Sin especialización de los juzgados de infancia, damos la espalda a los más vulnerables

En la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía, los abogados y abogadas somos un sistema de alerta temprana: cuando hay carencias legislativas o una norma es ineficaz o la Administración de Justicia presenta disfunciones para una garantía plena y adecuada, somos los primeros que lo advertimos.

Esta máxima cobra aún más sentido en el Derecho de Infancia, Familia y Capacidad, el derecho que ampara a los sujetos más vulnerables de nuestra sociedad: los niños, niñas y adolescentes en situación de violencia o riesgo, de los matrimonios y parejas cuando entran en crisis, especialmente de las mujeres cuando no se tiene en cuenta una perspectiva de género, o las personas mayores o con discapacidad.

El Derecho de Infancia, Familia y Capacidad así concebido viene amparado en un amplio impulso supranacional (Convenios Internacionales, Reglamentos de la Unión Europea...) y arraiga constitucionalmente en los derechos fundamentales. Desde esta posición privilegiada, la abogacía viene tiempo reclamando lo que ya es un clamor urgente: la especialización de los juzgados.

La especialización es esencial porque garantiza la igualdad de acceso de todos los ciudadanos ante la justicia en un tema tan sensible como es el derecho de familia. No es admisible que, dependiendo del lugar de residencia, un procedimiento sea resuelto por operadores jurídicos y otros profesionales especializados, y en otros no. La especialización también repercute en los tempos de resolución de conflictos, que son menores. Sin la especialización de jueces, fiscales, abogados, psicólogos y demás profesionales que intervenimos en los procesos de familia, la sociedad no obtendrá una respuesta adecuada a los conflictos que cada día se generan.

Asimismo, es necesario combinar esta especialización con una justicia de proximidad, dos valores esenciales para la ciudadanía. Es por ello que tenemos que encontrar fórmulas que aúnen los dos principios, como pueden ser los juzgados especializados itinerantes. La necesidad de órganos judiciales y de juezas y jueces especializados en Infancia, Familia y Capacidad que atiendan a la compleja litigiosidad que se produce en el ámbito familiar no es nueva. Ya se recogía en el Libro Blanco de la Justicia de 1998 del Consejo General del Poder Judicial y en las propuestas para la Reforma de la Justicia del CGPJ de abril de 2000.

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Desde entonces, se han producido avances importantes. El más notable es la inclusión de este objetivo en la aplaudida Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia. Con esta norma, el legislador al fin había previsto la especialización en materia de infancia, familia y capacidad dentro del orden jurisdiccional civil, así como la imprescindible intervención de operadores especializados para atender a los niños, niñas y adolescentes, prestándoles la asistencia que precisen en todas aquellas situaciones y procesos en los que se vean inmersos.

Era un hito en el derecho de familia, tras años de reclamaciones reiteradas por parte de todas las asociaciones, foros y encuentros de los profesionales relacionados con este ámbito: abogados, psicólogos, trabajadores sociales, jueces y magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia, mediadores familiares, coordinadores parentales, profesionales de los puntos de encuentro familiar y centros de atención a las familias, profesores, catedráticos, notarios, periodistas y todas aquellas personas cuya labor está directamente relacionada con el entorno del derecho de familia.

Esta Ley Orgánica 8/2021 incluía en su Disposición Final Vigésima, como sabemos, un mandato al Gobierno para la elaboración de dos proyectos de ley con el fin de establecer la especialización de la jurisdicción penal y civil, así como del Ministerio Fiscal. También se establecía que las administraciones competentes regularán en idéntico plazo la composición y funcionamiento de los Equipos Técnicos que presten asistencia especializada a los órganos judiciales especializados en infancia y adolescencia para la consecución de la mejora en la respuesta judicial, desde un enfoque multidisciplinar, y la protección igualitaria, adecuada y uniforme de los derechos de la infancia y de las personas con discapacidad.

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La mencionada especialización de la jurisdicción de Familia, Infancia y Capacidad incluirá tanto a los juzgados de primera instancia como a las Audiencias Provinciales, según se prevé en esta Disposición Final Vigésima. Sin embargo, casi dos años después de su entrada en vigor de esta ley pionera, falta mucho camino para hacer efectiva la especialización en dichos juzgados.

Mientras esperamos el desarrollo de esta previsión de la ley de protección a la infancia y adolescencia, en el Congreso se tramita el Proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de justicia, que contempla secciones de lo mercantil con carácter general en los tribunales de instancia, mientras que las secciones de familia, solo se prevén cuando se estime conveniente, en función de la carga de trabajo. ¿Queremos una sociedad que proteja más a las empresas que a las niñas, niños y adolescentes, que a las familias y que a las personas con discapacidad?

Si los valores superiores del ordenamiento jurídico que defendemos son la igualdad y la justicia, no podemos tolerar por más tiempo este retraso.

* Xavier Abel Lluch, presidente de la Plataforma Familia y Derecho.

* Salvador González Martín, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.

* Luis Moreno, decano del Colegio de Abogados Antequera.

* Jesús M. Sánchez, decano del ICAB.

* Isabel Winkels, vicedecana del ICAM.