¿Cómo responder a la crisis de suministros?

Los datos apuntan a que la economía española cerrará 2021 con una notable recuperación económica debida, fundamentalmente, al rebote que cabía esperar tras el devastador impacto de la pandemia y los buenos resultados de la campaña de vacunación. Pero aún existen riesgos que amenazan con ralentizar este ritmo de crecimiento. Uno de ellos es la ya famosa crisis de suministros global propiciada por la escasez de determinados insumos para la producción, el encarecimiento de las materias primas y la energía y los cuellos de botella ocasionados por las dificultades logísticas y de transporte. Situaciones anómalas que están impactando negativamente en la cadena de suministros en forma de incrementos de costes, desabastecimientos o retrasos en las entregas.

Algunas de las compañías afectadas por esta situación se están viendo obligadas a reorganizar su actividad y/o soportar un aumento en sus costes, asumiendo una reducción de sus márgenes o aplicando aumentos en sus precios, contribuyendo así a la presión inflacionista.

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Desde el punto de vista logístico se ha demostrado la excesiva dependencia de productos provenientes de terceros países, a lo cual se ha añadido la escasez de materias primas junto al enorme incremento de los precios de los fletes. Todo ello pone de manifiesto la necesidad de mantener 'stocks' de seguridad para evitar roturas en las cadenas, además de buscar alternativas a los proveedores tradicionales en países más cercanos.

Respecto al aumento de la capacidad de almacenamiento, la normativa aduanera recoge varios regímenes y medidas para fomentar el comercio internacional evitando costes excesivos. Del mismo modo, a la hora de valorar los diferentes proveedores, es necesario analizar sus países de origen a los efectos de conseguir operaciones más rápidas ante las aduanas y menos costosas con el ahorro que eso supone en las cadenas logísticas y en el pago de aranceles.

Ante este escenario económico identificamos varias problemáticas que pueden derivarse a nivel legal. La primera de ellas estaría relacionada con las dificultades que el aumento extraordinario de costes de producción o las interrupciones relevantes en los suministros podrían generar a nivel contractual, provocando incumplimientos de compromisos asumidos con el destinatario inicial del producto. Al no ser este entregado en las condiciones pactadas, podría incluso afectar a los compromisos asumidos con terceros por el perjudicado inicialmente y así sucesivamente con distintos operadores de la cadena de valor, generando un efecto dominó.

Opinión

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Esto plantea distintos escenarios, desde el incumplimiento contractual inicial y el correspondiente derecho indemnizatorio del perjudicado, hasta otros escenarios de naturaleza mixta –jurídica y de negocio—, como serían las renegociaciones de precios y/o calidades, la pérdida de exclusividades, la búsqueda de soluciones de suministro alternativas o la incorporación de nuevas disposiciones contractuales para regular los efectos de futuras eventualidades.

Ante esta tesitura de excepcionalidad se aprecia cómo estas nuevas previsiones contractuales, tradicionalmente conocidas como cláusulas de fuerza mayor, han dejado de ser tratadas como meras cláusulas de estilo para convertirse en auténticos elementos de negociación para la atribución total o parcial de los riesgos que cada operación plantee y sus correlativos efectos. Entre las opciones para resolver eventuales conflictos, una alternativa sería acudir a un proceso de mediación, más rápido y con menor coste que la vía judicial, para intentar alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes que permita mantener la relación existente.

Para resolver conflictos, una alternativa sería la mediación, más rápida y económica que la vía judicial

La situación de escasez de materias primas y suministros expuesta, así como el aumento generalizado de costes, podría ser considerado una alteración imprevisible de las condiciones contractuales. Es por ello que podría plantearse el recurso a la cláusula 'rebus sic stantibus' para reequilibrar dichas condiciones, tal y como se ha aplicado durante la crisis sanitaria derivada de la Covid-19. Para su aplicación será imprescindible que haya habido una negociación previa entre las partes y que el perjudicado haya comunicado la situación de desequilibrio para intentar llegar a una solución. En este sentido, hay que tener en cuenta que la jurisprudencia ha establecido que en los contratos en los que se incluyen cláusulas de asignación del riesgo o reequilibrio de las condiciones no se podrá estimar la aplicación de la cláusula 'rebus'.

A su vez, entendemos que la situación de desabastecimiento actual no puede ser entendida como causa de fuerza mayor para resolver o extinguir las obligaciones contractuales, salvo que se pudiera acreditar que conlleva una imposibilidad absoluta de cumplir la prestación acordada.

Muchas empresas se están planteando aplicar o están aplicando ya distintos mecanismos de flexibilidad interna y externa. Así, ante la escasez de suministros y el consiguiente descenso de la actividad productiva, que no de la demanda de productos finales, estamos comprobando como, en la práctica, hay empresas que están adecuando las jornadas de trabajo a las horas en las que el precio de la energía es más económico, reorganizando los turnos de trabajo en función de los flujos de recepción de materias primas y productos intermedios. En cuanto a las medidas de flexibilidad externa, se están produciendo ERTES de suspensión o reducción de jornada o, muy excepcionalmente, despidos objetivos, al encontrarnos ante una situación aparentemente coyuntural.

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Por último, más allá de los eventuales conflictos que puedan surgir con proveedores y/o clientes en el actual contexto de la crisis de suministros, cabe preguntarse si, desde una perspectiva laboral, existen mecanismos legales que permitan amortiguar sus efectos. Y la respuesta es sí.

Cabe prever que esta crisis global de suministros afecte adversamente a la actividad de multitud de empresas y genere situaciones de tensión y conflicto entre ellas, obligando a la reorganización de determinadas actividades desde el punto de vista laboral y provocando incumplimientos contractuales y disputas entre proveedores y clientes.

A corto plazo resultará clave seguir de cerca el desarrollo de los acontecimientos económicos a nivel global y nacional, estar preparados para aplicar distintas alternativas de resolución de conflictos adaptadas al contexto, circunstancias y necesidades de las partes implicadas, además de mantenerse atentos a la evolución de los criterios jurisprudenciales que se desprendan de las resoluciones de los tribunales sobre estas disputas.

* Equipo de Forensic, Fiscal y Legal de Deloitte especializado en la crisis de suministros.