ha hecho Sánchez es entregar una prenda a Colau para su odisea antiburguesa en la ciudad más burguesa de España, una cobertura formal para la ley de vivienda de Aragonès y un pretexto a Díaz para exhibir una victoria. En cuanto a los jóvenes en busca de vivienda asequible, nada cambiará en sus vidas.

Por lo demás, la práctica de abrir la caja y repartir a granel subsidios indiscriminados que no podrán sostenerse (ni siquiera tramitarse: recuerden la pifia del ingreso mínimo vital) es mucho más propia de populistas latinoamericanos que de socialdemócratas europeos. La sorpresa vendrá cuando el compañero Scholz anuncie que se acabó la fiesta.

En la España de Sánchez, el Gobierno aprueba primero las normas y las redacta después, y la oposición anuncia recursos de inconstitucionalidad contra leyes que desconoce. Se difunden públicamente las decisiones del Consejo de Ministros antes de que este se reúna. Se cierra un acuerdo sobre los presupuestos del Estado, incluidos la política de vivienda y el régimen fiscal de las empresas, en una reunión contrarreloj para la que la vicepresidenta económica del Gobierno recibió una no-invitación. El decreto-ley (método excepcional según la Constitución) ha suplantado al procedimiento legislativo ordinario. El Estado pide la detención y posterior extradición de un presunto delincuente en fuga y, a continuación, el Gobierno se pone a trabajar activamente para que no haya ni detención ni extradición. El partido de la extrema derecha se permite el lujo de derrotar sistemáticamente al Gobierno en el Tribunal Constitucional; y no precisamente porque el Tribunal sea de extrema derecha, sino porque los actos recurridos son jurídicamente chapuceros y constitucionalmente inadmisibles.

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